Los pueblitos millonarios con vecinos pobres del norte de Chile: corrupción, votantes foráneos y viajes pagos para funcionarios

El gobierno nacional les envía partidas enormes por su situación de aislamiento pero el dinero se dilapida

En cada uno de estos pueblos, el presupuesto municipal per cápita supera los $2.740.000 anuales (USD 2,950), llegando a los $22.600.000 (USD 24 mil) en la comuna de Ollagüe, caserío que apenas supera los 300 habitantes.

A modo de comparación, en la ciudad de Antofagasta – capital de la región del mismo nombre –, el presupuesto municipal anual per cápita el año pasado fue de $420.000 (USD 452).

Sin embargo, dichos recursos - que son enviados desde Santiago y son más altos precisamente porque estas comunas son muy pobres y se encuentran enclavadas en recónditos lugares -, no han mejorado la calidad de vida de los lugareños, ni convertido a estos pueblos en comunas “modelo”, ni menos evitado el éxodo de sus habitantes. Es más: en siete de ellos los índices de pobreza son superiores a la media nacional y en lugares como Colchane, más del 80% de los hogares carecen de algún servicio básico.

“Sabemos que acá hay harta plata, pero no se nota”, acusó Elizabeth Urrelo, ollagüina de nacimiento, quien aseguró que hay gente que no tiene baños en sus casas y que el alcantarillado del pueblo está colapsado. “¿Siente el olor en las calles? Es por el problema que tenemos con la alcantarilla, pero las prioridades de la municipalidad están en otros temas”.

Y es que en Ollagüe, según los vecinos, jamás han podido elegir a un alcalde que sea habitante del pueblo.

Los mayores problemas, dicen los vecinos, son el acarreo electoral y la corrupción municipal.
Los mayores problemas, dicen los vecinos, son el acarreo electoral y la corrupción municipal.

El acarreo

Manuel Pereira, presidente de un club de adultos mayores de Huara, aseguró que “en las elecciones vemos buses que vienen con votantes desde Alto Hospicio, de Iquique, de Arica… Nuestras prioridades están en que mejore la salud y la educación, pero si otros votan por nosotros, es difícil que las autoridades se enfoquen en lo que los huarinos necesitamos”.

Angélica Tito, dirigente vecinal de Huara, explicó por su parte que “de los actuales concejales, solo tres son habitantes de la comuna. Eso genera que las prioridades que ellos tienen, no coincidan con las de los huarinos. Los que vienen a votar desde afuera hacen un tremendo daño, porque ellos se van, pero somos nosotros los que nos quedamos viviendo acá”.

En Sierra Gorda, por ejemplo, desde el año 2004 se han abierto 259 causas por acarreo electoral, aunque ningún político ha sido sancionado hasta ahora. El juicio más importante fue en 2016, cuando 181 personas fueron acusadas de inscribirse para vota en ese municipio, descubriéndose que estaban anotados en direcciones inexistentes o en bodegas abandonadas.

Misma situación se dio en Colchane cuando se reveló que en la calle “Colchane sin número” había 191 personas inscritas, lo que se tradujo en una masiva querella del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Colchane es además la puerta de entrada para miles de migrantes ilegales.
Colchane es además la puerta de entrada para miles de migrantes ilegales.

Viajes con dinero público

Los vecinos acusaron que el otro gran problema son los continuos viajes que realizan sus autoridades. “Con los viajes compran a los concejales para que no fiscalicen”, aseguró Miguel Aballay, dirigente del Comando de Defensa de Camiña. Ya en 2019, la Contraloría había advertido irregularidades en los viajes de los concejales de dicha comuna, como una pasantía deportiva en el Cusco que derivó en turismo.

En 2023 el alcalde de Colchane, Javier García, viajó a Miami a un encuentro sobre Democracia y Desarrollo y luego a República Dominicana junto a seis concejales, por una semana, a una capacitación sobre turismo. En 2022 además hizo dos viajes a Iquitos, Perú, también por temas relacionados con turismo.

En 2018 un informe de Contraloría reveló que Camarones era la comuna con los concejales más “viajeros”. La investigación arrojó que los viajes los vendía al municipio Víctor Altina, hermano del concejal Gabriel Altina, quien se comprometió a devolver $62 millones de pesos (USD 66 mil) al municipio, pero en 2.087 cuotas mensuales de $30 mil (USD 32) y terminará de pagar en 174 años.

Finalmente, en la comuna de Sierra Gorda, los ya condenados a pagar por viajes sin debida justificación al extranjero sencillamente no han devuelto el dinero defraudado. “Wladimir Fernández y Carlos Sepúlveda son dos concejales en ejercicio que no han devuelto los fondos, a pesar de la sentencia judicial”, remató Manuel Ramírez, querellante en este caso.

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