Revelan videos de la golpiza mortal a un recluso en una correccional de Nueva York
Los videos, que fueron compartidos por la fiscalía de Nueva York, son de las cámaras corporales de los agentes y muestran a Robert L. Brooks, quien estaba esposado mientras los oficiales de correccionales lo golpeaban y pateaban en la cara, el abdomen, la espalda y los genitales
Un informe preliminar del examen forense hecho por la Oficina del Médico Forense del Condado de Onondaga revela que hubo preocupación por “una posible asfixia causada por compresión del cuello”, según reporta Syracuse. Este análisis concluyó que su muerte fue resultado directo de las acciones de terceros.
La gobernadora Kathy Hochul, al expresar públicamente su indignación, informó de la destitución de catorce empleados estatales involucrados en lo sucedido. “El Estado de Nueva York no tolerará a personas que violen la ley o abusen de su posición”, sentenció Hochul en un comunicado de prensa.
Abuso sistemático y cultura de miedo
El caso también ha puesto en la mira condiciones más generales dentro de Marcy Correctional Facility, un penal de seguridad media localizado en el condado de Oneida. Syracuse detalla que una investigación independiente realizada en 2022 por Correctional Association of New York señaló una “cultura generalizada de miedo y represalias” contra los internos. Más de 100 presos consultados describieron abusos recurrentes por parte del personal.
Adicionalmente, las imágenes compartidas por medios como CNN muestran momentos inquietantes durante el ataque: “un oficial puede verse sujetando a Brooks por el cuello con ambas manos mientras lo arrastra de la mesa de examen”, una escena grabada mientras otros empleados, incluidas enfermeras, conversaban de manera casual en pasillos cercanos.
La familia de Brooks exige justicia
La familia de Robert Brooks, que tuvo acceso a las grabaciones días antes de su publicación, calificó las imágenes de atroces. En palabras de la abogada Elizabeth Mazur, quien representa a los allegados: “Ver los violentos y horribles momentos finales de la vida de Robert fue devastador para sus seres queridos. No descansaremos hasta asegurar justicia para su memoria y la seguridad de los prisioneros en Marcy Correctional Facility”.
Mazur, reconocida por haber ganado un caso significativo que resultó en la indemnización de USD 12 millones para la familia de Daniel Prude en un caso previo de brutalidad policial, ha reiterado su compromiso en este nuevo proceso legal.
Postura de los sindicatos y medidas cautelares rechazadas
Por su parte, el sindicato de oficiales de correcciones, New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association (NYSCOPBA), emitió un comunicado condenando el incidente. “Este tipo de comportamiento es inaceptable y no representa el trabajo sobresaliente de la mayoría de nuestros miembros”, afirmó el gremio.
Sin embargo, no todos los llamados a medidas específicas han avanzado. Según Syracuse, una solicitud para restricciones extremas contra tres de los oficiales implicados fue rechazada por un juez del condado de Oneida, quien argumentó no creer que ellos representen un peligro directo para sí mismos o para otros.
El impacto de este caso ha generado promesas de reformas institucionales dentro del sistema penitenciario estatal. El comisionado de NYS Department of Corrections and Community Supervision (DOCCS), Daniel Martuscello III, expresó su repudio en un comunicado compartido por News10NBC: “Debemos garantizar que nada como esto vuelva a ocurrir en nuestras instalaciones. Nuestra responsabilidad es proteger tanto a nuestro personal como a aquellos bajo nuestro cuidado”.
Mientras tanto, la investigación criminal continúa bajo la supervisión de la Fiscalía General, junto con el apoyo de la Policía Estatal y la Comisión de Corrección del estado. La oficina de James, como precisa CNN, posee facultades especiales para presentar pruebas ante un gran jurado que podría determinar cargos contra los responsables.
La muerte de Robert Brooks, originario del condado de Monroe y sentenciado en 2017 por agresión en primer grado, ha encendido nuevamente el debate sobre el abuso sistémico en las prisiones de Nueva York y exigido rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas.