La Fiscalía de Venezuela acusó a tres dirigentes antichavistas de colaborar con la oposición al difundir las actas electorales
Perkins Rocha, Freddy Superlano y Biagio Pilieri llevan días detenidos en el marco de la ola de violencia y represión desatada tras los comicios del 28 de julio, y están siendo investigados por avalar, verificar y divulgar como real los resultados de las papeletas
Como consecuencia, los tres, que “están detenidos en el Sebin” (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), fueron interrogados por el Ministerio Público, en el marco de la investigación en su contra y también en la del candidato, acusado de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes” y “conspiración”, entre otros.
Más temprano, María Livia Vasile, esposa de Pilieri, había denunciado que el activista político había sido acusado formalmente de cinco delitos, sin la posibilidad de defenderse con su equipo de confianza. “Mi esposo fue presentado el pasado día viernes 30 de agosto sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público, y fue imputado por cinco delitos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”, escribió en sus redes sociales.
El coordinador nacional de Convergencia fue el último de los tantos opositores cercanos a Machado que fueron detenidos. En su caso, las fuerzas de seguridad de Maduro lo siguieron durante más de 20 minutos cuando se retiraba en su vehículo de la masiva convocatoria en Caracas el pasado 28 de agosto y, tras chocarlo y rodearlo con camionetas y motos, lograron secuestrarlo. Al cabo de unos minutos, la última ubicación de su celular señaló El Helicoide.
En tanto, Freddy Superlano fue uno de los primeros en caer en desgracia luego de los comicios. El 30 de julio se conoció un video del momento en que su auto fue abordado por otro vehículo del que descendieron hombres armados y se lo llevaron por la fuerza. El dirigente de Voluntad Popular estaba en la entrada de su casa en Sebucan.
A pesar de que la PUD denunció en reiteradas oportunidades torturas, abusos, violaciones a sus derechos y falta de información sobre su estado o paradero, Saab aseguró este jueves que puede “dar fe y constancia” de que “hay certificados médicos” que dan cuenta de su “buen estado de salud”, sin hacer mención a la prohibición de ver a sus familiares o de comunicarse con sus defensores.
Tal es el grado de tensión y agresiones en Venezuela que más de 25 ONGs y la ONU alertaron por el “clima de miedo” que se vive en el país, con persecuciones a civiles y disidentes, que solo hacen uso de “su derecho a la participación política” o a la “libertad de expresión”. “Seguimos planteando nuestras preocupaciones; seguimos instando a todas las partes a que resuelvan todas las disputas electorales por medios pacíficos”, pidió Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.