Londres invoca la crisis del euro para legitimar el ajuste

Walter Oppenheimer, Agencias
La coalición de conservadores y liberal-demócratas que gobierna el Reino Unido desde hace menos de dos semanas ha anunciado un recorte presupuestario de 6.250 millones de libras (cerca de 7.300 millones de euros) para el actual ejercicio fiscal 2010-11. Aunque el Gobierno que encabeza David Cameron no hace así más que cumplir el más debatido compromiso electoral de los conservadores en la reciente campaña electoral, la legitimidad del recorte ha acabado apoyándose en la crisis desatada en la zona euro por la deuda pública de los países de la UE, que ha llevado a países como España, Grecia y Portugal a aprobar drásticos recortes de gasto público.

Aunque Gran Bretaña no forma parte del euro, es el país con el déficit público más elevado de la UE y el ajuste presupuestario ha de servir para prevenir que los mercados acaben cebándose en su deuda como lo han hecho con la zona euro. "Los países se están despertando ante los peligros de una crisis de deuda soberana y tomando medidas para vivir con sus propios medios", ha subrayado el nuevo ministro del Tesoro, George Osborne, al presentar el recorte.

"Al sentarme en aquella mesa de 27 ministros de Finanzas no podía dejar de ser consciente de que representaba al país con el mayor déficit de todos", ha comentado al evocar sus dos primeras reuniones, la semana pasada, con sus colegas europeos. "Gran Bretaña es ahora una voz líder en Europa por la responsabilidad fiscal", ha añadido.

Al coincidir con la crisis de la deuda soberana, el recorte presupuestario liderado por los conservadores ha permitido eludir el que hace unas semanas era el eje del argumento de los laboristas: el peligro de que lleve al país de nuevo a la recesión. El temor a una crisis de la deuda soberana ha permitido a los liberal-demócratas defender ahora unas medidas a las que se oponían durante la campaña y lo ha hecho también más digerible para la opinión pública.

El problema es que, como subrayaron tanto Osborne como su número dos en el Tesoro, el liberal-demócrata David Laws, estos son sólo "los primeros pasos" de un ajuste mucho más duro que empezará a trazarse en otoño, cuando el nuevo Gobierno presente sus prioridades de gasto público a tres años con la vista puesta en reducir el déficit (actualmente del 13%) y empezar a dominar la deuda pública.

Osborne y Laws han explicado cuanto deberá recortar el gasto cada departamento ministerial este año y a qué áreas de gasto afectará, pero no se sabe aún qué programas concretos serán afeitados. Han anunciado la congelación de hecho de la contratación de nuevos funcionarios, pero no han explicado cuántos perderán su empleo. El Instituto para Personal y Desarrollo estimó que serán unos 50.000 en este ejercicio presupuestario. Del ahorro final, 580 millones de euros serán reinvertidos en gasto público productivo.

Los detalles más sabrosos desde el punto de vista mediático son más simbólicos que reales. Por ejemplo, el Estado ahorrará 5,8 millones de euros al suprimir los coches oficiales asignados personalmente a los miembros del Gobierno (incluyendo lo que en España se conoce como secretarios de Estado), que a partir de ahora deberán compartir coche o utilizar transporte público cuando sea posible. La orden de prohibir a todos los funcionarios públicos viajar en primera clase permitirá recortar gastos por 11,6 millones de euros.

Más enjundia tienen los 700 millones de euros en que se ha de reducir el gasto de los llamados quangos, una suerte de organismos casi autónomos creados por el Gobierno para las tareas más insospechadas, desde el medio ambiente al desarrollo regional, el deporte, las artes o el control del funcionamiento de las prisiones. Aunque desde hace decenios los quangos están en el ojo del huracán de todos los ajustes presupuestarios, oficialmente hay todavía cerca de 800 y oficiosamente casi 1.200.

El Gobierno espera ahorrar 2.000 millones de euros retrasando, suspendiendo o renegociando contratos y proyectos ya firmados y otros 1.350 millones en consultoría y gastos de viaje. Las distintas medidas propuestas significan que los Gobiernos locales deberán reducir el gasto en 1.350 millones de euros, pero tendrán libertad para decidir cómo gastan un total de casi 2.000 millones de euros cuyo destino estaba hasta ahora previamente decidido por el Gobierno central.

También los Ejecutivos autónomos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales se ven afectados por las reducciones (820 millones de euros) pero si lo desean podrán retrasar el ajuste al año que viene. Entre los recortes que pueden ser más polémicos están la supresión los llamados Child Trust Funds, unas cartillas de ahorro con dinero público para los recién nacidos (370 millones de euros).

Por departamentos ministeriales, los más afectados son los de Negocios (972 millones de euros), Comunidades y Gobierno Local (Empresas (1.126), Transporte (794), Educación (779) y Trabajo y Pensiones (772 millones).