Los últimos informes sobre centenares de muertes y torturas en las cárceles de El Salvador y la negación de Bukele ante la CIDH
Dos informes recientes recogen la muerte de unas 300 personas, la detención arbitraria de miles de menores y reportes de torturas en las prisiones salvadoreñas
“Fui testigo de cómo personas salían de las celdas en bolsas negras, de la negligencia de los médicos, que cuando alguien estaba enfermo solo decían ‘ponelo al sol, ya se le va a pasar”, denunció Zavala en declaraciones que dio a medios locales antes de presentar la denuncia.
Fidel Zavala hizo algo más: ofreció reconocer a los funcionarios a los que él acusa de cometer torturas y actos arbitrarios en las cárceles salvadoreñas. “Puedo reconocer a cada uno de los custodios, a los jefes y al director del centro penal”, dijo. En el escrito que presentó a la FGR, del que Infobae tiene copia, Zavala ofrece dar testimonio de “múltiples casos de tortura y abusos en Mariona y Camones (las dos cárceles en las que estuvo recluido)”.
Así cuenta, en el relato presentado a las autoridades, lo que vio en estas prisiones: “Es común que los custodios y jefes de cuadrilla en turno apliquen actos desde golpes con macana, patadas, esposar de pie en los postes de las canchas al privado de libertad y dejarlo sin agua, sin poder hacer sus necesidades fisiológicas, bajo el sol, en horas extremas y largas, desde las 6 de la mañana hasta horas de la madrugada del siguiente día…”
La narración también da cuenta de al menos una muerte presenciada “de primera mano”, según relatan los abogados que acompañaron a Zavala a hacer la denuncia: “Observó y vio un caso… que se identifica como muerte, debido a la golpiza que custodios y personal de centros penales realizan para obligar a personas detenidas a que acepten que son pandilleros cuando ya miles de veces les han dicho que no lo son”.
El testimonio de Fidel Zavala coincide con otros recopilados y publicados por Infobae, como el de Moisés Romero (este sí un nombre ficticio), un padre de familia que estuvo preso casi dos años por una acusación de asociaciones ilícitas que el gobierno no pudo probar y, al salir, conversó desde el anonimato de lo que había visto en Mariona, la principal cárcel del país. Unos meses después de que el régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022, contó Romero, a Mariona empezaron a llegar hombres viejos, de 60 años o más, a los que golpearon una y otra vez para que aceptaran que eran miembros de pandillas.
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En el caso de Fidel Zavala, la fiscalía salvadoreña no logró probar el crimen de estafa que le había imputado el 22 de febrero de 2022 y por el que, sin pruebas, lo mantuvo preso durante poco más de un año. El hombre obtuvo su carta de libertad en marzo de 2023. Dieciséis meses después, a pesar de la posibilidad real de sufrir represalias, Zavala reunió el valor para denunciar a sus carceleros y para hacer, con su nombre y apellido, con una denuncia formal ante la fiscalía que Bukele controla desde mayo de 2021, cuando sus diputados nombraron a un fiscal general leal al presidente.
La fiscalía de Bukele, mientras, insiste en condenarlo: a pesar de que los abogados de Zavala han probado su inocencia y de que ese veredicto ya fue confirmado por un tribunal de apelaciones, los fiscales han llevado el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Junto a Zavala también denunció Antonio Emilio Aguilar, un pescador al que soldados llegaron a traer a su casa en una zona rural para llevárselo preso sin mayores explicaciones. Aguilar también acusó de frente, con nombre y apellido, a uno de los funcionarios más poderosos del gobierno. “Estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue, porque no es posible que las autoridades estén fabricando casos. Por eso denunciamos al ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, de los delitos de coacción y actos arbitrarios”, dijo.
El acto de negación del gobierno salvadoreño
Ivania Cruz, una de las abogadas que representa a Fidel Zavala, contó a Infobae que su cliente se indignó cuando escuchó que Andrés Guzmán, un colombiano al que Bukele nombró comisionado gubernamental de derechos humanos en mayo de 2023, había negado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA (CIDH) que en El Salvador hay abusos carcelarios.
“Bueno, aunque me vuelvan a agarrar yo voy a hablar, en nombre de todos los que adentro siguen sufriendo”, dijo Zavala a su abogada. Y habló y denunció.
Fue el viernes 12 de julio pasado que el comisionado Andrés Guzmán, en representación de Bukele, volvió a negar a un cuerpo internacional que en El Salvador hay torturas. “Ni un solo caso. Ninguno”, insistió Guzmán ante los comisionados de la OEA y organizaciones no gubernamentales y periodistas salvadoreños que comparecieron, aquel día, a una audiencia ante la CIDH convocada por las denuncias de abusos en las cárceles salvadoreñas y de otro tipo cometidas por el gobierno de Bukele.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, se unió al alegato de Guzmán. Indignada, según confirmaron asistentes a la audiencia, la funcionaria negó y negó. “Estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad. El Salvador no es ni será bajo la actual administración un Estado autoritario y represivo”, espetó Hill.
Decenas de denuncias, las más recientes recogidas en sendos informes de la no gubernamental Cristosal y de Human Rights Watch (HRW), desdicen a la canciller Hill. Como la desdicen los testimonios y las denuncias penales de Fidel Zabala y Antonio Emilio Aguilar. O la historia de Karla Raquel García Cáceres, una menor que fue detenida sin pruebas, golpeada por militares y quien sufrió un legrado en la prisión a causa de esos golpes según reportes médicos independientes.
El pasado martes 16 de julio, HRW hizo público un informe titulado “Su hijo no existe aquí”, un extenso reporte que, basado en al menos 90 entrevistas, documenta los abusos cometidos contra menores durante el régimen de excepción de Bukele.
HRW denuncia, en su reporte, que unos 3,000 menores han sido detenidos en “redadas indiscriminadas” en el régimen de excepción, y de estos unos 1,000 han sido condenados, la mayoría sin más prueba que confusos reportes policiales. “Las autoridades los sometieron a malos tratos durante la detención que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura… Estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”, dice la organización internacional.
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Este informe también señala que los abusos se enmarcan en una situación de regresión democrática que atribuyen al gobierno de Bukele. “Desde que asumió el cargo en 2019, el presidente Bukele ha desmantelado las instituciones democráticas de El Salvador. El gobierno ha socavado sistemáticamente la independencia judicial, nombrando aliados en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República y presionando a jueces y fiscales para asegurar la detención continua de personas sospechadas por la policía de ser miembros de pandillas.”
En otro reporte, titulado “El silencio no es opción” y publicado a principios de julio, la organización Cristosal documenta, entre otras cosas, los efectos que el régimen de excepción ha tenido en las mujeres salvadoreñas. Cristosal recibió 3,643 denuncias de abusos carcelarios y denunció la muerte de al menos 261 personas mientras estaban bajo custodia del Estado salvadoreño.
Una de las muertes de las que da cuenta el informe de Cristosal es la de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad pública de Bukele y quien fue arrestado en agosto de 2023 bajo confusos cargos de revelación de información. Muyshondt fue uno de los pocos funcionarios del gobierno que denunció, en público y en privado, actos de corrupción que atribuyó a hombres fuertes del bukelismo como el secretario de prensa Ernesto Sanabria o el jefe de la fracción parlamentaria Christian Guevara; también denunció Muyshondt, por supuestas alianzas con el narcotráfico, al exdiputado Guillermo Gallegos, con cuyo partido, GANA, compitió Bukele la primera vez que corrió por la presidencia del país en 2019. El exasesor también murió privado de libertad en circunstancias no esclarecidas en febrero de 2024.
En su denuncia ante Rodolfo Delgado, el fiscal general de El Salvador, Fidel Zavala detalla que sus acusaciones están dirigidas a Osiris Luna, el director general de penales, y a los directores de las cárceles en Mariona (la más grande del país) y Santa Ana (en el occidente). También da, este denunciante, pistas de algunos custodios carcelarios involucrados en las torturas, de quienes brinda sus alias: Montaña, Sagitario, Cobra, Cazador, Cuervo, Rocky y David. Infobae consultó con un oficial de la inteligencia policial salvadoreña sobre esos sobrenombres; esta fue la respuesta: “todos sabemos quienes son… Osiris (Luna) sabe quiénes son…”
Hasta ahora, desde que inició el régimen de excepción y a pesar de las decenas de denuncias públicas, por las que ya se pronunciaron en sendos informes el Departamento de Estado en Washington y dos relatorías de la Organización de Naciones Unidas, el fiscal Delgado no ha abierto ninguna investigación al respecto. En 2023, la Oficina de la ONU para los derechos humanos, pidió al gobierno salvadoreño que levantara el régimen de excepción e investigara los abusos. Ninguna de las dos cosas ha sucedido.
En Washington y en al menos dos capitales de la Unión Europea, a raíz de los informes presentados por HRW y Cristosal, y de casos como el de Fidel Zavala o Alejandro Muyshondt, se han multiplicado las preguntas por el alcance real de los abusos y crímenes cometidos por el gobierno de Bukele en sus cárceles, según confirmaron a Infobae en la última semana dos diplomáticos europeos estacionados en la capital estadounidense.
“Las denuncias no disminuyen y más allá de las consideraciones diplomáticas, es cierto que no es una preocupación que desaparezca por lo que diga la canciller… al contrario, aumenta”, dijo uno de los diplomáticos, representante de un gobierno de Europa occidental, quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
Hasta hace muy poco, la mayoría de las denuncias de torturas y muertes carcelarias en El Salvador ocurrían desde el anonimato. Eso ha empezado a cambiar, como en los casos de Fidel Zavala y Emilio Aguilar. El primero, Fidel, ha dicho que está dispuesto a llegar hasta las últimas circunstancias: “Si yo salgo muerto de aquí es para bien, y si salgo vivo de aquí también es para bien. Voy hasta lo último”.
Ivania Cruz, su abogada, cree que la valentía de su cliente nació de la injusticia de haber estado preso sin razón, pero también del ostracismo al que la sociedad lo ha condenado -Fidel, un administrador de empresas, no ha podido conseguir trabajo tras su salida de prisión- y de la indignación de pensar en lo que quienes aún están encarcelados siguen sufriendo. “Él no ve que haya otra opción que hablar, él sigue siendo víctima de hostigamiento, de persecución de la Fiscalía”, asegura Cruz.
