Venezuela reclama una negociación directa con Guyana por el Esequibo y rechaza la jurisdicción de La Haya
El régimen chavista insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo válido para resolver la disputa territorial, mientras Georgetown mantiene su confianza en la Corte Internacional de Justicia
El régimen venezolano reafirmó este jueves su determinación de resolver mediante negociación directa la disputa por el Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que administra Guyana desde hace más de un siglo y que Caracas reclama como propio. En un acto conmemorativo del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra, el chavismo insistió en que será “paciente, constante y firme” en la defensa de lo que considera sus derechos históricos sobre la región.
El ministro reiteró categóricamente que Venezuela “no ha dado consentimiento” a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia, por lo que considera que “su aplicación es inválida”. Esta posición representa un rechazo frontal a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas, que en diciembre de 2023 dictó medidas provisionales ordenando a Caracas abstenerse de modificar el statu quo en el territorio disputado.
La declaración del canciller Gil se produce en un contexto político inédito para Venezuela. Gil reafirmó la voluntad de la nueva administración de “seguir avanzando por la vía del entendimiento directo entre las partes”, descartando la participación de “ninguna tercera parte, ninguna corte, ningún arbitraje”.
El martes, el régimen venezolano había propuesto formalmente a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe”, argumentando que el Acuerdo de Ginebra “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899” y estableció la obligación de ambas naciones de alcanzar “un arreglo práctico y mutuamente aceptable”. Venezuela considera nulo ese laudo, que en 1899 otorgó el territorio a la entonces colonia británica, alegando vicios procedimentales y fraude en el arbitraje.
La respuesta de Georgetown fue inmediata y contundente. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés aseguró que su país continuará “defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos” y reafirmó su confianza en la Corte Internacional de Justicia como instancia apropiada para resolver la controversia. El comunicado exhortó a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso y “abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región”.
Caracas calificó la postura guyanesa como un intento “desesperado e irresponsable” de desvirtuar sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra. El cruce de declaraciones evidencia posiciones irreconciliables: mientras Venezuela apuesta exclusivamente por la negociación bilateral, Guyana confía en la vía judicial internacional.
El último encuentro presencial entre ambas partes tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas tras una escalada de tensiones provocada por un referéndum venezolano sobre el Esequibo. En aquella ocasión, ambos países acordaron no amenazarse ni usar la fuerza en circunstancia alguna, compromiso que han mantenido formalmente pese al endurecimiento retórico.
La disputa centenaria se intensificó en 2015, tras el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en aguas adyacentes al Esequibo por parte de la compañía estadounidense ExxonMobil. Desde entonces, Venezuela ha denunciado que Guyana otorga concesiones de exploración en áreas marítimas pendientes de delimitación, mientras Georgetown defiende su derecho soberano a explotar recursos en su territorio reconocido internacionalmente.
La Corte Internacional de Justicia se declaró competente en 2020 para examinar el caso, iniciado por demanda unilateral de Guyana en 2018. Según informaciones recientes, las audiencias orales de la fase de fondo del proceso judicial iniciarían en mayo de 2026, lo que podría derivar en una sentencia vinculante que Venezuela ya ha anticipado que no acatará.
