El mensaje de Yoon Suk-yeol antes de entregarse a las autoridades surcoreanas: “Decidí evitar un derramamiento de sangre”
El mandatario destituido calificó el proceso en su contra como una “investigación ilegítima” y sostuvo que el sistema legal del país se encuentra en un “colapso absoluto”
Yoon, quien fue arrestado más tarde por la Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO) tras semanas de resistencia en su residencia oficial, calificó el proceso como una “investigación ilegal” y afirmó que las bases del sistema legal surcoreano están en “colapso total”.
“Lamentablemente, en este país, las bases de la ley se han desmoronado por completo”, afirmó el mandatario depuesto al comienzo de su declaración.
Según Yoon, los procedimientos en su contra han estado marcados por irregularidades.
“Hemos sido testigos de cómo se emiten órdenes judiciales por parte de instituciones sin autoridad para investigar, y de cómo tribunales sin competencia para revisar estas órdenes las aprueban, incluyendo órdenes de arresto y registros”, afirmó.
“Las agencias de investigación han elaborado documentos oficiales falsos para engañar al pueblo, mientras que procedimientos ilegales y coercitivos se llevan a cabo con órdenes inválidas. Todo esto es profundamente lamentable”, agregó Yoon.
En sus declaraciones, el mandatario surcoreano justificó su decisión de comparecer ante a las autoridades pese a considerar la investigación en su contra como ilegítima.
“Hoy, al ver cómo estas personas invadieron zonas de seguridad utilizando equipos de bomberos, decidí presentarme ante la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles, para evitar un lamentable derramamiento de sangre”, afirmó.
Aunque optó por cooperar, dejó claro que no acepta la validez del proceso.
“Esto no significa en absoluto que reconozca la legitimidad de las acusaciones ni del procedimiento en mi contra”, puntualizó.
Según Yoon, su decisión fue motivada por el deseo de evitar enfrentamientos violentos.
“Como presidente de Corea del Sur, cuya responsabilidad es proteger la Constitución y el sistema legal del país, mi decisión de cooperar con este procedimiento refleja únicamente mi deseo de evitar enfrentamientos violentos”, subrayó.
A lo largo de su discurso, Yoon hizo énfasis en el futuro del país y en el papel de los jóvenes en la defensa de los valores democráticos.
“Aunque he sido víctima de estas injusticias, deseo fervientemente que ninguno de ustedes, especialmente los jóvenes, tenga que enfrentarse a situaciones similares en el futuro”, puntualizó.
Además destacó la importancia de los principios democráticos y expresó su optimismo en un mejor porvenir para Corea del Sur.
“Apreciados ciudadanos, les pido que cuiden de su salud y mantengan la fortaleza. Muchas gracias”, concluyó Yoon.
El presidente surcoreano fue arrestado este miércoles después de que cientos de agentes policiales y anticorrupción accedieran a su residencia, donde llevaba atrincherado desde la imposición en diciembre de una controvertida ley marcial.
El dirigente conservador sumió a la democracia asiática en su peor crisis en décadas al suspender el orden civil y enviar a los soldados a la Asamblea Nacional en la noche del 3 de diciembre, aunque derogó la medida horas después.
Suspendido por una moción de destitución del Parlamento, Yoon también era objeto de una investigación por insurrección que lo ha llevado a convertirse en el primer presidente del país en ser arrestado durante su mandato.
Cientos de agentes de la policía y de la Oficina de Investigación de la Corrupción allanaron el miércoles temprano la residencia de Yoon en Seúl, protegida por miles de partidarios y por su fiel guardia presidencial que había impedido un primer arresto el 3 de enero.
Después de horas de tensión, un abogado del presidente anunció que este había decidido comparecer personalmente ante los investigadores. A los pocos minutos, estos anunciaron su detención.
“La Oficina de Investigación Conjunta ejecutó una orden de arresto para el presidente Yoon Suk Yeol hoy a las 10H33 (01H30 GMT)”, afirmó en un comunicado este equipo formado por la policía, la agencia anticorrupción y el Ministerio de Defensa.
