Tensión persiste en mina San Cristóbal y Gobierno pide serenidad y diálogo a comunarios inconformes
La Paz, ABI
Pobladores de la comarca Avaroa, en la frontera con Chile y en el departamento boliviano de Potosí, que se tomaron y quemaron las oficinas de la empresa minera San Cristóbal, gerenciada por la minera japonesa Sumimoto, una de las mayores productoras de plata del planeta, mantenían la noche del viernes al sábado control sobre las instalaciones en medio de los llamados a la serenidad del gobierno del presidente Evo Morales.
Los comunarios que, según despachos de radio, destrozaron un motor de energía eléctrica y la mayor parte de las vidrieras de una caseta de control ferroviario, donde ha sido instalada una oficina de la Sumimoto, cerca del yacimiento de San Cristóbal, controlan, además, desde el pasado lunes, los caminos de acceso a la zona y una crucial vía férrea.
Demandan a la Prefectura de Potosí la ejecución de proyecto para la electrificación en la provincia Nor Lípez, a cuya jurisdicción pertenece Avaroa, entre un petitorio de 12 puntos.
El líder la protesta, Mario Mamani, pidió compensaciones por el uso, hasta ahora gratuito, que la empresa hace de recursos hídricos para lixiviar la carga, y también por la contaminación de las reservas de agua de la región.
Entrevistado por una radioemisora local, un vocero de la empresa nipona denunció que los comunarios "han intervenido la oficina, han entrado, han roto los vidrios, sacado equipos y están quemando documentación de control de carga".
El vicepresidente Álvaro García Linera convocó a los inconformes a replegarse e iniciar el diálogo propuesto por la Prefectura de Potosí.
"Convocamos a los pobladores involucrados en estos actos a replegarse y rápidamente acercar la convocatoria al diálogo que ha extendido el Prefecto del departamento de Potosí (Mario Virreira), para resolver los temas" que estallaron la protesta, dijo en conferencia de prensa en La Paz.
García Linera aseguró que el Gobierno ha mostrado su voluntad para un acercamiento pero consideró que en ese problema "están en juego varios intereses locales y regionales".
Los líderes de la protesta exigieron la presencia, en San Cristóbal, de Virreira y hasta del presidente Morales.
Presidente del comité cívico de la región de Avaroa, Mamani insistió que el problema no será solucionado si autoridades, tanto del Gobierno, la Prefectura y representantes de la Sumimoto, no se materializan en la zona de conflicto para formalizar una negociación.
El dirigente dio un plazo de 48 horas para que se genere este escenario.
De lo contrario, advirtió, se tomarán otras medidas extremas, como destruir el mineral ya que se encuentra en 80 contenedores en trance de exportación.
Sumimoto despacha 1.600 toneladas diarias de concentrados de plata, zinc y plomo por puertos de Chile a mercados de ultramar.
De acuerdo con el ministro boliviano de Minería, José Pimentel, Sumimoto, que sucedió en noviembre de 2008 a la estadounidense Apex Silver Mines en la explotación de San Cristóbal desde 1997, cuando aterrizó en el país, remueve al día 48.000 toneladas de material para lograr concentrados de plata, plomo y zinc.
De acuerdo con cifras extraoficiales, Sumimoto ha obtenido ganancias por 1.000 millones de dólares año, 35 de los cuales percibió el erario público por concepto de impuestos.
"Todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante no será responsabilidad nuestra", advirtió Mamani luego de asegurar que su sector permanecerá en el punto de bloqueo "hasta las últimas consecuencias y si tenemos que morir lo vamos a hacer".
Los movilizados exigen, además de la ejecución de un proyecto de electrificación, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación y el pedido de la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande, entre otros.
Mina a cielo abierto de gran escala y uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del planeta, San Cristóbal se emplaza a unos 500 km al sur de la ciudad de La Paz y a 90 km al sudoeste de Uyuni.
Pobladores de la comarca Avaroa, en la frontera con Chile y en el departamento boliviano de Potosí, que se tomaron y quemaron las oficinas de la empresa minera San Cristóbal, gerenciada por la minera japonesa Sumimoto, una de las mayores productoras de plata del planeta, mantenían la noche del viernes al sábado control sobre las instalaciones en medio de los llamados a la serenidad del gobierno del presidente Evo Morales.
Los comunarios que, según despachos de radio, destrozaron un motor de energía eléctrica y la mayor parte de las vidrieras de una caseta de control ferroviario, donde ha sido instalada una oficina de la Sumimoto, cerca del yacimiento de San Cristóbal, controlan, además, desde el pasado lunes, los caminos de acceso a la zona y una crucial vía férrea.
Demandan a la Prefectura de Potosí la ejecución de proyecto para la electrificación en la provincia Nor Lípez, a cuya jurisdicción pertenece Avaroa, entre un petitorio de 12 puntos.
El líder la protesta, Mario Mamani, pidió compensaciones por el uso, hasta ahora gratuito, que la empresa hace de recursos hídricos para lixiviar la carga, y también por la contaminación de las reservas de agua de la región.
Entrevistado por una radioemisora local, un vocero de la empresa nipona denunció que los comunarios "han intervenido la oficina, han entrado, han roto los vidrios, sacado equipos y están quemando documentación de control de carga".
El vicepresidente Álvaro García Linera convocó a los inconformes a replegarse e iniciar el diálogo propuesto por la Prefectura de Potosí.
"Convocamos a los pobladores involucrados en estos actos a replegarse y rápidamente acercar la convocatoria al diálogo que ha extendido el Prefecto del departamento de Potosí (Mario Virreira), para resolver los temas" que estallaron la protesta, dijo en conferencia de prensa en La Paz.
García Linera aseguró que el Gobierno ha mostrado su voluntad para un acercamiento pero consideró que en ese problema "están en juego varios intereses locales y regionales".
Los líderes de la protesta exigieron la presencia, en San Cristóbal, de Virreira y hasta del presidente Morales.
Presidente del comité cívico de la región de Avaroa, Mamani insistió que el problema no será solucionado si autoridades, tanto del Gobierno, la Prefectura y representantes de la Sumimoto, no se materializan en la zona de conflicto para formalizar una negociación.
El dirigente dio un plazo de 48 horas para que se genere este escenario.
De lo contrario, advirtió, se tomarán otras medidas extremas, como destruir el mineral ya que se encuentra en 80 contenedores en trance de exportación.
Sumimoto despacha 1.600 toneladas diarias de concentrados de plata, zinc y plomo por puertos de Chile a mercados de ultramar.
De acuerdo con el ministro boliviano de Minería, José Pimentel, Sumimoto, que sucedió en noviembre de 2008 a la estadounidense Apex Silver Mines en la explotación de San Cristóbal desde 1997, cuando aterrizó en el país, remueve al día 48.000 toneladas de material para lograr concentrados de plata, plomo y zinc.
De acuerdo con cifras extraoficiales, Sumimoto ha obtenido ganancias por 1.000 millones de dólares año, 35 de los cuales percibió el erario público por concepto de impuestos.
"Todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante no será responsabilidad nuestra", advirtió Mamani luego de asegurar que su sector permanecerá en el punto de bloqueo "hasta las últimas consecuencias y si tenemos que morir lo vamos a hacer".
Los movilizados exigen, además de la ejecución de un proyecto de electrificación, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación y el pedido de la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande, entre otros.
Mina a cielo abierto de gran escala y uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del planeta, San Cristóbal se emplaza a unos 500 km al sur de la ciudad de La Paz y a 90 km al sudoeste de Uyuni.