Un informe reveló que Corea del Norte triplicó sus ejecuciones bajo el amparo de la pandemia de COVID-19
La investigación muestra cómo el régimen aprovechó el aislamiento para ampliar los delitos castigados con la muerte y eliminar el escrutinio internacional
El régimen de Corea del Norte disparó un 117% los casos documentados de ejecuciones y condenas a muerte durante los casi cinco años que siguieron al cierre de sus fronteras en enero de 2020, comparado con un período equivalente anterior. Así lo concluye un informe del Transitional Justice Working Group (TJWG), organización no gubernamental con sede en Seúl que durante más de una década ha reconstruido el mapa de la represión bajo el líder Kim Jong-un. El número de personas ejecutadas o condenadas a muerte se triplicó en ese intervalo.
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El informe identificó 46 sitios de ejecución y reveló las coordenadas de 40 de ellos. La distribución geográfica también se alteró: antes de la pandemia, los hechos documentados se concentraban en ocho localidades, principalmente Pyongyang y tres provincias nororientales fronterizas con China; tras el cierre de fronteras, se expandieron a 19, lo que sugiere una extensión deliberada del aparato represivo.
El cierre que Corea del Norte decretó al inicio de la pandemia supuso un aislamiento casi total respecto al comercio exterior. El TJWG concluye que el régimen aprovechó esa coyuntura para ampliar el catálogo de delitos castigados con la muerte en un contexto en que el escrutinio internacional había desaparecido. El aislamiento no fue solo una medida sanitaria: fue también una oportunidad política.
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El cambio más significativo ocurrió en la tipología de los delitos. Los casos vinculados al uso, introducción o difusión de cultura e información extranjera —películas, series y música surcoreanas, así como prácticas religiosas o “supersticiosas”— aumentaron un 250% y se convirtieron en la causa capital más frecuente. Las ejecuciones por homicidio, que hasta entonces encabezaban la lista, cayeron un 44%. La cultura pop del sur, que durante años se había filtrado con relativa tolerancia, pasó a ser tratada como una amenaza de Estado.
Esos hallazgos coinciden con reportes previos. En febrero de 2025, Amnistía Internacional publicó testimonios que indicaban que ver series como Crash Landing on You o Squid Game, o escuchar a grupos de k-pop como BTS, podía acarrear las penas más severas, incluida la muerte. La organización describió un clima de miedo en que el consumo de cultura surcoreana se trata como delito grave.
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El TJWG también documenta un aumento drástico en las condenas por oposición política: las ejecuciones por criticar a Kim, al Partido de los Trabajadores o a los servicios de seguridad crecieron un 600%.
Ethan Hee-seok Shin, analista jurídico de la organización, instó a la
comunidad internacional a tomar medidas para “disuadir y castigar este
crimen de lesa humanidad”. El documento señala que el régimen ha
calibrado históricamente la intensidad represiva según la presión
exterior: los casos disminuyeron en los años en que la ONU debatió
remitir a Kim ante la Corte Penal Internacional. China y Rusia, con
poder de veto en el Consejo de Seguridad, han impedido hasta ahora
cualquier remisión.
