Turbas sandinistas atacan el Parlamento
Carlos Salinas Maldonado, Managua
La tensión se agudiza en Nicaragua. Por tercer día consecutivo, simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asediaron ayer con piedras y bombas caseras la sede de la Asamblea Nacional, donde los diputados de la oposición lograron ingresar escoltados por la policía. Mientras el presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, justificó la violencia llamándola "la justa ira del pueblo". Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por lo que ocurre en Nicaragua.
La violencia ha paralizado varias zonas de Managua. Los grupos de choque del FSLN asediaron el miércoles durante siete horas la sede del Movimiento Vamos con Eduardo, la organización política del ex candidato presidencial y principal opositor de Ortega, Eduardo Montealegre. En el edificio, atacado con piedras y bombas caseras, se encontraban 50 personas, entre ellas 17 diputados nacionales y un diputado del Parlamento Centroamericano.
Los simpatizantes del oficialismo incendiaron el vehículo de un diputado opositor, mientras que en zonas cercanas desmantelaron una camioneta del canal 12 de la televisión local. Otros dos vehículos fueron quemados en otras zonas de la ciudad, incluyendo el de un concejal de la alcaldía capitalina.
Mientras tanto, el presidente del Supremo, Manuel Martínez, informó que había recibido amenazas de muerte a través de llamadas a su teléfono móvil. Montealegre criticó lo que llamó el papel sumiso de la Policía Nacional, a la que diputados opositores culpan de no controlar la violencia desatada desde el martes.
Montealegre denunció el asedio en un mensaje a la nación, en el que catalogó la situación de Nicaragua como "ruptura del orden constitucional" causada por el presidente Daniel Ortega. "Hacemos un llamado al Presidente de la República a que respete el Estado de Derecho, que gobierne democráticamente, que acepte las reglas de la democracia bajos las cuales fue electo y que se resigne a abandonar sus pretensiones reeleccionistas prohibidas por nuestra Constitución Política", dijo Montealegre.
El también diputado opositor, quien señaló al presidente Ortega de dirigir el vandalismo, hizo un llamado a la OEA para que se pronunciara sobre la crisis política. Montealegre exhortó al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza a "no voltear la cara, como lo hizo con el fraude electoral", en alusión a las denuncias de un supuesto fraude en los comicios municipales de 2008, sobre las que el organismo interamericano no se pronunció.
La noche del miércoles (hora de Nicaragua) la OEA emitió un comunicado en el que expresaba "su profunda preocupación" por la crisis, a la vez que hacía un llamado a preservar la institucionalidad y los derechos civiles. Según el comunicado, Insulza insta a "resolver las diferencias políticas, particularmente entre los poderes del Estado, por medio del diálogo y conforme a los procedimientos previstos en la legislación nacional, en especial, la necesidad de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, y como parte de éstos, la integridad física de todas las personas".
La violencia desatada en Managua es interpretada por algunos analistas como una forma de presión por parte del presidente Daniel Ortega para obligar a la oposición a negociar al borde del caos el nombramiento de los magistrados del Supremo y otros funcionarios del Estado. La crisis política inició en enero, cuando el presidente Ortega emitió un decreto en el que ordena a los magistrados a mantenerse en el cargo pese a que, según la ley, se les venció su periodo. Ese decreto ha sido rechazado por la oposición y criticado por juristas.
"El decreto es una estrategia a largo plazo para crear las condiciones para la continuidad de Ortega no sólo para los próximos cinco años, sino para los próximos 15 o 20. Esa desesperación por mantener el poder los ha llevado a cometer actos inverosímiles con las leyes y la Constitución", explicó a este diario el jurista Oscar Carrión.
Hasta ahora el presidente Ortega no ha dado declaraciones sobre la violencia registrada en Managua. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente había cancelado un viaje previsto a Bolivia, donde participaría a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que se realiza en la región de Cochabamba.
La tensión se agudiza en Nicaragua. Por tercer día consecutivo, simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asediaron ayer con piedras y bombas caseras la sede de la Asamblea Nacional, donde los diputados de la oposición lograron ingresar escoltados por la policía. Mientras el presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, justificó la violencia llamándola "la justa ira del pueblo". Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por lo que ocurre en Nicaragua.
La violencia ha paralizado varias zonas de Managua. Los grupos de choque del FSLN asediaron el miércoles durante siete horas la sede del Movimiento Vamos con Eduardo, la organización política del ex candidato presidencial y principal opositor de Ortega, Eduardo Montealegre. En el edificio, atacado con piedras y bombas caseras, se encontraban 50 personas, entre ellas 17 diputados nacionales y un diputado del Parlamento Centroamericano.
Los simpatizantes del oficialismo incendiaron el vehículo de un diputado opositor, mientras que en zonas cercanas desmantelaron una camioneta del canal 12 de la televisión local. Otros dos vehículos fueron quemados en otras zonas de la ciudad, incluyendo el de un concejal de la alcaldía capitalina.
Mientras tanto, el presidente del Supremo, Manuel Martínez, informó que había recibido amenazas de muerte a través de llamadas a su teléfono móvil. Montealegre criticó lo que llamó el papel sumiso de la Policía Nacional, a la que diputados opositores culpan de no controlar la violencia desatada desde el martes.
Montealegre denunció el asedio en un mensaje a la nación, en el que catalogó la situación de Nicaragua como "ruptura del orden constitucional" causada por el presidente Daniel Ortega. "Hacemos un llamado al Presidente de la República a que respete el Estado de Derecho, que gobierne democráticamente, que acepte las reglas de la democracia bajos las cuales fue electo y que se resigne a abandonar sus pretensiones reeleccionistas prohibidas por nuestra Constitución Política", dijo Montealegre.
El también diputado opositor, quien señaló al presidente Ortega de dirigir el vandalismo, hizo un llamado a la OEA para que se pronunciara sobre la crisis política. Montealegre exhortó al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza a "no voltear la cara, como lo hizo con el fraude electoral", en alusión a las denuncias de un supuesto fraude en los comicios municipales de 2008, sobre las que el organismo interamericano no se pronunció.
La noche del miércoles (hora de Nicaragua) la OEA emitió un comunicado en el que expresaba "su profunda preocupación" por la crisis, a la vez que hacía un llamado a preservar la institucionalidad y los derechos civiles. Según el comunicado, Insulza insta a "resolver las diferencias políticas, particularmente entre los poderes del Estado, por medio del diálogo y conforme a los procedimientos previstos en la legislación nacional, en especial, la necesidad de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, y como parte de éstos, la integridad física de todas las personas".
La violencia desatada en Managua es interpretada por algunos analistas como una forma de presión por parte del presidente Daniel Ortega para obligar a la oposición a negociar al borde del caos el nombramiento de los magistrados del Supremo y otros funcionarios del Estado. La crisis política inició en enero, cuando el presidente Ortega emitió un decreto en el que ordena a los magistrados a mantenerse en el cargo pese a que, según la ley, se les venció su periodo. Ese decreto ha sido rechazado por la oposición y criticado por juristas.
"El decreto es una estrategia a largo plazo para crear las condiciones para la continuidad de Ortega no sólo para los próximos cinco años, sino para los próximos 15 o 20. Esa desesperación por mantener el poder los ha llevado a cometer actos inverosímiles con las leyes y la Constitución", explicó a este diario el jurista Oscar Carrión.
Hasta ahora el presidente Ortega no ha dado declaraciones sobre la violencia registrada en Managua. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente había cancelado un viaje previsto a Bolivia, donde participaría a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que se realiza en la región de Cochabamba.