Ecuador y Chile desarticularon una banda criminal que extorsionaba, traficaba armas y buscaba establecerse fuera de Guayaquil
Uno de los cabecillas de la organización viajó a Chile para concretar alianzas con bandas locales y fue expulsado tras un trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países
La Policía de Ecuador y Chile desarticularon una banda criminal transnacional dedicada al tráfico de armas y la extorsión tras una operación que concluyó con la detención de 13 personas en Guayaquil y la expulsión de un integrante en Chile, que ya quedó bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.
El operativo comenzó en la madrugada del jueves, con el despliegue de 150 agentes y 16 fiscales, que ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad costera, considerada uno de los principales focos de violencia del país.
Varios de los detenidos contaban con antecedentes por delitos como extorsión, robo, tráfico ilícito de sustancias y tenencia ilegal de armas.
La investigación determinó que la banda extendió sus delitos hasta Chile y estableció vínculos con grupos criminales locales. La coordinación entre las policías de ambos países y la justicia chilena permitió localizar y expulsar a dos miembros de la organización, uno de ellos buscado internacionalmente, quienes quedaron a disposición de las autoridades ecuatorianas.
“Los pondremos donde se lo merecen: tras las rejas para que paguen por todos sus crímenes. Seguimos trabajando”, mencionó en su cuenta personal de X, en relación con las bandas delictivas.
La investigación relacionó a la banda con un caso de secuestro y desaparición, el robo de un taxi y una serie de extorsiones a comerciantes, a quienes exigían sumas de entre 300 y 1.000 dólares bajo amenazas de violencia y ataques armados.
El Gobierno de Ecuador, mediante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, reiteró su decisión de enfrentar las organizaciones criminales y avanzar con operativos para recuperar la seguridad en el país.
Además, el año pasado, Ecuador superó las 9.000 muertes violentas, una cifra récord que evidenció el deterioro de la seguridad y la capacidad de infiltración de las mafias en el tejido social y económico local.
El gobierno fortaleció la colaboración internacional para combatir organizaciones criminales, con un enfoque especial en el trabajo conjunto con Estados Unidos, pese a las críticas de organismos de derechos humanos sobre ese tipo de alianzas.
En el caso de Chile, también experimentó un aumento en los delitos violentos vinculados a organizaciones extranjeras.
Las autoridades de ambos países reiteraron su compromiso con la colaboración policial y judicial y destacaron la integración en la iniciativa Escudo de las Américas, un programa lanzado en años anteriores para enfrentar el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.
