El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave
El martes, Karman se comprometió a recuperar la previsibilidad política, empañada por años de cambios improvisados, y a establecer un plan de cuatro años para la reducción del déficit y la deuda, que permita a Hungría cumplir con los criterios para la adopción del euro en 2030.
Magyar, quien ha afirmado que el déficit presupuestario de Hungría podría ampliarse hasta el 6,8% del PIB este año, mucho más de lo previsto inicialmente, anunció que también se otorgarían poderes de veto a los ministros de Sanidad, Justicia y Educación durante el proceso de toma de decisiones del gobierno.
Cambio de política
El gobierno de Magyar se ha comprometido a orientar a Hungría hacia una postura proeuropea para asegurar la liberación de miles de millones de fondos de la Unión Europea suspendidos debido a las reformas de Orbán, consideradas perjudiciales para la democracia.
Magyar afirmó que su gobierno impulsaría un cambio radical en la política económica, alejándose de un modelo basado en mano de obra barata, manufactura de bajo valor añadido y corrupción, y dirigiéndose en cambio hacia uno orientado a la productividad, la innovación y la inversión en tecnología
“La política económica húngara no necesita un simple ajuste, sino una dirección completamente nueva”, declaró su ministro de Finanzas en una audiencia de confirmación parlamentaria.
Karman indicó que el nuevo gobierno necesitará un mes y medio para tener plena claridad sobre el presupuesto de 2026, que originalmente preveía un déficit del 5% del PIB, del cual se acumuló aproximadamente el 70% en abril debido al elevado gasto preelectoral de Orbán.
Añadió que un presupuesto revisado para 2026 servirá de base para el presupuesto del próximo año y para un plan cuatrienal destinado a reducir el déficit de Hungría hasta alcanzar el límite del 3% establecido por la UE.
Karman indicó que el gabinete buscará legitimar el entorno empresarial, eliminar la legislación retroactiva, restablecer la competencia leal y suprimir las prácticas de contratación pública abusivas, que, según él, incrementan el déficit y distorsionan la economía.


