La justicia de Estados Unidos condenó a cuatro implicados en el asesinato de Jovenel Moïse
El reciente fallo de un tribunal en Miami concluye el proceso judicial contra los acusados de orquestar el ataque que resultó en la muerte del jefe de Estado haitiano, consolidando la trama internacional del magnicidio
La condena en Estados Unidos de cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, marca un nuevo capítulo en el caso que sacudió a la nación caribeña en 2021. El fallo judicial, emitido en Miami tras un extenso juicio federal, se suma a una serie de sentencias previas que ya han alcanzado a otros implicados en el atentado.
Cada uno de los condenados desempeñó un rol central en la conspiración. Intriago y Pretel Ortiz dirigían una empresa de seguridad privada con sede en Florida, desde donde se coordinó la logística del operativo. Veintemilla ofreció financiamiento a través de su compañía de inversiones, mientras que Solages actuó como enlace en Haití, facilitando la comunicación entre los participantes y el entorno local.
Según la fiscalía federal de Estados Unidos y los documentos judiciales, el objetivo del plan era derrocar a Moïse para colocar en el poder a Christian Sanon, un médico haitiano-estadounidense cuyo juicio fue separado por razones de salud. Los conspiradores aspiraban a instaurar un gobierno favorable a sus intereses, asegurándose contratos y beneficios económicos tras el cambio.
El testimonio de Martine Moïse, esposa del presidente, resultó determinante para el jurado. La primera dama relató cómo fue sorprendida junto a su esposo por los disparos dentro de su casa. “Cariño, estamos muertos”, recordó que le dijo su marido en los instantes previos al asesinato.
En Haití, el caso ha llevado a la acusación de más de cincuenta personas, incluida la viuda del mandatario. No obstante, el avance del proceso permanece estancado debido a la inseguridad y al colapso institucional. Entre los detenidos figuran 17 exmilitares colombianos y otros ciudadanos extranjeros.
Antes de este fallo, cinco personas habían sido condenadas a cadena perpetua y otra recibió una pena de nueve años al demostrarse que desconocía el destino del material enviado. Algunos acusados pactaron con la fiscalía federal de Estados Unidos y otros siguen a la espera de juicio.
El magnicidio desencadenó una crisis política y de seguridad, circunstancia que facilitó el avance de las bandas armadas. La escalada de violencia y el deterioro de las condiciones de vida impulsaron una ola migratoria, sobre todo hacia Estados Unidos, donde cerca de 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación.
