La Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente la ley que permitía reducir la condena de Jair Bolsonaro por golpismo
Alexandre de Moraes dispuso que las reducciones de pena queden en pausa hasta que el Supremo decida sobre la ley
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, suspendió temporalmente este sábado la ley aprobada por el Congreso que permitiría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros acusados por los hechos del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Esta decisión detuvo la aplicación inmediata de la nueva legislación, lo que generó incertidumbre entre quienes esperaban beneficiarse de la norma.
Jair Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses de prisión, que lo ubica entre los principales responsables de los hechos que pusieron en riesgo el orden democrático en Brasil.
El proyecto de Dosimetría establecía que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no debían sumarse cuando se cometieran en el mismo contexto.
También preveía la posibilidad de reducir entre un tercio y dos tercios la pena en casos de tentativa de golpe, siempre que el condenado no hubiera financiado ni dirigido el acto. Este punto provocó críticas porque, según sectores políticos y sociales, beneficiaría a exautoridades y militares de alto rango implicados en la intentona golpista.
Entre quienes buscaban acogerse a la nueva legislación estaban Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno. Todos ellos enfrentan condenas graves por los hechos que sacudieron la democracia brasileña.
La reacción política fue inmediata. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, consideró la ley un retroceso para la democracia y recordó que, según las investigaciones, existieron planes para atentar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio Alexandre de Moraes.
Además, el magistrado dispuso que el Congreso tiene cinco días hábiles para presentar una respuesta formal sobre la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la federación PSOL-Rede.
Los partidos alegaron que la forma en que se derribó el veto presidencial fue irregular, ya que implicó el fraccionamiento de un veto integral, lo que podría contradecir normas constitucionales y jurisprudencia previa del Supremo Tribunal Federal.
La defensa de algunos condenados difundió un comunicado en el que sostiene que la decisión del Supremo contradice la voluntad del Congreso, que ya había aprobado y promulgado la ley.
