El Gobierno de Bolivia prevé activar el estado de sitio para contrarrestar los bloqueos de rutas
La medida, anunciada por el vocero presidencial José Luis Gálvez, está incluida en el decreto que amplió por 90 días el régimen vigente desde el 20 de junio y aún debe pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional
La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz podrá dictar un estado de sitio en todo el país, en regiones determinadas o en áreas específicas como medida adicional al estado de excepción que rige desde el 20 de junio, según explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Gálvez señaló que el estado de sitio representa una medida de mayor alcance ante circunstancias excepcionales, entre ellas eventuales bloqueos de carreteras. “Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, afirmó. El vocero indicó que la decisión podrá aplicarse en función de los hechos. “A nivel nacional, en determinadas regiones o en áreas específicas”, sostuvo al describir el alcance territorial que podría tener la disposición.
La ampliación del estado de excepción recibió antes el respaldo de la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. El proyecto de resolución buscó anticiparse a anuncios de movilizaciones de algunos sectores sociales y preservar la “reactivación” económica del país.
Morales afirmó el martes que la ampliación por 90 días del estado de excepción dispuesta por el Gobierno de Bolivia “solo servirá para reprimir al pueblo” y no solucionará la crisis económica del país. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuestionó la decisión del Ejecutivo a través de sus redes sociales. “Solo servirá para seguir reprimiendo al pueblo, mientras roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales”, escribió.
Morales sostuvo que la medida no tendrá efectos sobre los problemas económicos que señaló y afirmó que “de ninguna manera” permitirá resolver la crisis ni reducir “los precios de alimentos, combustibles”. En ese sentido, insistió en que el decreto no contribuirá a “frenar la corrupción”. Sus cuestionamientos se dirigieron contra el uso que, a su juicio, el Gobierno dio al estado de excepción: “El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles”.
En paralelo, cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción por 90 días que decretó la administración de Paz y contra el acuerdo de USD 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pendiente de tratamiento en el Parlamento.
Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de las “cacerolas vacías”. La movilización apuntó contra las reformas económicas oficiales y contra la pérdida de poder adquisitivo de la población.
En La Paz, los manifestantes se concentraron frente a la Casa Social del Maestro, situada a pocas cuadras de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y del Legislativo. La Policía custodió la zona, en el contexto del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.
La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, sostuvo que las políticas económicas de Paz “han afectado” a las familias. Entre las medidas que mencionó figuran el tipo de cambio flexible y el anuncio de un retiro progresivo de la subvención a los combustibles.
La dirigente también cuestionó el entendimiento con el FMI, que, según afirmó, incluye “imposiciones” orientadas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.
Bozo rechazó, además, la prórroga del estado de excepción que el Gobierno decretó el lunes y que el Parlamento analizará el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.
