El gobierno de EEUU destacó la compleja misión para capturar a Maduro: “Requirió meses de coordinación y planificación”
En un comunicado conjunto, la fiscal general Pam Bondi recordó que la detención del ex dictador venezolano responde a una causa penal en curso por tráfico de drogas
El gobierno de Estados Unidos destacó este domingo en un comunicado conjunto la complejidad de la Operación Resolución Absoluta que permitió la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ahora deberá rendir cuentas ante la justicia norteamericana por narcoterrorismo.
Según el Departamento de Justicia, la operación fue ejecutada para dar curso a una causa penal abierta contra el ex líder del chavismo por su participación en redes de tráfico de drogas a gran escala.
La fiscal explicó que la misión requirió meses de planificación y cooperación entre organismos civiles, militares y de inteligencia, tanto dentro como fuera de Estados Unidos: “Esta operación requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución impecable por parte de múltiples componentes del gobierno federal. El Departamento de Guerra dirigió este notable esfuerzo. No podemos agradecer lo suficiente a nuestros valientes héroes militares”.
El operativo fue liderado por el Departamento de Defensa, con apoyo del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos equipos especializados participaron en el traslado y custodia de Maduro y su esposa Cilia Flores.
“Todo el personal actuó de manera profesional y en estricto cumplimiento de la ley estadounidense y de los protocolos establecidos”, afirmó Bondi.
El comunicado subraya que la acción judicial está relacionada con una investigación sobre narcotráfico internacional y delitos conexos que, según las autoridades estadounidenses, han tenido un impacto regional. De acuerdo con el Departamento de Justicia, estas actividades “han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses”. La fiscalía no precisó fechas de audiencias ni tribunales específicos, pero confirmó que el caso sigue su curso en el sistema judicial federal.
Bondi sostuvo que Washington exploró con el propio Maduro alternativas legales para resolver el caso sin recurrir a una operación de esta magnitud.
“Estados Unidos persiguió todas las opciones legales para resolver este asunto de manera pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas de forma reiterada”, afirmó. En ese sentido, atribuyó el desenlace a la decisión de continuar con conductas que, según la acusación, configuran delitos federales graves.
“Esta operación refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la protección de la seguridad nacional”, señaló la fiscal general.
El caso se inscribe en una larga disputa entre Estados Unidos y el régimen chavista, marcada por sanciones, acusaciones penales y tensiones diplomáticas. Desde 2020, fiscales federales estadounidenses han imputado a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos por vínculos con el narcotráfico, cargos que Caracas ha rechazado de manera sistemática.
El comunicado también destacó la cooperación con socios internacionales, sin identificarlos, y elogió el rol de las fuerzas involucradas. “Estamos orgullosos de los profesionales federales que llevaron a cabo esta misión y de las alianzas que la hicieron posible”, concluyó Bondi.
La fiscal estadounidense había declarado el sábado que Maduro y su esposa enfrentarán “todo el peso de la justicia estadounidense” tras la presentación de una nueva acusación penal en Nueva York.
En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que ambos “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.
Maduro fue imputado por primera vez en 2020, pero la acusación actualizada —conocida como acusación sustitutiva— amplía el alcance del caso. El nuevo escrito judicial incorpora a su esposa, Cilia Flores, y suma cargos contra el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado una de las figuras más influyentes del poder político venezolano.
Según la fiscalía estadounidense, los imputados están señalados por vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que Estados Unidos clasifica como organización terrorista, y con carteles de la droga. Las autoridades sostienen que estas redes habrían participado en planes para “transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia también recordó que en agosto pasado elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura de Maduro y Cabello, una de las cifras más altas ofrecidas por Washington en casos de narcotráfico internacional.
