El gobierno de Lula y los intelectuales

Paulo Passarinho
Los intelectuales que se sitúan a la izquierda – y que apoyan al PT y al gobierno de Lula – están haciendo un enorme esfuerzo para justificar, explicar y defender las decisiones adoptadas a partir de 2002 por los actuales mandatarios del gobierno federal.

Existen distintos tipos de argumentos. Ganar un gobierno no significa llegar al poder; no debe confundirse mayoría electoral con hegemonía política; existe una correlación de fuerzas que no favorece los cambios, porque la hegemonía es conservadora; cuando fue elegido Lula disponía de la mayoría en el Congreso; la mayor parte de los gobernadores electos en 2002 era de derecha, son algunas de las razones empleadas para dar respaldo y apoyo a las decisiones que vienen siendo tomadas por el gobierno del PT y sus aliados.

Cualquier proceso político que tenga por objeto la transformación de las estructuras económicas o sociales requiere base política, capacidad para formular diagnósticos y propuestas, cuadros dirigentes aptos, amén de firmeza política e ideológica para enfrentar las naturales resistencias y las dificultades, conflictos que inevitablemente han de surgir.

Las propuestas que fueron madurando en el Partido de los Trabajadores desde los años 80, aceptaba con claridad – de manera formal, por lo menos por parte de la mayoría – la necesidad de una estrategia democrática-popular cuyo mayor objetivo sería la concreción de reformas en la estructura del capitalismo brasileño. Esa estrategia no tenía por objetivo la ejecución de un programa de naturaleza socialista pero si la creación, dentro del sistema capitalista brasileño, un entramado jurídico institucional y un modelo económico orientados hacia el fortalecimiento del mundo del trabajo.

Esa propuesta ganó mayor prestigio y difusión cuanto el Gobierno de Collor de Melo inició importantes y dramáticas contrarreformas profundizadas y consolidadas luego durante el gobierno de FCH (1) Apertura financiera del país: privatización de las empresas estatales y de los servicios públicos esenciales, a través de importantes intervenciones en los aspectos legales y aportes financieros del propio estado y de los fondos de jubilaciones de las empresas controladas por la Unión; vaciamiento de las funciones de planeamiento del Estado y flexibilización de los mecanismos regulatorios de la actividad económica; debilitamiento de la dimensión universal delas políticas sociales – pese a las obligaciones constitucionales del Estado – y consagración de una estrategia de focalización de esas políticas son ejemplo de los cambios que pretendían sepultar algunas características de un modelo llamado de desarrollo y que había comenzado en el país a partir de los años 30.

Es importante destacar que ese modelo que nos sedujo hasta los años 80, contenía posiciones bastantes diferenciadas, de derecha a izquierda, y en el que el papel que se le confería al capital extranjero por ejemplo, se diferenciaba según la corriente política, tanto como con la visión del Estado que se debería construir.

El choque político que produjo el golpe cívico-militar de 1964 fue consecuencia directa de esas visiones diferentes, conflictivas y antagónicas que convivían y se disputaban la dirección del modelo desarrollista.
Cuando FHC durante uno de sus dos períodos de gobierno afirma que la “era Vargas está sepultada” lo que estaba indicando es que se había implantado un nuevo entramado jurídico-institucional y un nuevo modelo económico, aunque todavía algunos cambios necesitaban ser profundizados. Por ejemplo, la legislación laboral.

La posición del PT y de sus aliados en aquella coyuntura fue extremadamente importante, No como para impedir el furor reformista liberal sino para resistir, denunciar y señalar que la respuesta más adecuada para el país y sus trabajadores a la crisis del modelo desarrollista no era la alternativa neoliberal. La alternativa debía ser el modelo democrático-popular.

La imposibilidad de frenar los cambios durante el gobierno de FHC se relacionaba con algunas conquistas logradas, en el gobierno de Itamar. El lanzamiento del Plan Real, con una importante reducción del marco inflacionario que atenazaba a la economía en ese momento, posibilitó la elección de FHC , al mismo tiempo que se produjo una significativa alianza entre amplios sectores que propugnaban la aprobación de una agenda de reformas de carácter liberal.

Así y todo el modelo liberal-periférico que se consolidara en el primer gobierno de FHC entra ya a partir de 1998 en una profunda crisis en medio de un panorama de gran inestabilidad internacional, a partir especialmente de la crisis que afecta al conjunto de países de Asia y a Rusia.

El segundo gobierno de FHC se inicia ya bajo el signo de la inestabilidad y de las exigencias del FMI de ajuste fiscal y un mayor control del Banco Central sobre la gestión económico financiera del país. La consecuencia política de ese proceso fue el comienzo de un profundo desgaste del bloque de fuerzas que sustentaba al gobierno y que culminó con la derrota del candidato José Serra en 2002 y el triunfo del candidato, precisamente Lula, de las fuerzas de la oposición.

En ese momento los antiguos comandantes opuestos al neoliberalismo ya no se ubican como adversarios del modelo exigido por el FMI y adoptado por FHC.

En un marco de inestabilidad financiera, aguzada por una gestión extremadamente temeraria de la dirección del Banco Central en relación a la administración de la deuda pública y en nombre de una equivocada concepción del pragmatismo, Lula y sus aliados aceptan los nuevos términos de un acuerdo con el FMI y una vez en el gobierno se vuelven más realistas que el propio rey: aprueban un ajuste fiscal más duro que el acordado con el FMI y del que pusiera en práctica FHC., suben las tasas de interés: continúan los cambios constitucionales en los sectores previsionales; se profundiza la apertura financiera del país y se dinamiza la desnacionalización del parque productivo del país.

Ninguno de los cambios jurídico institucionales producidos por FHC, es al mismo tiempo cuestionado o alterado. El proceso de privatización de algunas empresas como en el caso de Vale do Rio Doce, plagado de irregularidades, siguió siendo defendido por el cuerpo de abogados del Estado, bajo la conducción de Lula y no de FHC. Ni siquiera fue cambiado el sospechado acuerdo de los accionistas que integran el grupo de control de la empresa, pese a que la mayor parte de las acciones que integran ese grupo son de carácter estatal o para estatal (BNDESPAR, fondos de pensión y subsidiarias del Banco do Brasil, la dirección de la empresa continúa bajo el comando de Bradesco).

En el sector eléctrico nada se hizo para alterar las condiciones en forma sustantiva y por lo tanto seguimos pagando la energía eléctrica con una de las tarifas más altas del mundo.

Los servicios públicos destinados a la población continúan en acelerado proceso de degradación consecuencia directa del hecho de que más del 30% del presupuesto público del país se está destinando al pago de gastos financieros fomentados por una política monetaria elogiada por todos los liberales y los banqueros y hasta por el propio Lula, ciertamente.
Mientras tanto se produjo, coyunturalmente, una mejora en las cuentas externas, debido a la explosión de la demanda china y asiática de productos agrícolas y minerales, rubros de cada vez mayor peso relativo en el sector exportador. Esta circunstancia generó mayores índices de crecimiento económico que los del gobierno anterior, además de que los programas de transferencia de recursos hacia los más pobres puedan contar con mayor respaldo financiero.

Podemos llegar de este modo a la conclusión de que el gobierno de Lula cumplió de algún modo lo que José Serra prometía en su campaña de 2002: “un gobierno de continuidad sin continuismo”

Existe un innegable apoyo popular al gobierno. Especialmente en los sectores mas pobres y miserables se produjo un cambio importante en relación a lo que sufrieron durante especialmente el segundo mandato de FHC.?

Pero vuelvo aquí al punto inicial de este artículo Y ¿el papel de los llamados intelectuales de izquierda que apoyaban a Lula y sus aliados? ¿Continuarán cumpliendo la función de apoyar a un gobierno y a corrientes políticas que ayudaron a la supervivencia de un modelo neoliberal-periférico, en el momento en que este agonizaba? ¿Continuarán creyendo que hubo un cambio en el modelo económico confundiendo sus efectos con la esencia de una política dictada por los bancos y las transnacionales?
O ¿preferirán el silencio que contrasta con la ebullición y los conflictos que viven nuestro vecinos de América del Sur?