Bolivia: ex presidentes acusan a Morales

La Paz, Agencias
Los cuatro ex dignatarios aparecieron ante cámaras leyendo, cada uno, una parte de la declaración.
Ex presidentes de Bolivia denunciaron que el gobierno de Evo Morales viola sus derechos humanos y garantías constitucionales al impulsar juicios en su contra, los que, según dijeron, serán tramitados por jueces nombrados por el propio Morales.

"Nos preocupa la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de someternos a procesos penales, violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales", dice la declaración firmada por los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, además del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.

Los cuatro ex dignatarios aparecieron ante cámaras leyendo, cada uno, una parte de la declaración, en momentos en que la Asamblea Legislativa de Bolivia debate una nueva ley de juicio de responsabilidades, que reactivará los procesos en contra de los ex mandatarios.
Mesa y Quiroga están acusados de firmar contratos petroleros sin autorización del Congreso, mientras que Rodríguez es acusado de traición a la patria por haber permitido que Estados Unidos desactivara unos misiles chinos que estaban en manos de las Fuerzas Armadas.

LA DECLARACIÓN

"Nos preocupa la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de someternos a procesos penales, violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales"
El presidente de la Cámara de Diputados y hombre de confianza del presidente Morales, Héctor Arce, respondió que en caso de que estos juicios sean autorizados por el Congreso, estarán en manos de un órgano independiente.

Es más, dijo que es probable que a esas alturas ya se hayan elegido a los magistrados por voto directo y que sean ellos quienes juzguen a los ex mandatarios.
"Este tipo de procesamientos serán llevados adelante por un órgano independiente, como es el órgano judicial, por la Corte Suprema de Justicia o eventualmente por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha de ser formado en base a la voluntad popular", dijo Arce.

En diciembre de este año, en Bolivia se elegirán magistrados por voto popular, los que reemplazarán a los jueces nombrados por Morales.
Ante instancias internacionales

Los ex presidentes dicen que no hay jueces imparciales, ni ley justa, ni debido proceso, ni derecho a ser oído.
"Anunciamos que acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales que sean pertinentes", leyó el ex presidente Mesa, quien además dijo que los mandatarios no tienen intenciones de abandonar el país.
"Hemos permanecido y permaneceremos en el país, porque nuestras acciones públicas y privadas estuvieron siempre sujetas a la legalidad y a la transparencia", dice el
documento.

Los ex presidentes hacen cuatro observaciones a los juicios: que no hay jueces imparciales, no hay una ley justa, no habrá debido proceso y que no hubo derecho a ser oído.
Cuando dicen que no hay jueces imparciales, apuntan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados por el presidente Morales gracias a los poderes que le concedió la Asamblea Legislativa.
Este tipo de procesamientos serán llevados adelante por un órgano independiente, como es el órgano judicial, por la Corte Suprema de Justicia o eventualmente por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha de ser formado en base a la voluntad popular
Héctor Arce, presidente de la Cámara de Diputados

Cuando aseguran que no hay una ley justa, se refieren a que la ley de juicio de responsabilidades que se trata en la Asamblea "permite la aplicación retroactiva de los delitos", es decir, juzga hechos pasados.
(Respecto a la ley, el presidente de Diputados dijo que esta aún no ha sido aprobada y que, en todo caso, no fue diseñada para atender algún juicio en particular, sino para futuros procesos).

Cuando señalan que "no habrá debido proceso", aseguran no se establece una instancia de apelación en caso de ser declarados culpables.
Y, finalmente, concluyen que "en ninguna de las fases del proceso que se nos sigue (…) fuimos convocados para ser oídos por autoridad legal y competente".