Urge una investigación internacional del supuesto golpe de Estado en Bolivia

Si esto fue un fraude, como todo parece indicar, se trata de “terrorismo de Estado”

Carlos Sánchez Berzain

Infobae

El mundo fue sorprendido este 26 de junio con un anuncio de “golpe de estado” en Bolivia, que duró unas horas y que terminó con el supuesto golpista declarando que había “cumplido el pedido del presidente Luis Arce”. Un gobierno controlado por el socialismo del siglo 21, con más de 300 presos políticos, con crisis económica, social y política, señalado como narcoestado y sin ningún elemento esencial de la democracia, logró que la prensa y los gobernantes del mundo “defiendan la democracia boliviana” y apoyen a su presidente. Esta puesta en escena ya repudiada por el pueblo boliviano urge una investigación internacional independiente.

Golpe de Estado es la “toma y destitución del gobierno y los poderes de un Estado, es una toma ilegal del poder”. El intento es el “propósito, la intención o el designio” de hacer algo, en este caso un golpe de Estado. Jurídicamente, la tentativa está comprendida en el artículo 8 del Código Penal de Bolivia como “el que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad…”. Para que haya golpe o intención tienen que pedir por lo menos la destitución del gobierno, lo que no se escuchó.

El General Juan José Zúñiga Macías, Comandante General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia designado por Luis Arce Catacora, declaró el lunes pasado que si Evo Morales insistía en ser candidato para las elecciones de 2025 lo apresaría, con lo que se puso públicamente en apoyo de Arce en su disputa con Morales, en violación al principio de que las fuerzas armadas, sus miembros activos, y menos sus mandos, deliberan ni participan en política.

El marco de referencia en que estos hechos suceden es el de una gran y creciente crisis económica en Bolivia: han desaparecido los dólares que son reclamados por la ciudadanía que paga ahora hasta más del 30% del valor oficial en el mercado negro y subiendo; no hay provisión de gasolina ni de diésel; las reservas internacionales son casi nulas; el gobierno está echando mano a la malversación de los fondos privados de pensiones de jubilación que son propiedad privada de los bolivianos; no hay inversión externa privada; se produce el entreguismo de los recursos naturales de litio, uranio, oro y otros a Rusia, China e Irán; los precios de la canasta familiar suben; y no se conoce con exactitud el total de la deuda externa que, con la deuda interna, posiblemente superan el PIB.

Hay crisis social generada por la disminución de los ingresos, la confrontación racial, regional y generacional promovida por el régimen, las disputas por los cargos públicos porque el Estado es el principal empleador, los reclamos de sectores como sindicatos, autotransporte y organizaciones ciudadanas que se movilizan y realizan paros y bloqueos ante la incapacidad del gobierno de atender sus pedidos, y más.

Políticamente -además de los presos y exiliados políticos, la concentración total del poder y la inexistencia de estado de derecho- la crisis que se expresa en la disputa cada vez más publicitada entre Luis Arce y Evo Morales, que pelean por cuál de los dos será el candidato en las elecciones presidenciales de 2025. Morales y Arce han sido varias veces llamados y reunidos en La Habana y en Caracas (con diversos pretextos) para avenirse y cesar este conflicto sin resultados aparentes, pero las agresiones no han impedido que Arce garantice la impunidad de Evo Morales, acusado desde pedofilia hasta narcotráfico, corrupción, masacres sangrientas, falsificaciones y más.

El presidente boliviano, Luis Arce, a la izquierda, y el ex mandatario Evo Morales en una marcha en El Alto, Bolivia, el 29 de noviembre de 2021 (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El respaldo a la gestión de Luis Arce está indicado por CID Galup como el tercer más bajo de la región, por encuestas de mayo 2024 que dan el 18% de aprobación a Arce. La celebración de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay brinda un escenario de resonancia inmediato a cualquier suceso extraordinario, como un “golpe de Estado”.

El General Zúñiga con equipo militar y tanquetas llega a la puerta de Palacio de Gobierno y pide “el cambio de gabinete y la liberación de presos políticos” entre otras confusas solicitudes, pero nunca pide el cambio de gobierno o el retiro del presidente, ni expresa su intención de tomar el poder. Arce es visto en la puerta de Palacio supuestamente enfrentando al General sin que suceda ninguna acción de presión o de fuerza y ordenándole que se retire, lo que finalmente sucedió. Cuando Zúñiga es detenido declara que había realizado este movimiento a pedido de su presidente Arce. Todo acontece en menos de 6 horas.

Los efectos de esta bochornosa situación son graves porque generaron la inmediata cobertura internacional como “golpe de Estado” a hechos que cuanto menos se sospechan y son señalados como farsa, y lograron la solidaridad y respaldo a la “democracia boliviana y al presidente Arce” por parte de gobiernos e instituciones democráticas. Como no hay elementos de golpe de Estado y ni siquiera de tentativa, si esto fue un fraude, como todo parece indicar, se trata de “terrorismo de Estado”, esto es la “comisión de delitos desde el gobierno para generar miedo en la población y así lograr conductas que de otra forma no se conseguirían”.

La realidad urge a los gobiernos e instituciones democráticas a una investigación internacional de los hechos, porque el sistema en Bolivia no ofrece ninguna garantía de investigación real e idónea. La OEA, que aún sesiona en Paraguay, debería ocuparse activamente del tema que afecta su credibilidad.