El hijo del expresidente Luis Arce enfrenta tres cargos de corrupción en Bolivia

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente boliviano, fue aprehendido por la Policía este miércoles. En su vivienda encontraron dinero y elementos de la empresa estatal petrolera

Infobae

El hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, será puesto ante la Justicia en el marco de una investigación que lo acusa de tres delitos de corrupción: legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado.


El acusado fue capturado al finalizar la tarde del miércoles en el barrio Equipetrol, de Santa Cruz de la Sierra, tras ser perseguido por agentes de la Policía, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

En el allanamiento se incautaron 16.500 dólares americanos, 40.000 bolivianos (equivalentes a unos 5,7 mil dólares) y una camioneta marca Ford. En el inmueble se encontró además un casco de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “porque el detenido se hacía pasar por funcionario de la estatal del petróleo”, afirmó el ministro Oviedo en conferencia de prensa.

En el operativo se detuvo a otros cuatro hombres, uno de los cuales trabajó como encargado de prensa de la estatal petrolera durante la gestión de Luis Arce (2020-2025).

Fotografía cedida por la Policía
Fotografía cedida por la Policía de Bolivia que muestra la captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo del expresidente Luis Arce, junto a agentes de Policía este miércoles, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Policía de Bolivia

El caso, radicado en un juzgado anticorrupción de Santa Cruz, parte de un mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que investiga a Arce Mosqueira por supuestas negociaciones irregulares relacionadas con recursos estratégicos del Estado, 

El proceso tiene como antecedente denuncias formuladas en 2023, cuando se lo acusó —con base en fotografías y una grabación que se difundió— de actuar como intermediario entre el Estado boliviano y empresas extranjeras interesadas en proyectos de litio, pese a no ocupar un cargo público.

Arce Mosqueira había sido detenido anteriormente a raíz de una denuncia de violencia familiar presentada por su expareja. En octubre de 2025, Arce Mosqueira fue liberado con medidas sustitutivas tras el retiro de la denuncia por parte de la víctima, luego de un supuesto proceso de conciliación.

El día de su detención, el entonces presidente Arce manifestó en X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

Luis Arce sale de un
Luis Arce sale de un vehículo policial para entrar a la cárcel de San Pedro, en La Paz, Bolivia. 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Los otros hijos de Arce también están en la mira de Justicia. El segundo hijo varón, Rafael Ernesto, fue acusado de irregularidades en el desarrollo de un proyecto agrícola. A raíz de una investigación periodística de la plataforma Connectas, se descubrió que accedió junto a su hermana Camila a varios créditos bancarios por un total de 9,1 millones de dólares, cuando ambos estaban en sus veintes y no tenían antecedentes empresariales ni en el rubro agrícola.

Según el reportaje, el terreno de 2.100 hectáreas que compraron en Santa Cruz está parcialmente superpuesto a un área protegida que destinaron al cultivo de maíz y soya. Para este proyecto habrían sido beneficiados con flexibilidades normativas y la construcción de un puente y habrían, además, vulnerado una pausa ecológica que prohibía la quema de tierra durante una emergencia de incendios forestales.

A los líos judiciales que enfrentan los hijos de Arce, se suma la detención del exmandatario, acusado de haber abandonado a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que, según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer. En paralelo, Arce enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, destinados a proyectos de desarrollo indígena y rural, cuando era ministro de Economía, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

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