La Fiscalía de Bolivia pidió que Evo Morales enfrente un juicio por trata agravada de personas
El Ministerio Público de Tarija concluyó la investigación y pidió llevar a juicio al exmandatario, acusado de mantener una relación con una menor en 2016
La autoridad destacó que la investigación, iniciada “a finales de septiembre del año pasado, hoy culmina con una acusación formal”.
En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de aprehensión contra el ex mandatario —ratificada posteriormente por un juzgado de Tarija—, al señalar que Morales habría tenido un hijo con una menor de edad en 2016, cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia.

Además, el expediente judicial señala que los padres de la supuesta víctima se “lucraron” con ella, al haberla entregado al ex presidente a cambio de “favores”. Según la acusación, la joven presuntamente formaba parte de un grupo juvenil impulsado por Morales durante su gestión presidencial, denominado “Generación Evo”.
A comienzos de este año, un tribunal judicial declaró en rebeldía al ex gobernante después de que no se presentara a dos audiencias convocadas para tratar la acusación, argumentando problemas de salud.
Durante el desarrollo de este caso, seguidores de Morales bloquearon carreteras en distintos puntos del país en 2024, con el objetivo de impedir su detención y en el marco del conflicto político que el exmandatario mantuvo con el gobierno del ex presidente Luis Arce. Desde octubre del año pasado, Evo Morales se mantiene en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, sin haber salido de esa región.

Por otro lado, en Argentina se reabrió un proceso judicial contra Evo Morales por la “presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, ocurridos durante su estadía en ese país en 2019, cuando fue acogido con el estatus de refugiado por el entonces presidente Alberto Fernández (2019–2023).
“A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo. El peor de los delitos, en nuestro suelo”, señaló la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich en su cuenta personal de X.
En este caso, la acusación penal fue promovida por la Fundación Apolo, organización que recientemente fue reconocida como parte querellante en el proceso.