Informe internacional le puso el ojo al recorte que quiere hacer Abelardo de la Espriella al Estado y estima dificultades para gobernar
Tensiones institucionales, protestas y efectos en el entorno operativo son algunas de las consecuencias señaladas para empresas, inversionistas y la vida nacional, alertó S&P Global Market Intelligence
S&P Global Market Intelligence anticipó un giro profundo en la política económica y energética de Colombia si se confirma luego del escrutinio de votos la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República junto a José Manuel Restrepo, y advirtió que ese eventual cambio vendría acompañado de tensiones de gobernabilidad y riesgos de seguridad.
La firma evaluó el posible impacto del nuevo Gobierno después del resultado preliminar de las elecciones y alertó sobre un escenario con recorte del Estado, impulso a los hidrocarburos, mayor uso de decretos, protestas y riesgos operativos. También señaló que ese panorama tendría efectos para empresas, inversionistas y ciudadanía.
Se trata del primer pronunciamiento de la firma ante el triunfo preliminar de la fórmula del movimiento Defensores de la Patria, que puso el foco en el impacto económico, político, social y operativo del eventual nuevo Gobierno. La advertencia central apunta a la fragilidad política con la que arrancaría la nueva administración. “La falta de mayorías en el Congreso incrementará la dependencia de decretos ejecutivos y el riesgo de alta conflictividad social y operativa para las empresas en el país”, señaló.
Giro económico y energético
El informe prevé un viraje apoyado en menor tamaño del Estado, recortes tributarios y desregulación. Según la firma, el plan contempla una reducción de hasta el 40% del aparato estatal para atraer inversión.
La calificadora también proyecta un impulso marcado a la exploración de hidrocarburos. “Se propone una reducción de hasta el 40% del aparato estatal, recortes de impuestos y desregulación para atraer inversión. Destaca el fuerte impulso a la exploración de petróleo y gas, incluyendo la fracturación hidráulica (fracking), con la meta de aumentar la producción de los 700.000 barriles diarios actuales a 1,3 millones”.
Las dudas sobre gobernabilidad y mayorías en el Congreso
La firma advirtió que la agenda del nuevo Gobierno enfrentaría límites en los espacios donde se aprueban las leyes. El análisis remarca que la debilidad en el Congreso obligaría a depender en gran medida de herramientas ejecutivas.
“Al contar con solo un escaño en la Cámara y cuatro en el Senado, el gobierno dependerá fuertemente de poderes ejecutivos. De la Espriella planea emitir 90 decretos en su primer día y evalúa declarar estados de excepción para avanzar su agenda”, indicó S&P.
El reporte también aludió a la división que dejaron los resultados electorales preliminares. Ante esto, la capacidad de negociación política quedaría condicionada desde el arranque del mandato.
Protestas en las principales ciudades
S&P prevé un aumento de la conflictividad social en los principales centros urbanos del país. En su análisis menciona de forma expresa a Bogotá, Cali y Medellín como focos de posibles movilizaciones.
“Se anticipa un incremento significativo de movilizaciones sociales en Bogotá, Cali y Medellín, impulsadas por los despidos en el sector público, la eliminación de entidades y la reanudación de la erradicación de coca”. El informe además alerta sobre riesgos de vandalismo y bloqueos.
Relacionó el escenario con efectos operativos para el país. Sugiere que las protestas no solo tendrían alcance político y social, sino también consecuencias para la actividad empresarial.
Seguridad y grado de inversión
El informe también planteó riesgos en materia de orden público si el nuevo gobierno pone fin a las negociaciones con grupos armados. Según S&P, una estrategia de confrontación militar elevaría la posibilidad de represalias violentas. “La estrategia de confrontación militar aumenta la probabilidad de ataques por parte de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría afectar infraestructuras clave como oleoductos, red eléctrica y carreteras”, sostuvo la calificadora.
El peso del informe también se explica por el papel que S&P ha tenido en la evaluación del país. En 2021, la firma le quitó a Colombia el grado de inversión, una referencia para los prestamistas soberanos sobre la capacidad de una nación para cumplir sus obligaciones financieras. Como se recordará, Colombia perdió ese grado de inversión luego de la pandemia, un deterioro fiscal y el fracaso de la reforma tributaria. También explica que ese estatus permite acceder a deuda más barata.
Para la firma, empresas, inversionistas y ciudadanía necesitan medir con atención el alcance de esta transición. De esa lectura dependerá cómo se configure el marco económico, operativo y de seguridad que enfrentará el país en los próximos años.
