La Justicia argentina ordenó la detención de 61 brasileños por participar en la toma de Brasilia: hay dos arrestados que afirman ser perseguidos políticos
Los arrestos se producen en vísperas del primer cara a cara entre Lula y el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la cumbre del G-20 que se celebrará entre el lunes y martes próximo en Río de Janeiro
De inmediato quedó preso y hoy se hizo la audiencia ante los funcionarios del juzgado y la fiscalía. Gusmão de Oliveira aseguró en la audiencia que es comerciante y que nunca atentó contra la democracia de su país. Sostuvo que es víctima de una persecución política y que no pudo defenderse de las acusaciones en su país, revelaron las fuentes a Infobae. Su defensa pedirá en las próximas horas la excarcelación.
El segundo detenido es Rodrigo De Freitas Moro Ramalho. En su país fue condenado a la pena de catorce años por delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado, deterioro de los bienes catalogados y asociación delictiva armada.
Así ya son dos los arrestaos de la lista 61 brasileños sobre los que la justicia argentina ordenó la detención. Está interviniendo Interpol y Policía Federal Argentina. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron a este medio que la lista de buscados por Brasil podría triplicarse. Muchos de ellos tienen pedidos para ser considerados refugiados políticos.
Ahora, será la justicia la que tenga que determinar si avanza con la extradición. Uno de los puntos claves es verificar que hayan tenido posibilidad de defenderse en las causas en su contra en el país que los investiga y en qué contexto fueron condenados. Como en cualquier proceso de extradición, el fiscal argentino -en este caso Carlos Rívolo- actúa en representación del Estado brasileño.
Si bien estos casos se concentraron en los tribunales de Comodoro Py 2002, se evaluaba que el juez Rafecas después de que se concreten los arrestos se declare incompetente en las causas en donde los buscados residan en otra jurisdiscción que no fuese la suya y reenvíe el expediente a los tribunales correspondientes. En el caso de este detenido, a los tribunales federales de La Plata.
Desde junio pasado, la Policía Federal brasileña investiga la fuga de varios ciudadanos de ese país a la Argentina, quienes están implicados en el ataque del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto —sede la Presidencia— en el que se denunció un intento de golpe de Estado contra el presidente electo Inácio Lula da Silva. En Brasil sospechan que al menos 8 personas de las que cruzaron la frontera podrían pedir asilo político al gobierno de Javier Milei. Hace un mes el Tribunal Superior de Brasil pidió formalmente a Argentina la extradición de los prófugos. El pedido de la Cancillería argentina recayó en los tribunales de Comodoro Py 2002 y por sorteo ingresó en el juzgado de Rafecas. Según trascendió entre los buscados hay hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad, estudiantes, agentes inmobiliarios, amas de casa y hasta un pastor evangélico.
De acuerdo al procedimiento, un juez avanza con el juicio de extradición sin juzgar los hechos por los cuales está siendo buscado en su país. La decisión es apelable ante la Corte Suprema. De todas maneras, la última palabra para avalar o detener una extradición la tiene el Poder Ejecutivo.
Hasta ahora el gobierno de Javier Milei no habló públicamente sobre estos pedidos de captura. En los próximos días, Lula y Milei se verán cara a cara durante la cumbre que se realizará en Río de Janeiro por la cumbre del G-20. Milei tiene buena sintonía con el ex presidente Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro, Eduardo, estuvo en un par de oportunidades en la Argentina para manifestarle su apoyo a Milei e incluso fue invitado a la asunción presidencial del líder libertario en diciembre último..
