María Corina Machado agradeció al Senado español por reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo
El pasado 11 de septiembre, la cámara baja había hecho lo propio, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a también dar este paso y posicionarse “del lado del pueblo de Venezuela”, como lo describió la líder opositora
Más temprano, la cámara alta española había aprobado una moción para reconocer al ex diplomático “como nuevo Presidente de Venezuela y adoptar medidas apoyando el traspaso de poderes”, tal como lo había hecho una semana atrás el Congreso, en una proposición no de ley. A la par, el texto exige al Gobierno ejercer “un papel de liderazgo”, tanto dentro de la Unión Europea como entre los países iberoamericanos, en lo que respecta a la “defensa de los principios democráticos, las libertades y el estado de derecho”, así como a “posicionarse, llegado el caso, en favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto” contra Nicolás Maduro y “otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
La votación acabó con 149 apoyos, 102 rechazos y solo dos abstenciones.
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“No demos la espalda al pueblo de Venezuela, que llama a nuestra puerta... Estemos a la altura, obremos con dignidad”, apuntó durante el debate Íñigo Fernández García, senador del Partido Popular, que impulsa la iniciativa, mientras que el oficialismo de Pedro Sánchez se mantiene reticente a cambiar su retórica en esta línea y, por el contrario, insiste en su pedido al Consejo Nacional Electoral para la presentación de las actas oficiales, que permita verificar al verdadero ganador.
Esta idea fue introducida inicialmente el pasado 11 de septiembre, como respuesta al primer paso dado por el Congreso. La víspera, sin embargo, la Asamblea Nacional avanzó y presentó un proyecto de acuerdo con el que buscará formalmente distanciarse de Madrid.
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El documento fue leído durante su presentación ante el pleno e insta “al Ejecutivo nacional a que evalúe, en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición” del Congreso, contra “la constitucionalidad venezolana”.
“La nefasta resolución promovida por la derecha fascista” del pasado 11 de septiembre es “una acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática” de Venezuela y “la voluntad soberana de todo un pueblo”, agrega el texto, que carga también contra “la ultraderecha española”, a la que acusó de refugiar “a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana han promovido golpes de Estado fallidos y la explosión de violencia para generar desestabilización política y social”.
