El presidente de Sudáfrica firmó una ley educativa que pone en riesgo a la coalición gubernamental

La nueva legislación firmada por Cyril Ramaphosa ha generado tensiones con la Alianza Democrática por la centralización de políticas lingüísticas y otros aspectos controvertidos

Infobae

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, firmó este viernes una controvertida ley educativa que ha generado tensiones dentro del frágil Gobierno de unidad nacional. Esta nueva legislación llega tras una década de debates y modificaciones en un contexto marcado por la pérdida de la mayoría absoluta del Congreso Nacional Africano (CNA) en las elecciones de mayo.

Ramaphosa aprobó en los Union Buildings de Pretoria el Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley de Educación Básica (BELA, por sus siglas en inglés). El miércoles, día en que se anunció que se firmaría la norma, la presidencia subrayó que la ley “busca fortalecer la gobernanza en el sector educativo de Sudáfrica” y que “las enmiendas son una respuesta a sentencias judiciales que protegen y hacen efectiva la Carta de Derechos” de la Constitución sudafricana.

Pero la ley BELA ha encontrado la oposición de la Alianza Democrática (DA), principal socio del CNA en la coalición y anteriormente la fuerza opositora más potente del país.

El líder de la Alianza Democrática, John Steenhuisen (REUTERS/Nic Bothma/File Photo)

La DA ha manifestado sus reservas, especialmente en lo relacionado con la centralización de la política lingüística de los colegios por parte del Departamento de Educación. Según la Alianza Democrática, este aspecto amenaza a los centros de enseñanza exclusiva en afrikáans, una lengua hablada mayoritariamente por la minoría blanca del país.

El miércoles, el líder de la DA y actual ministro de Agricultura, John Steenhuisen, tildó a la enmienda propuesta de “inaceptable” y acusó al jefe de Estado de actuar de manera “unilateral”. El ministro destacó: “La DA urgió al presidente Ramaphosa a enviar de nuevo el proyecto de ley al Parlamento para realizar algunas modificaciones simples y hacer que cumpla con la Constitución”.

Durante la ceremonia de la firma, Ramaphosa declaró que esta ley “marca un paso importante hacia la solución de los problemas históricos” dentro de su sistema educativo. Sin embargo, en un intento de conciliación, en sus palabras “en un espíritu de cooperación y compromiso”, decidió posponer por tres meses la implementación de dos cláusulas controversiales para permitir más deliberaciones entre las partes implicadas.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (d) con el líder de la Alianza Democrática, John Steenhuisen (i), en una foto de archivo (Departamento de comunicación e información del gobierno sudafricano via AP, File)

La centralización de las decisiones educativas no es el único punto conflictivo; también se ha criticado la educación sexual, la edad de escolarización obligatoria, la educación en el hogar y la falta de fondos para implementar todas las medidas propuestas en la ley.

El líder de la DA expresó que su partido ha instruido a sus abogados para que preparen acciones judiciales tanto contra el proceso que llevó a la adopción de la ley BELA como contra su contenido.

Frente a la determinación de Ramaphosa para acabar aplicando las polémicas cláusulas, Steenhuisen aseguró que “su enfoque es contrario al espíritu de la Declaración de Intenciones que estableció las bases del GNU (Gobierno de unidad nacional), el cual requiere que las partes participantes alcancen un ‘consenso suficiente’ sobre cuestiones divisivas”.

Este episodio revela una vez más la inestabilidad del Gobierno de unidad nacional, que está compuesto por once partidos, incluido la centroderecha liberal, DA. En los últimos años, el CNA ha perdido apoyo significativamente, obteniendo solo el 40,18% de los votos en las últimas elecciones generales, lo que significa su primera pérdida de mayoría absoluta desde la instauración de la democracia en 1994.

Sudáfrica enfrenta varios desafíos, entre los que se encuentran casos de corrupción, alto desempleo, criminalidad y problemas energéticos, lo que ha erosionado la credibilidad y el respaldo político del CNA. En este contexto, la tensión dentro del Gobierno de coalición podría complicar los esfuerzos de Ramaphosa por implementar reformas clave y cumplir con sus promesas de cambio.