Gobernadora de Arizona firma ley contra inmigrantes
Marcia Facundo, BBC Mundo, Arizona
La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó este viernes la polémica nueva ley que criminaliza la inmigración de indocumentados y obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.
Desde que la legislación fue aprobada en el Senado estatal el pasado lunes, Brewer estaba siendo intensamente presionada tanto por su propio Partido Republicano, para que firmase la medida, como por organizaciones de defensa de los inmigrantes para que la vetara.
"Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos", declaró la gobernadora antes de estampar su firma en la controversial legislación que entrará en efecto 90 días después de que termina la presente sesión legislativa del estado.
"Esta es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver, agregó.
Brewer, además, enfrenta una dura batalla electoral para su elección en el cargo que será renovado en las elecciones de noviembre.
La actual gobernadora republicana asumió el cargo cuando era secretaria del estado de Arizona para reemplazar a la antigua ocupante de la posición, Janet Napolitano, quien fue designada como secretaria de Seguridad Nacional por el presidente Barack Obama al inicio de su gobierno.
Sospecha razonable
La ley SB1070 de Arizona obligará a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados, sólo porque exista una "sospecha razonable".
De lo contrario, los agentes podrían ser demandados por residentes de sus respectivas comunidades.
Tras preguntársele a la gobernadora cómo luce un inmigrante indocumentado se limitó a decir: "Realmente no lo sé".
Tony Estrada, jefe de la policía del condado de Santa Cruz, en la frontera entre el estado de Arizona y Nogales en México se opuso a la medida.
"No creo que es una buena ley y no creo que sea buena para nadie", expresó a BBC Mundo.
El cruce de inmigrantes -indocumentados y con visas estadounidenses- es sumamente intenso en esta región, donde los mexicanos del otro lado de la frontera acuden para comprar una variedad de productos de EE.UU.
La ley "está basada en que todo el inmigrante que cruza esa frontera es un criminal, que nada más viene a hacer daño a la economía y no es así", agregó el alguacil Estrada, quien es estadounidense de origen mexicano.
Indicó que "hay mucha gente buena y muy trabajadora que tienen unos principios muy fuertes".
Crítica de Obama
En Washington, el presidente Obama fustigó la legislación. Decenas de personas protestaron frente a la gobernación en Phoenix.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca para el otorgamiento de la ciudadanía a nuevos estadounidenses, el mandatario dijo que pidió a sus funcionarios ver de cerca la situación y "examinar los derechos civiles y otras implicaciones de esa legislación".
Obama también dio a entender que el fracaso del Congreso para elaborar una nueva ley integral de inmigración ha abierto la puerta a iniciativas como la de Arizona.
"El gobierno federal ha estado ausente en el tratamiento de la inmigración y eso ha llevado a tomar iniciativas mal encaminadas que contradicen las nociones básicas de justicia y equidad de nuestra nación", aseguró.
Absolutamente invadidos
El tema de la inmigración y la aprobación de la nueva ley ha dividido profundamente a Arizona.
De un lado están los que protegen los derechos de los inmigrantes y aquellos que se sienten afectados por el influjo de latinoamericanos, principalmente mexicanos, a través de la frontera.
"La crisis de derechos civiles en nuestra Arizona va más allá del tema de migración", aseguró este viernes Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros Diarios (NDLON por sus siglas en inglés).
Pero la propietaria de una finca aledaña a la de un prominente hacendado de la localidad de Douglas que fue asesinado el mes pasado, favoreció la nueva legislación.
"Yo la apoyo simplemente porque hemos sido invadidos absolutamente" declaró Peggy Davis a BBC Mundo.
"Honestamente, creo que nuestro gobierno no ha hecho lo suficiente para mantener nuestra seguridad", agregó la ganadera.
Inmigrantes latinoamericanos
Se estima que más de 10 millones de personas viven y trabajan en el país sin la documentación adecuada. Y esta ley convertirá a Arizona en el primer estado de EE.UU. en criminalizar este tipo de inmigración.
La medida podría afectar principalmente a miles de inmigrantes latinoamericanos que cruzan la frontera desde México y que son contratados por día en la calle.
Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si éste es sospechoso de haber cometido algún crimen.
Pero los indocumentados no son los únicos que serían criminalizados en caso de que entre en vigencia la legislación conocida S.B. 1070. Todo aquel que transporte a una de estas personas estará cometiendo un crimen. Contratarlos también será ilegal.
"Particularmente, pienso que es muy mala esa ley porque es discriminación y la discriminación no es para seres humanos y todos somos seres humanos", le dijo a BBC Mundo Carlos, un mexicano indocumentado en Tucson.
"Me siento presionado. Esa ley afecta a todos los paisanos latinos. No tiene por qué ser así, porque todos somos hijos de Dios y estamos aquí para trabajar", añadió Carlos, jornalero que buscaba trabajo en una esquina de la ciudad.
En esa esquina está ubicada una iglesia presbiteriana que ayuda a los indocumentados, actividad que, bajo la nueva ley, será considerada criminal.
Pero Antonio Arma Rodríguez dijo no sentir miedo por la nueva ley.
"Yo tengo mis papeles y todo el tiempo vengo a ayudar a mi raza", le declaró Arma Rodríguez a BBC Mundo.
"Si ellos me consideran un criminal porque ayudo a mi agente no puedo hacer nada, porque la palabra la tienen ellos, pero es una mala palabra", agregó.
La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó este viernes la polémica nueva ley que criminaliza la inmigración de indocumentados y obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.
Desde que la legislación fue aprobada en el Senado estatal el pasado lunes, Brewer estaba siendo intensamente presionada tanto por su propio Partido Republicano, para que firmase la medida, como por organizaciones de defensa de los inmigrantes para que la vetara.
"Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos", declaró la gobernadora antes de estampar su firma en la controversial legislación que entrará en efecto 90 días después de que termina la presente sesión legislativa del estado.
"Esta es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver, agregó.
Brewer, además, enfrenta una dura batalla electoral para su elección en el cargo que será renovado en las elecciones de noviembre.
La actual gobernadora republicana asumió el cargo cuando era secretaria del estado de Arizona para reemplazar a la antigua ocupante de la posición, Janet Napolitano, quien fue designada como secretaria de Seguridad Nacional por el presidente Barack Obama al inicio de su gobierno.
Sospecha razonable
La ley SB1070 de Arizona obligará a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados, sólo porque exista una "sospecha razonable".
De lo contrario, los agentes podrían ser demandados por residentes de sus respectivas comunidades.
Tras preguntársele a la gobernadora cómo luce un inmigrante indocumentado se limitó a decir: "Realmente no lo sé".
Tony Estrada, jefe de la policía del condado de Santa Cruz, en la frontera entre el estado de Arizona y Nogales en México se opuso a la medida.
"No creo que es una buena ley y no creo que sea buena para nadie", expresó a BBC Mundo.
El cruce de inmigrantes -indocumentados y con visas estadounidenses- es sumamente intenso en esta región, donde los mexicanos del otro lado de la frontera acuden para comprar una variedad de productos de EE.UU.
La ley "está basada en que todo el inmigrante que cruza esa frontera es un criminal, que nada más viene a hacer daño a la economía y no es así", agregó el alguacil Estrada, quien es estadounidense de origen mexicano.
Indicó que "hay mucha gente buena y muy trabajadora que tienen unos principios muy fuertes".
Crítica de Obama
En Washington, el presidente Obama fustigó la legislación. Decenas de personas protestaron frente a la gobernación en Phoenix.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca para el otorgamiento de la ciudadanía a nuevos estadounidenses, el mandatario dijo que pidió a sus funcionarios ver de cerca la situación y "examinar los derechos civiles y otras implicaciones de esa legislación".
Obama también dio a entender que el fracaso del Congreso para elaborar una nueva ley integral de inmigración ha abierto la puerta a iniciativas como la de Arizona.
"El gobierno federal ha estado ausente en el tratamiento de la inmigración y eso ha llevado a tomar iniciativas mal encaminadas que contradicen las nociones básicas de justicia y equidad de nuestra nación", aseguró.
Absolutamente invadidos
El tema de la inmigración y la aprobación de la nueva ley ha dividido profundamente a Arizona.
De un lado están los que protegen los derechos de los inmigrantes y aquellos que se sienten afectados por el influjo de latinoamericanos, principalmente mexicanos, a través de la frontera.
"La crisis de derechos civiles en nuestra Arizona va más allá del tema de migración", aseguró este viernes Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros Diarios (NDLON por sus siglas en inglés).
Pero la propietaria de una finca aledaña a la de un prominente hacendado de la localidad de Douglas que fue asesinado el mes pasado, favoreció la nueva legislación.
"Yo la apoyo simplemente porque hemos sido invadidos absolutamente" declaró Peggy Davis a BBC Mundo.
"Honestamente, creo que nuestro gobierno no ha hecho lo suficiente para mantener nuestra seguridad", agregó la ganadera.
Inmigrantes latinoamericanos
Se estima que más de 10 millones de personas viven y trabajan en el país sin la documentación adecuada. Y esta ley convertirá a Arizona en el primer estado de EE.UU. en criminalizar este tipo de inmigración.
La medida podría afectar principalmente a miles de inmigrantes latinoamericanos que cruzan la frontera desde México y que son contratados por día en la calle.
Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si éste es sospechoso de haber cometido algún crimen.
Pero los indocumentados no son los únicos que serían criminalizados en caso de que entre en vigencia la legislación conocida S.B. 1070. Todo aquel que transporte a una de estas personas estará cometiendo un crimen. Contratarlos también será ilegal.
"Particularmente, pienso que es muy mala esa ley porque es discriminación y la discriminación no es para seres humanos y todos somos seres humanos", le dijo a BBC Mundo Carlos, un mexicano indocumentado en Tucson.
"Me siento presionado. Esa ley afecta a todos los paisanos latinos. No tiene por qué ser así, porque todos somos hijos de Dios y estamos aquí para trabajar", añadió Carlos, jornalero que buscaba trabajo en una esquina de la ciudad.
En esa esquina está ubicada una iglesia presbiteriana que ayuda a los indocumentados, actividad que, bajo la nueva ley, será considerada criminal.
Pero Antonio Arma Rodríguez dijo no sentir miedo por la nueva ley.
"Yo tengo mis papeles y todo el tiempo vengo a ayudar a mi raza", le declaró Arma Rodríguez a BBC Mundo.
"Si ellos me consideran un criminal porque ayudo a mi agente no puedo hacer nada, porque la palabra la tienen ellos, pero es una mala palabra", agregó.