El Reino Unido se prepara para designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
La iniciativa parlamentaria busca otorgar al Ejecutivo la capacidad de catalogar a entidades respaldadas por gobiernos extranjeros como amenazas, impulsando nuevas figuras delictivas tras el aumento de ataques contra la comunidad judía
La legislación propuesta permitirá al Ejecutivo británico designar como organizaciones terroristas a grupos apoyados por gobiernos extranjeros. Se prevé la creación de nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan entidades incluidas formalmente en la lista de amenazas estatales. Esta medida responde a una serie de incidentes recientes que han afectado a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios provocados en sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a grupos islamistas con presuntos lazos iraníes, como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.
La decisión de proscribir al IRGC se produce tras una fuerte presión de parlamentarios y líderes comunitarios judíos, entre ellos el rabino principal Ephraim Mirvis, quienes han reclamado una respuesta más contundente frente a la creciente actividad de agentes iraníes y sus proxies en territorio británico. Según cifras publicadas en 2025 por la Community Security Trust, las agresiones antisemitas han aumentado de forma notable desde el inicio de la guerra en Gaza, identificándose 3.700 incidentes en el último año.
La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, citando la represión violenta de manifestantes en Irán y su implicación en acciones encubiertas fuera del país. Australia también lo ha catalogado como patrocinador estatal del terrorismo.
Hasta el año pasado, el Reino Unido había rehusado calificar al IRGC como grupo terrorista, optando en su lugar por un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico. Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía han acelerado la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.
Expertos en seguridad han advertido que la proscripción podría acarrear repercusiones diplomáticas, como el eventual cierre de la embajada británica en Teherán, considerada clave para los servicios de inteligencia occidentales. También existen inquietudes sobre las implicaciones de designar como terrorista a una entidad que controla los materiales nucleares iraníes, lo que podría dificultar futuras colaboraciones en caso de un cambio de régimen en Irán.
A pesar de estas reservas, tanto funcionarios como representantes comunitarios consideran que la reforma legal es un paso imprescindible para responder a las amenazas actuales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para perseguir a quienes apoyan o ejecutan operaciones de influencia en nombre de intereses extranjeros.
