El Congreso brasileño promulgó la ley que permite reducir la condena de Jair Bolsonaro y de los sentenciados por el intento de golpe de estado
El cambio legal se produce a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales
El presidente del Congreso de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó una ley que permitirá la reducción de las penas para los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, incluyendo la del ex presidente Jair Bolsonaro.
La aprobación de esta legislación se produce después de que el Congreso Nacional dejara sin efecto el veto presidencial impuesto por Luiz Inácio Lula da Silva. La revocación obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra en la Cámara de Diputados y 49 a 24 en el Senado.
La promulgación marca el inicio de la validez de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que ahora integra el ordenamiento jurídico nacional. Esta ley impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y agiliza el paso de los condenados al régimen de prisión semiabierto.
La promulgación de la ley ocurre a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva buscará un nuevo mandato y el principal adversario será Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente. Encuestas muestran que ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico en el posible balotaje, aunque Lula sería el más votado en la primera vuelta.
Durante el trámite parlamentario, la ley también fue objeto de debate en torno a su impacto sobre la pacificación social. Portavoces del Legislativo consideraron que la dosimetría representa una oportunidad para avanzar en el clima político de reconciliación.
Por su parte, el gobierno federal optó por no asociar su imagen a una normativa que rebaja las penas para los responsables de los hechos del 8 de enero, marcando así una distancia con el texto impulsado por el Congreso.
La reacción de las fuerzas de seguridad y la posterior respuesta judicial derivaron en la apertura de cientos de causas penales por delitos de tentativa de golpe de Estado, daños al patrimonio público y asociación para delinquir.
La decisión del Congreso de promulgar la ley pese al veto presidencial constituye un revés político para el Ejecutivo. El hecho de que el Legislativo haya asumido la promulgación refuerza la autonomía institucional del Congreso frente al presidente de la República, una facultad prevista expresamente por la Constitución brasileña.
