Detuvieron al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos en una investigación por delincuencia organizada
Aquiles Álvarez fue arrestado en Guayas por un caso de presunto lavado de activos y es trasladado a Quito para la formulación de cargos
Detuvieron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a dos de sus hermanos, en el marco de una investigación por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en un operativo ejecutado la madrugada del 10 de febrero de 2026 por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía, las órdenes de detención se ejecutaron con fines de formulación de cargos, tras varios allanamientos simultáneos en los que se levantaron como indicios teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentación que guardarían relación con la investigación penal.
La entidad no ha detallado aún los montos ni el contenido específico de esos documentos, pero confirmó que el operativo responde a una indagación estructurada por presunta delincuencia organizada, una figura penal que supone la existencia de una estructura estable, reparto de roles y finalidad económica ilícita.
La detención del alcalde se produjo en un contexto político altamente polarizado y tras meses de confrontación abierta entre Álvarez y el presidente Daniel Noboa. Desde su posesión, el alcalde de Guayaquil –del correísmo– se convirtió en uno de los críticos más visibles del Ejecutivo, especialmente en temas de seguridad, autonomía municipal y manejo de recursos. La relación se deterioró rápidamente luego de que el Gobierno central retirara al Municipio competencias sobre proyectos estratégicos y cuestionara públicamente la gestión local en materia de servicios y control urbano.
Ese conflicto político se trasladó progresivamente al plano judicial. En 2024, la Fiscalía abrió otra investigación conocida como caso Triple A, relacionada con la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. En ese proceso, Aquiles Álvarez fue vinculado como investigado y se le impuso, entre otras medidas cautelares, el uso de un grillete electrónico.
Según la propia Fiscalía, al momento de su detención por el caso Goleada, el alcalde no portaba dicho dispositivo, pese a que la medida seguía vigente dentro del proceso anterior. Ese hecho fue informado oficialmente por la institución y añadió un nuevo elemento de gravedad a su situación judicial.
En el plano político, Álvarez ha sostenido de forma reiterada que los procesos en su contra responden a una persecución política derivada de su enfrentamiento con el Gobierno de Noboa. Desde el Ejecutivo, en cambio, se ha defendido la actuación de las instituciones de control y se ha insistido en que la Fiscalía actúa con independencia. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho referencia a motivaciones políticas y ha limitado sus pronunciamientos a los aspectos técnicos de las investigaciones en curso.
El caso Goleada se produce, además, en un escenario marcado por un endurecimiento del discurso estatal contra las economías ilegales y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo un conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo, lo que ha ampliado el margen de acción de las fuerzas de seguridad y ha elevado la presión política sobre las autoridades locales de las principales ciudades, particularmente Guayaquil, uno de los epicentros de la violencia criminal.
En términos institucionales, la detención de un alcalde en funciones y de alto perfil político constituye uno de los episodios más sensibles del actual ciclo político. La Fiscalía ha señalado que la investigación continúa “en desarrollo” y que en las próximas horas se realizará la formulación de cargos, instancia en la que se conocerán los elementos concretos que sustentan la imputación por delincuencia organizada y lavado de activos. Hasta entonces, el proceso se mantiene bajo reserva parcial, conforme a la normativa penal vigente.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno central y el poder local de Guayaquil, y plantea interrogantes sobre el impacto político y jurídico de un proceso penal que involucra a uno de los alcaldes más visibles del país, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de creciente judicialización de los conflictos políticos.
