Un fiscal argentino pidió la detención del ex presidente de Myanmar y 24 militares por genocidio y delitos de lesa humanidad
Guillermo Marijuan investiga los crímenes aberrantes cometidos contra la comunidad rohingya, desde violaciones de niñas a quema de aldeas y “matanzas”. Es la minoría étnica más perseguida del mundo
Marijuán se basó en el principio de jurisdicción universal para llevar adelante la investigación. Esto permite que los tribunales de un país ejerzan jurisdicción sobre crímenes graves de derecho internacional, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o las víctimas, tal como dispone el Estatuto de Roma.
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Ese tratado internacional fue firmado en esa ciudad italiana el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002.
En la actualidad, 123 países de cinco continentes son parte del Estatuto de Roma. De todos modos, hay estados como China, Rusia, Estados Unidos e India no son parte.
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Ahora será la jueza federal María Servini quien deberá decidir si da curso a la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal. En ese caso, se librarán las capturas internacionales, se generarán las alertas rojas de Interpol y, en caso de ser detenidos, en el marco de la causa “8419/2019 (Coirón 49896/2019), caratulada “N.N. s/ tortura y otros” se iniciará el proceso de extradición y el juicio se realizaría en los tribunales federales de Argentina.
La denuncia en los tribunales de Comodoro PY fue formulada el 13 de noviembre de 2019 por Maung Tun Khin, presidente de “Burmese Rohingya Organization UK” (BROUK). La impactante acusación incluye matanzas, violaciones grupales y destrucción de aldeas, forzando a los rohingyas a huir a Bangladesh.
Los rohingyas son una minoría étnica predominantemente musulmana. Antes de la crisis de 2017, se calcula que un millón de rohingya vivían en Birmania. En agosto de 2018, más de 723.000 refugiados rohingya habían huido a Bangladesh. Muchos se asentaron en el campamento de refugiados de Kutupalong, ahora el más grande del mundo. Las huidas del país han continuado.
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Genocidio y crímenes de lesa humanidad
Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que todos los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Se niega a reconocerlos como ciudadanos, lo que en la práctica los convierte en apátridas.
En la denuncia fiscal, de 109 fojas, se describe que viven en condiciones deplorables debido a la discriminación sistemática. Están prácticamente segregados del resto de la población, no pueden circular libremente y tienen un acceso limitado a la asistencia médica, la escuela y el empleo.
Una de las razones invocadas por Maung Tun Khin para que los brutales crímenes de lesa humanidad se investiguen en la Argentina es que en ese país “no existe un ámbito judicial adecuado para investigar estos crímenes a nivel nacional”.
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En su carácter de presidente de la sociedad civil BROUK manifestó “que las políticas de estado llevadas a cabo entre 2012 y 2018 habían implicado prácticas sistemáticas de discriminación y violaciones a los derechos humanos, incurriendo así en la comisión de crímenes contemplados en el Estatuto de Roma (Ley 25.390)”.
Entre los delitos relatados contra la comunidad rohingya en aquel territorio, incluyen “matanzas masivas e indiscriminadas mediante la aplicación de métodos crueles e inhumanos, violación grupal de mujeres, niñas y niños y la destrucción casi total de sus pueblos y aldeas mediante incendios intencionales, entre otros métodos empleados para discriminar en forma sistemática a dicha comunidad, coartando la libertad de movimiento y de expresión de sus integrantes y vulnerando sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Esas atroces conductas “implicaron el encierro de los rohingya en guetos a lo largo del estado de Rakhine, forzándolos a escapar desde Myanmar hacia Bangladesh por senderos peligrosos e inaccesibles”.
Maung Tun Khin le reveló a Marijuán que tanto él como su familia habían huido de Myanmar en 1990, debido a la represión sufrida por los rohingya en manos del ejército birmano (por Birmania, actual Myanmar), solicitando así que su organización, BROUK, sea tenida como parte querellante.
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Posteriormente realizó una nueva presentación, junto a seis víctimas de la comunidad rohingya., quienes manifestaron su interés en brindar declaración testimonial en el marco de este proceso penal, solicitando ser tenidas como querellantes. Por otra parte, diversas asociaciones de víctimas rohingya, dirigidas por Eva Buzo, Kate Gibson y Clare Brown- se presentó en el expediente como “amicus curiae” o “amigo del tribunal”, a fin de realizar aportes de trascendencia a este proceso.
Maung Tun Khin ratificó sus dichos ante la jueza Servini y volvió a remarcar “la necesidad de investigar las operaciones de limpieza llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Myanmar entre agosto y septiembre de 2017, en cientos de aldeas, pero principalmente en: Min Gyi (Tula Toli), Maung Un, Chut Pyin, Gudar Pyin y aldeas de la comarca de Tank Kauk Koe”.
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La situación de Myanmar
En su prolijo y detallado relato, Guillermo Marijuan recordó que: “La República de Myanmar, ex Birmania según su antigua denominación, se ubica en el sudeste de Asia y cuenta con más de cien grupos étnicos, habiéndose independizado del Reino Unido en el año 1948″. También destacó que: “La mayoría de sus habitantes pertenece a la etnia bamar, que profesa el budismo, pero debido a que la población del país es multiétnica, las tensiones y disputas territoriales y políticas entre la mayoría bamar y otras minorías, desarrollaron brazos armados, provocando focos de guerra internos, poniendo así en peligro la unidad territorial del Estado”.
En ese contexto, desde el año 1962, una sucesión de gobiernos militares ha gobernado aquel país. En 2008, se aprobó una nueva Constitución, diseñada por los militares para mantener su papel preponderante en la política, a partir de la cual se estableció un sistema de Gobierno con componentes militares y civiles”.
En el año 2015, la Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones presidenciales y un gobierno dirigido por dicho partido tomó posesión el 31 de marzo de 2016.
Marijuán también destacó que: “Si bien los sucesivos gobiernos han hecho gestos hacia acuerdos de paz, las hostilidades no han cesado, lo que demuestra que, en aquel país no hay una identidad nacional unificadora, mientras que el resentimiento contra la dominación de los budistas bamar, no ha hecho más que crecer” y mencionó que: El régimen militar ha construido 8 grupos étnicos principales, que se desglosan además en 135 ‘razas nacionales’.
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Myanmar ha sido motivo de preocupación para las Naciones Unidas durante 30 años, con acciones de repudio en torno a las sucesivas violaciones a los derechos humanos, reportadas desde 1991.
Durante tres décadas, los sucesivos Relatores Especiales de ese organismo, han llegado a la conclusión de que “las prácticas gubernamentales y militares de vulneración de derechos humanos, han sido generalizadas y sistemáticas, opresión sistémica y persecución de los rohingya”.
En noviembre de 2012, el partido Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) citó a Adolf Hitler en una publicación oficial, sosteniendo que “los actos inhumanos” a veces eran necesarios para “mantener una raza”.
Marijuan aclaró que: “Ante estos acontecimientos, las fuerzas de seguridad de Myanmar no intervinieron para poner fin a la violencia, sino que participaron activamente en ella. Así, hirieron, mataron y torturaron a los rohingya y destruyeron sus propiedades”.
Un testimonio clave
Para el fiscal federal argentino resultó relevante la declaración testimonial de un ex militar del ejército de Myanmar identificado como P-1800 (a quien se le reservó la identidad por motivos de seguridad). El ex uniformado relato que desertó del ejército de Myanmar, conocido como el Tatmadaw después del golpe de estado de 2021. Afirmó que: “Su deserción fue un proceso largo y peligroso, culminando en su escape a Tailandia y posteriormente a Ginebra. Durante este tiempo, sus familiares en Myanmar fueron arrestados y sometidos a interrogatorios por parte del ejército”.
Una vez en Ginebra, P-1800 decidió colaborar con el Mecanismo de Naciones Unidas, proporcionando una declaración exhaustiva que luego ratificó ante la Fiscalía de Marijuán a través de una videoconferencia.
También reveló que: “Trabajaba en el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de los Servicios de Myanmar (DSSTRC) y nunca participó en combates armados ni en operaciones contra los rohingya”.
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Sin embargo, su testimonio proporcionó información valiosa sobre la estructura y actuación del ejército. Precisó que durante sus estudios en la Escuela de Estado Mayor en 2018, tuvo conversaciones con militares que participaron en las operaciones contra los rohingya en el estado de Rakhine. Dijo que sus superiores le prohibieron usar el término “rohingya” en el ejército, refiriéndose a ellos como “bengalíes” o “kalar”, términos despectivos para los musulmanes. Esto reflejaba la creencia de que los rohingya eran extranjeros provenientes de Bangladesh y no una comunidad legítima en Myanmar.
Sobre las acciones militares el testigo relató que: “Los militares recibieron órdenes de disparar a las multitudes rohingya, incluyendo mujeres y niños, durante las operaciones de despeje”.
Para Marijuán este testimonio es crucial para entender la mentalidad y las acciones del ejército de Myanmar en relación con la persecución de los rohingya y forma parte de la evidencia utilizada para formular las imputaciones de delitos de lesa humanidad y genocidio.
El pedido de detención
El fiscal Guillermo Marijuán imputa a las autoridades y ex funcionarios de Myanmar varios delitos de lesa humanidad cometidos contra la comunidad rohingya. Entre ellos destacan:
Genocidio: “Actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a la comunidad rohingya, como asesinatos masivos y violaciones”.
Crímenes de lesa humanidad: “Asesinatos sistemáticos de miembros de la comunidad rohingya. Violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas de manera generalizada y sistemática. Persecución y discriminación sistemática basada en la identidad étnica y religiosa de los rohingya. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Tortura y otros tratos inhumanos”.
Otros crímenes graves: “La destrucción intencionada de aldeas rohingya mediante incendios. La creación de condiciones de vida inhumanas en guetos para la población rohingya en el estado de Rakhine, que llevaron a un éxodo masivo hacia Bangladesh”.
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Basado en los testimonios aportados en el expediente y la identificación de los presuntos responsables de esos atroces delitos el fiscal federal solicitó la detención y declaración indagatoria de:
Htin Kyaw - Presidente de Myanmar (marzo de 2016 a marzo de 2018).
Aung San Suu Kyi - Consejera de Estado de Myanmar (abril de 2016 a febrero de 2021).
Min Aung Hlaing - Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Soe Win - Vicecomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Mya Tun Oo - Oficial militar.
Khin Aung Myint - Oficial militar.
Aung Kyaw Zaw - Comandante del Comando Occidental.
Maung Maung Soe - Excomandante del Comando Occidental.
Sunny Ohn - Oficial militar.
Hla Myint Soe - Oficial militar.
Aung Zeya - Oficial militar.
Khin Maung Soe - Oficial militar.
Aung Aung - Comandante de la 33ª División Ligera de Infantería.
Than Oo - Comandante de la 99ª División Ligera de Infantería.
Kyaw Zwa - Oficial militar.
Ba Kyaw - Oficial militar.
Ya Zaw - Oficial militar.
Thein Aung - Oficial militar.
Kyaw Swe - Oficial militar.
Aung Win Oo - Oficial militar.
Thura San Lwin - Oficial militar.
Chan Aye Kyaw - Oficial militar.
Chit Ko Ko - Oficial militar.
Aung San Mya - Oficial militar.
Shaw Shaw/Kyaw Shay - Oficial militar.
A partir de ahora, será el titular del Juzgado Federal N°1, María Servini quien decidirá el impacto internacional que tendrá el expediente impulsado por Guillermo Marijuán.
