El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos
Londres suspende el trámite parlamentario del tratado que cedería el archipiélago a Mauricio tras las críticas del presidente Trump, que calificó el acuerdo de “gran error” y advirtió sobre el futuro estratégico de la base de Diego García
InfobaeEl Gobierno británico interrumpió este miércoles el proceso parlamentario para ratificar el acuerdo con Mauricio que cedería la soberanía sobre el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, incluida la isla de Diego García, donde opera una base aérea conjunta con Estados Unidos considerada clave para las operaciones militares en Medio Oriente , Asia meridional y el este de África. El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, confirmó la suspensión ante los legisladores de la Cámara de los Comunes e indicó que el Gobierno mantiene conversaciones activas con Washington antes de retomar el proceso.
La declaración de Falconer generó de inmediato confusión política. Una fuente de la Cancillería comunicó a medios británicos que “no existe ninguna pausa” y que el Gobierno “nunca ha establecido un plazo”. Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección: el proyecto de ley para convertir el tratado en derecho interno lleva sin figurar en el orden del día de la Cámara de los Lores desde el 20 de enero y ninguna fecha ha sido fijada para la siguiente etapa de su tramitación.

El tratado, firmado por Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025, estipula la transferencia de soberanía plena sobre el archipiélago a Mauricio, mientras el Reino Unido retiene el control operativo de Diego García mediante un arrendamiento inicial de 99 años, prorrogable otros 40. El coste para el Tesoro británico asciende a una media de 101 millones de libras anuales en precios de 2025, unos 3.400 millones de libras en total. El Gobierno de Starmer ha defendido el acuerdo como una necesidad jurídica y estratégica, argumentando que ignorar el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 2019 —que declaró ilegal la administración británica del territorio— pondría en riesgo la propia continuidad de la base.
El archipiélago fue separado de Mauricio por el Reino Unido en 1965, cuando la isla aún era una colonia británica, para crear el Territorio Británico del Océano Índico. Entre 1968 y 1973, Londres expulsó a unas 1.500 personas que habitaban las islas para instalar la base militar en Diego García. Desde entonces, los chagossianos y sus descendientes han reclamado sin éxito el derecho a regresar a su tierra natal, una reivindicación que el acuerdo vigente tampoco satisface plenamente: el tratado prohíbe el retorno a Diego García para los nacidos allí y deja en manos de Mauricio las decisiones sobre el reasentamiento en las islas exteriores. Expertos de la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas han pedido que no se ratifique el acuerdo por considerar que vulnera los derechos de la comunidad chagossiana.


