Fuerte debate en el Congreso de Estados Unidos por los negocios petroleros de Chevron con la dictadura de Maduro

Durante un encuentro del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Representantes, la legisladora Salazar y el subsecretario Sullivan confrontaron por la decisión de Biden de prorrogar la licencia comercial a la empresa de hidrocarburos, pese al fraude electoral y la represión ilegal desatada en Venezuela

Román Lejtman, Infobae

(Desde Washington, Estados Unidos) La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, la representante María Elvira Salazar, tuvo un cruce intenso con el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, durante la audiencia convocada hoy para revisar las licencias comerciales que tiene la empresa petrolera Chevron con la dictadura de Nicolás Maduro. El régimen populista sobrevive -en parte- por los negocios en energía que aún preserva con la influyente compañía de los Estados Unidos.

La audiencia sucedió en el Rayburn House Office Building, y llevaba como título “Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela”. En la sala había una pantalla gigante que mostraba un cuadro con las supuestas ganancias de Chevron desde el momento que la administración de Joe Biden -2022- permitió que la compañía petrolera recuperara su operación en Venezuela.

Ese cuadro técnico, que describía la presunta producción en barriles que tiene Chevron en Venezuela, establecía que en dos años de licencia la empresa estadounidense había ganado 4.999.680.000 millones de dólares.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela

En este contexto, el subsecretario Sullivan, Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Greg Howell, a cargo de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) explicaron al subcomité del Hemisferio Occidental qué había hecho la administración Biden para castigar el fraude electoral y las violaciones a los derechos humanos cometidos por Maduro.

Tras las presentaciones formales de los funcionarios del Departamento de Estado y USAID tomó la palabra Salazar para mantener un diálogo muy tenso con el subsecretario Sullivan. La representante por Florida reveló que pese a la sucesivas condenas de Biden y su gabinete, la Secretaria del Tesoro había prorrogado la licencia a Chevron desde el primero de septiembre.

La representante republicana María Elvira Salazar, a cargo del subcomité del Hemisferio Occidental que revisó la licencia que tiene Chevron en Venezuela

—El primero de septiembre, 33 días después de que Maduro hiciera todo lo que ustedes describieron (NdR: fraude y represión ilegal), los Estados Unidos renovaron la licencia para que Chevron operara en Venezuela. Si no tienes dinero, no tienes dinero para engrasar el aparato represivo o el estado policial. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué el Departamento de Estado renovó esa licencia? Específico. General. Individual. No necesitamos entrar en las palabras. Solo quiero saber, ¿por qué lo hiciste? Y no me digas que el Tesoro te lo dijo porque el Estado dicta y el Tesoro sigue —interrogó Salazar a Sullivan.

—Gracias por la pregunta. Presidenta Salazar, como usted sabe, las decisiones sobre las sanciones se toman mediante consultas interinstitucionales. Las sanciones son administradas por el Departamento del Tesoro y se hacen los anuncios a nivel estatal —contestó Sullivan.

—Le dice al Tesoro qué hacer. No trate de engañarme, Sr. Sullivan. Sabemos que el Departamento de Estado es el que dicta la política exterior. Y si el Departamento de Estado no quería que Chevron y Repsol y los demás tuvieran una licencia general, individual o específica, sea cual sea el tipo de licencia que el Tesoro no le hubiera otorgado, ¿estoy en lo cierto?

—Seguimos revisando nuestra política de sanciones.

—¿Por qué usted, el Departamento de Estado, renovó la licencia de Chevron 33 días después de que Maduro hiciera todo lo que ustedes describieron? Tiene que haber una razón. ¿La Casa Blanca lo presionó? ¿Llamaron y dijeron: oye, necesitamos petróleo gratis y barato?

—Bueno, como mencioné, presidenta Salazar, los Estados Unidos, el Gobierno, se coordina en estos temas. El Departamento del Tesoro administra las licencias y continuamos revisando nuestra política de sanciones con respecto a Venezuela, con el fin de avanzar en nuestros objetivos generales de promover, en este caso, una transición democrática.

—¿Cómo se puede promover una transición democrática si estamos de acuerdo en que Maduro se robó las elecciones y lo único que estamos haciendo es ayudarlo a mantenerse en el poder y crear otra crisis migratoria?

—Como han visto, los Estados Unidos han estado muy activos con nuestros socios internacionales para desarrollar una presión internacional concertada a favor de la transparencia....

—No responde a mi pregunta, Sr. Sullivan. ¿Por qué renovó las licencias petroleras de Chevron? ¿Por qué?

—La administración de nuestra política de sanciones es algo que hacemos como parte de nuestra estrategia diplomática general en Venezuela, y continuamos revisando esa política, tratando de elegir las acciones específicas que mejor contribuyan a nuestros esfuerzos generales para crear condiciones para el pueblo venezolano.

El regimen de Maduro no tiene límites políticos: forzó el exilio de Edmundo González Urrutia a España y persigue a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela

A continuación, los funcionarios Roig y Howell contestaron otras preguntas vinculadas a la región. Pero el asunto más importante quedó saldado con las respuestas del subsecretario Sullivan. A partir de su información se comprobó que la administración Biden sólo tiene previsto aplicar sanciones diplomáticas y financieras al régimen populista.

Las regalías petroleras que recibe Maduro le permite afrontar el aislamiento internacional que sufre por el fraude cometido en los comicios y la represión ilegal desatada bajo sus órdenes. Y ese beneficio económico y político -por ahora- preservará el status quo hasta que la Casa Blanca resuelva lo contrario.