Ley de Lucha anticorrupción establece imprescriptibilidad de delitos contra el Estado
Adalid Cabrera Lemuz, La Paz, AbiLa Ley de Lucha contra la Corrupción e investigación de fortunas de origen dudoso, que entra en vigencia el miércoles, será un instrumento que sancionará a todos aquellos ciudadanos que provocaron un grave daño a la economía nacional al hacer uso de recursos estatales en su propio beneficio.
La Ley será de aplicación retroactiva, es decir que todas aquellas ex autoridades que hayan cometido delitos contra el Estado deben someterse a la justicia para responder por los cargos que sean presentados.
Algunos ex presidentes, como Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), Carlos Mesa Gisbert (2003-2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) dijeron que esa Ley es draconiana y "tiene como objetivo acabar con todo vestigio de la oposición".
La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseveró que la Ley es necesaria para Bolivia con el fin de evitar "la sucesión de hechos que permanezcan impunes, pese a que sus responsables atentaron contra los intereses nacionales".
La Ley lleva el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el desaparecido líder del Partido Socialista Uno (PS-1), quien fue un paradigma en la lucha contra la corrupción en Bolivia al llevar adelante acciones que sancionen los delitos cometidos por las dictaduras militares, en especial durante el Gobierno de facto del general Hugo Banzer Suárez (1971-1978).
Quiroga Santa Cruz fue asesinado el pasado 17 de julio de 1980 por un grupo de paramilitares al mando del entonces jefe del departamento II de Inteligencia del Ejército, coronel Luis Arce Gómez, en el inicio de uno de los golpes de Estado más cruentos de toda la historia política de Bolivia.
El golpe que derrocó a la entonces presidenta Constitucional, Lydia Gueiler Tejada (1979-1980), estuvo encabezado por el general Luis García Meza (julio de 1980-agosto de 1981).
Tanto García Meza como Arce Gómez fueron procesados y condenados en un juicio de responsabilidades a 30 años de reclusión sin derecho indulto. Ambos cumplen su condena en celdas del penal de alta seguridad de Chonchocoro.
Los restos del líder socialista, quien fue muerto en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), donde se reunía con dirigentes políticos y laborales en defensa de la democracia, aún no aparecieron.
La Ley que lleva el nombre de Quiroga Santa Cruz fue aprobada el lunes por la Asamblea Legislativa. El proyecto de Ley había sido presentado el año 2006 y aprobado por la Cámara de Diputados, pero fue posteriormente archivado en el Senado que era controlado por la bancada parlamentaria de la oposición.
Tras la instalación de la Asamblea Legislativa conformada por dirigentes elegidos en los comicios de diciembre pasado, la Ley fue aprobada en apenas un mes y medio, pese los obstáculos colocados por una hoy minoritaria bancada opositora.
La Ministra Suxo, una de las mayores impulsoras de esta Ley, enfatizó que tras la promulgación de la Ley se dará curso a por lo menos el 95 por ciento de las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).
Suxo reiteró que con este instrumento legal se dará fin con la impunidad de ex autoridades que se dieron a la tarea de acumular millonarias fortunas a costa de la economía del pueblo.
Según los mandatos de esta Ley, todas aquellas autoridades y ex autoridades estatales sobre quienes pesen sospechas de haber incurrido en un uso ilegal de los recursos del Estado deberán ser procesadas sin que medien fueros ni privilegios.
El presidente interino del Senado, René Martínez, aseveró que la Ley también crea un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción que será el encargado de aprobar políticas en este ámbito.
Ese Consejo estará integrado por los Ministerios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Gobierno, el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones FInancieras (UIF), la Contraloría del Estado, la Procuraduría del Estado y representantes de la sociedad civbil organizada para ejercer un control social.
"El Órgano Judicial será el encargado de llevar adelante los procesos en tribunales en los que los acusados tengan plenas garantías de asumir su defensa", aclaró.
En cumplimiento a los mandatos de la nueva Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009, los delitos son ahora imprescriptibles, mucho más aquellos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico" y deben ser evacuados por la justicia en los términos establecidos por la norma.
Como complemento de la norma, la Asamblea Legislativa Plurinacional analiza la aprobación de una Ley de responsabilidades para los procesos contra ex presidentes sobre las que pesen sospechas de haber hecho uso de recursos estatales en su propio beneficio.
