Persecución en Venezuela: las fuerzas del régimen de Maduro detuvieron a la periodista Ana Carolina Guaita
Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La represión del chavismo sobre los periodistas independientes va en ascenso tras el fraude cometido por la dictadura el 28 de julio
Por su parte, Alberto Ravell, dueño de La Patilla, también utilizó X para expresar su rechazo: “Hace minutos en una operación inusual, y sin indicios racionales que justifiquen una investigación el SEBIN apresó a la periodista Ana Carolina Guaita Barreto. Rechazamos las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas que su única función es informar”.
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El vocero de Comando con Venezuela, Perkins Rocha, también se refirió al hecho: “ALERTA: sigue represión política en Venezuela. Hoy en Vargas, sin orden judicial, saliendo de su casa, detuvieron a Ana Carolina Guaita, joven periodista de la Patilla Digital, hija de conocidos dirigentes políticos estatales. Su delito? Trabajar por reproducir la verdad”.
La situación fue igualmente destacada por la defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien proporcionó más detalles sobre el suceso en su cuenta en X. Según Sujú, Guaita Barreto habría sido “secuestrada en un vehículo blanco cuando estaba frente de su casa y por ahora se desconoce su paradero”.
El contexto de la detención trae a colación el vínculo familiar de la periodista con figuras de la oposición política venezolana, lo cual ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. El periodista Vladimir Villegas agregó que “su único delito es ser hija de dos dirigentes de oposición, el Dr. Carlos Guaita y la ciudadana Xiomara Barreto ambos del Partido Político Social Cristiano Copei”.
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Diversas organizaciones de derechos humanos y entidades de prensa han condenado la detención, calificándola como un acto de hostigamiento y represión contra la libertad de expresión. Este evento destaca un patrón recurrente de acciones contra miembros de la prensa en Venezuela, sobre todo desde que Nicolás Maduro se autoproclamara vencedor de unos comicios ampliamente repudiados por la comunidad internacional por su falta de transparencia.
La detención de Ana Carolina Guaita ocurre en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde los medios y periodistas independientes enfrentan constantes amenazas y actos de intimidación. Esta situación ha sido denunciada repetidamente por distintas organizaciones internacionales, que ven en estos actos una clara violación de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela documentó 79 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con la cobertura electoral y las manifestaciones tras los resultados de las presidenciales. Entre las transgresiones reportadas, se encuentran agresiones físicas y verbales (30), discursos estigmatizantes (18), detenciones (7), medidas de censura (7), restricciones en internet (7), restricciones administrativas (6), hostigamiento judicial (3) y limitaciones de acceso a la información (1).
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, se pronunció en línea con otras organizaciones al denunciar un incremento en la persecución hacia trabajadores de la prensa. La entidad gremial, al expresar su rechazo, calificó esta situación como una política de Estado implementada por la administración de Nicolás Maduro.
Desde el inicio de las protestas el 29 de julio, al menos seis periodistas fueron encarcelados y procesados judicialmente bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio. Entre los detenidos figuran: el reportero gráfico Yousnar Alvarado en Barinas; el camarógrafo de VPI Tv, Paúl León, en Trujillo; la reportera gráfica Deysi Peña en Los Teques; el periodista y activista político José Gregorio Camero en Valle de La Pascua; además del dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, y el periodista Víctor Ugas, ambos en Caracas.
El IPYS resaltó que la mayoría de las violaciones a la libertad de prensa se concentran en las agresiones físicas y verbales, lo cual refleja un intento evidente de amedrentar y silenciar a los comunicadores. Además, se señaló la práctica de discursos estigmatizantes desde el poder, que buscan desmerecer la labor periodística.
El informe del IPYS también incluye actos de hostigamiento judicial que buscan intimidar a quienes se atreven a informar sobre situaciones críticas. Las restricciones en internet, aunque menos numerosas, no dejan de ser significativas, especialmente en un país donde la censura digital es cada vez más frecuente.
