EEUU cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de encarcelar a Jair Bolsonaro: “Amenaza la democracia”
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental acusó al juez Alexandre de Moraes de utilizar el aparato judicial para silenciar a la oposición
El pronunciamiento se enmarca en la ley Magnitsky, que permite a EEUU sancionar a funcionarios extranjeros implicados en violaciones graves de derechos humanos. Según el mismo mensaje, la administración estadounidense también sancionará a quienes colaboren o incentiven ese tipo de conductas.
En mayo, la misma oficina había emitido un mensaje en portugués en el que advertía que “ningún enemigo de la libertad de expresión de los estadounidenses será perdonado”, en respuesta a una política de restricción de visados anunciada por el secretario de Estado. Ese comentario fue interpretado por simpatizantes de Bolsonaro como una crítica indirecta al Supremo Tribunal Federal.
De acuerdo con la periodista Malu Gaspar, del diario O Globo, sectores bolsonaristas con contacto en la Casa Blanca bajo el liderazgo de Donald Trump anticipan nuevas sanciones contra jueces brasileños tras la reciente orden de arresto.
En respuesta a la decisión judicial, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, solicitó este lunes que el Senado brasileño inicie un proceso de destitución contra el magistrado De Moraes. En declaraciones a CNN Brasil, calificó la orden de prisión domiciliaria como “cobarde” e “inmoral”, y acusó al juez de arrastrar a la Corte Suprema hacia un “gran desgaste institucional”.
“No tiene condiciones de seguir en el cargo”, afirmó el senador, quien aseguró contar con respaldo suficiente en la Cámara Alta y anunció que planteará la destitución ante el presidente del Senado.
Aunque la familia Bolsonaro ya había planteado anteriormente la destitución de De Moraes, la propuesta no había logrado respaldo significativo en el Senado. Sin embargo, Flávio Bolsonaro vincula esta nueva ofensiva con las sanciones impuestas recientemente por la administración de Donald Trump, que congeló activos del magistrado en Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. “Es una demostración de venganza por las sanciones”, sostuvo el legislador.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro, otro hijo del ex presidente y actual diputado federal, calificó la decisión judicial como un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”.

La orden de prisión domiciliaria también prohíbe que Bolsonaro reciba visitas no autorizadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Pese a estas restricciones, mensajes firmados por él fueron leídos en distintas marchas opositoras realizadas durante el fin de semana, donde se exigió la amnistía para los acusados de participar en los actos de golpismo de enero de 2023 y se respaldaron las sanciones impuestas por Trump contra De Moraes.
La investigación contra Bolsonaro por su supuesto liderazgo en un intento de golpe de Estado avanza en el Supremo y podría concluir antes de fin de año. El ex presidente enfrenta una pena potencial de más de 40 años de prisión. La situación ha elevado la tensión entre el Poder Judicial brasileño y sectores de la derecha nacionalista, y empieza a generar repercusiones en la política exterior de Brasil.