Ecuador: el ex vice Jorge Glas continuará en una prisión de máxima seguridad luego de que le rechazaran el traslado a casa de su madre
El ex ladero de Rafael Correa tiene dos sentencias firmes por corrupción y es investigado en otros casos
El Servicio de Cárceles y el Ministerio de Salud demostraron ante el juez que no se ha vulnerado el derecho a la salud de Glas por lo que el magistrado decidió negar el pedido del ex vicepresidente. Asimismo, la Procuraduría General del Estado presentó un informe sobre el cumplimiento medidas cautelares internacionales ante la Comisión Interamericana, que están vigentes desde el 2019. El informe mostró, con fecha del 28 de junio, que el Ecuador ha cumplido con todas las medidas necesarias para garantizar la salud del ex vicepresidente.
La audiencia se instaló el 3 de julio y se resinstaló este lunes. El pasado miércoles, Glas aseguró que no tiene contacto con sus abogados, que el 9 de abril intentó suicidarse –en una de cuatro ocasiones– al ingerir 60 pastillas y dijo que está en huelga de hambre desde que fue encarcelado, según recogió La Hora. Sin embargo, un informe oficial al que tuvo acceso Primicias reveló que Glas es un “paciente estable, con buena implantación de cuero cabelludo, activo, afebril y orientado”. Las autoridades, durante la audiencia de este lunes, indicaron que Glas no está incomunicado y que ha tenido acceso a sus abogados, por ejemplo.
Glas, así como otros miembros del partido de Rafael Correa que son requeridos por la justicia, se han calificado como perseguidos políticos. Bajo este argumento, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador le concedió asilo el pasado 5 de abril, unas horas antes de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaran sin autorización a la Embajada de México en Quito. El presidente Daniel Noboa ha reiterado que esa acción, que obligó a la ruptura de relaciones con México y que llevó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, era necesaria. A pesar de los argumentos de Noboa, en el congreso, la bancada correísta –la primera minoría del parlamento– ha iniciado un juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. El correísmo acusa a la ministra de incumplimiento de funciones al permitir la intervención de la Policía en la sede diplomática.