Recortes, desigualdad social y corrupción: los desafíos que enfrenta la reforma en la educación superior que impulsa Brasil

El proyecto fue aprobado en el Congreso la semana pasada y ahora sólo queda pendiente de ratificación por el presidente Lula da Silva

Maria Zuppello

Infobae

Tras los recortes de 280 millones de reales (50 millones de dólares) que sufrió el Ministerio de Educación el pasado mes de abril junto con el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el gobierno de Brasil ha asegurado que en la próxima ronda de recortes anunciada, por un total de 15.000 millones de reales (2.679 millones de dólares), el sector escolar esta vez saldrá indemne. La atención se centrará, por tanto, en la nueva reforma de la enseñanza superior aprobada en el Congreso la semana pasada y ahora sólo pendiente de ratificación por el presidente de la República Lula da Silva.

El principal cambio es el aumento de horas. Para la formación obligatoria, se pasará de las 1.800 horas actuales a 2.400. Hasta la fecha, las materias sólo se limitaban a portugués y matemáticas, además de educación física, arte, sociología y filosofía. A partir de 2025, se añadirán también inglés, ciencias naturales, geografía e historia. El español, en cambio, será optativo. Estados y municipios tendrán que empezar a adaptarse al nuevo sistema a partir de 2025. Como suele ocurrir con los grandes cambios, esta reforma también ha suscitado debate. Por un lado, los expertos destacan la importancia de haber aumentado el número de asignaturas obligatorias que permitirán a los estudiantes ampliar su formación. Por otro, hacer optativo el estudio del español se ve como una limitación a la integración regional con el resto de América Latina. La decisión de estudiarlo o no, sin embargo, no depende de los estudiantes sino de cada uno de los estados de Brasil, que decidirán en función de los fondos disponibles y de las necesidades territoriales.

En cuanto a la enseñanza superior técnica, aunque las 1800 horas actuales de asignaturas obligatorias han pasado a 2100, el total sigue siendo inferior al de los demás estudiantes, con el riesgo de una separación social más pronunciada. Las horas correspondientes a las materias técnicas se mantienen sin cambios. Sin embargo, si antes eran 1200, ahora 1200 es el límite máximo. Por tanto, un menor número de horas se considerará absolutamente legal. Por otro lado, ya no se permite la enseñanza a distancia, que ha sido criticada en varias ocasiones, especialmente durante la pandemia por la dificultad de muchas clases sociales para acceder a la tecnología necesaria para conectarse a Internet o disponer de ordenadores o tablets. Con la reforma, los cursos presenciales volverán a ser obligatorios, mientras que la enseñanza a distancia sólo se aceptará en casos excepcionales.

No es la primera reforma que experimenta Brasil y probablemente tampoco será la última. Retrocediendo un poco en el tiempo, basta recordar que en 2017, durante el gobierno de Michel Temer, se aprobó otra que entró en vigor en 2021, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Luego, una vez que asumió la presidencia, Lula decidió meterle mano nuevamente al sistema de educación superior, sobre todo en lo que respecta a las materias obligatorias. Pero los detractores de la reforma afirman que haber aumentado el techo de horas puede tener el indeseado efecto paradójico de acentuar las desigualdades sociales entre escuelas privadas y públicas. Esto podría ocurrir en los numerosos casos de escuelas que carecen de infraestructuras suficientes y de una formación del profesorado adecuada.

Una escuela en Brasil (EFE/Beethoven Delano/Archivo)

Sin embargo, hay una enorme necesidad de reformar el sistema escolar en Brasil, un país que en las clasificaciones del Programa de Evaluación de Estudiantes, el PISA, siempre ha obtenido resultados muy insatisfactorios. El pasado mes de septiembre, en la última clasificación, los estudiantes brasileños de 15 años obtuvieron notas aún más bajas que en 2018. Los datos divulgados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retrataron una realidad dramática, con el 70% de los estudiantes con un nivel muy bajo en matemáticas, en el puesto 65 en una clasificación de 85 países. Según la evaluación PISA, los jóvenes del gigante latinoamericano no alcanzan un nivel de competencia adecuado para “participar plenamente en la sociedad”, es decir, no pueden utilizar conceptos matemáticos para resolver problemas cotidianos. En cuanto a la competencia de lectura, pasaron de obtener 413 puntos en 2018 a 410 en 2022. La mitad de los estudiantes fueron evaluados por PISA en un nivel por debajo del básico, lo que significa que los adolescentes brasileños tienen dificultades, por ejemplo, para identificar información explícita en un texto.

Según la presidenta del Movimiento “Todos por la Educación”, Priscila Cruz, “los datos de PISA alertan sobre las políticas de enseñanza y de integración con la primera infancia”. Entre las contradicciones de la política brasileña está, de hecho, la de haber apoyado con becas y subsidios en los últimos veinte años sobre todo el tramo final del camino educativo, es decir, la universidad, mediante un mecanismo de cuotas raciales, no exento de polémica. El problema, en efecto, es que muchos estudiantes de la escuela pública no consiguen llegar a las universidades públicas (consideradas una excelencia del país donde se accede por concurso) porque existe un desfase educativo, sobre todo en los primeros años de la escuela. Las “cuotas por tanto para la universidad” han acabado alimentando un mecanismo que a menudo se ha convertido en un boomerang para quienes se benefician de ellas. Al no haber podido aprovechar un nivel educativo previo, la cuota blinda al estudiante en la universidad, pero luego, la mayoría de las veces, el mercado laboral vuelve a segregar, reconociendo una diferencia de preparación y ofreciendo, por tanto, puestos de trabajo más bajos y peor remunerados.

Sin embargo, a pesar de que a la hora de poner en marcha una reforma escolar está en juego el futuro de millones de jóvenes, la política está trasladando estos días el debate a un tema de facto menor, el de las escuelas cívico-militares. Se trata de un sistema escolar que abarca las escuelas primarias y secundarias introducido por el ex presidente Jair Bolsonaro con el Decreto 10.004 de 2019 para incentivar la participación de los militares en la gestión de los procesos pedagógicos y educativos del país. El decreto fue revocado en marzo de 2023 por el gobierno Lula con el argumento de que no había indicadores que determinaran la eficacia de este método. Pero ahora, montado en un clima electoral cada vez más polarizado, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos y ex ministro de Infraestructuras de Bolsonaro, ha decidido resucitar este sistema escolar, al menos en su estado.

La política está trasladando estos días el debate a un tema de facto menor, el de las escuelas cívico-militares. Se trata de un sistema escolar que abarca las escuelas primarias y secundarias introducido por el ex presidente Jair Bolsonaro (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Así, en mayo de este año sancionó una ley que autorizaba la implantación de este tipo de educación híbrida en el estado de San Pablo. Sin embargo, desde entonces, la ley ha sido ampliamente cuestionada en el Supremo Tribunal Federal (STF) por fiscales y partidos políticos. Incluso el ministro de Educación, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, ya ha declarado que este modelo de escuela cívico-militar es inconstitucional y que el gobierno estatal no tiene competencia para adoptarlo en sus escuelas. El argumento es, por tanto, divisivo y, según los expertos, desvía el foco del verdadero problema, que es la baja calidad del sistema escolar brasileño de base. Así que el gobierno ha decidido lanzar una consulta pública para las 302 escuelas del estado de San Pablo que han mostrado interés en adherirse a este modelo. Hasta el momento, sólo el 14,9% de los directores de la red pública del estado paulista han mostrado interés por la iniciativa.

En un escenario tan fragmentado, el reciente escándalo de corrupción en los comedores escolares, que estalló en el estado de Río de Janeiro, deja al descubierto toda la fragilidad de las escuelas públicas. El pasado 9 de julio, el secretario municipal de Educación de Belford Roxo, Denis de Souza Macedo, fue detenido por la policía federal acusado de liderar una trama delictiva para malversar más de 6 millones de reales (unos 1,1 millones de dólares) destinados a los comedores de las escuelas de su ciudad, tal y como estipula el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Además del delito, la gente señala ahora con el dedo la injusticia cometida con miles de alumnos de escuelas públicas, para quienes el comedor escolar es a menudo la principal comida del día, si no la única.

El programa nacional de alimentación escolar fue creado en 2009 por la ley 11.947 y ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el hambre en Brasil porque ha garantizado una comida al día a los alumnos más desfavorecidos. Lamentablemente, a lo largo de los años los escándalos relacionados con la malversación de fondos destinados a los comedores escolares se han sucedido sin tregua. En 2016, la Operación “Amanecer Blanco” destapó lo que los magistrados denominaron la “mafia de la merienda” en el estado de San Pablo, gobernado entonces por el actual vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin. Se trataba de una trama delictiva de sobornos, fraudes contractuales y sobrefacturación de productos agrícolas utilizados en comedores escolares en la que estaban implicados funcionarios de algunos municipios paulistas y de la Secretaría de estado de Educación. En aquella época, muchos estudiantes salieron a la calle para protestar y denunciar que, debido a esta trama, el arroz y las frijoles, plato básico de los brasileños, habían sido sustituidos por zumos y galletas.