La Casa Blanca aseguró que el cierre de la frontera con México es decisivo para la seguridad de los Estados Unidos
Funcionarios de la Administración de Joe Biden explicaron que se trata de una medida temporaria para intentar resolver los programas migratorios, dada la falta de acuerdo con los congresistas
La norma establece que las autoridades estadounidenses podrán deportar a quienes no superen unos estrictos estándares que los oficiales implementarán cuando la cifra de solicitantes de asilo por día supere las 2.500, durante un período de siete días. Estará vigente desde hoy y se relajará una vez que el número disminuya hasta los 1.500 en una ventana de 14 días en promedio.
Las excepciones se reservarán para casos realmente de esta naturaleza -niños no acompañados, víctimas del tráfico, situaciones humanitarias, emergencias médicas, amenazas de vida- y los procesados para deportación acelerada solo serán remitidos para una reevaluación por peligro si éstos lo manifiestan.
La medida no alcanza a quienes soliciten un turno por medio del sistema CBP1 o quienes cuenten con un parole humanitario.
“El Presidente está comprometido en seguir tomando acciones, ya sea mediante el Congreso o sus autoridades, para garantizar que la frontera se mantenga segura y arreglemos nuestro sistema migratorio”, explicó Emily Mendrala, asistente adjunta del Presidente y Asesora Principal para Migración y Coordinación de la Frontera Suroeste, aunque resaltó que “Biden hizo un llamado al Congreso pero en los últimos tres años éste no actuó”.
“Los republicanos pusieron su política partidista por encima de nuestra seguridad nacional y el Presidente tomó acción”, agregó.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, sumó que para garantizar la puesta en marcha urgente de la medida se ordenaron “despliegues récord” de personal, infraestructura y tecnología a las fronteras, junto con una “expansión histórica” de canales legales para fomentar que las personas opten por una opción migratoria segura y ordenada.
Asimismo, se otorgó a la Justicia mayores atribuciones para poder atender los casos con rapidez y poder realizar las deportaciones en cuestión de horas.
Estados Unidos registró un fuerte aumento en las solicitudes de asilo en la frontera con México desde 2020 y está en uno de sus puntos más altos; sólo en el último año se ha expulsado a más de 750.000 personas más que en cualquier otro momento desde 2010.
Si bien se ha estado trabajando en estos años por contener el problema internamente, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó que es fundamental que estas acciones sean acompañadas por los países de la región, ya que se trata de un problema colectivo. En ese sentido destacó dos casos -el de México y el de Nicaragua- así como el accionar del secretario de Estado, Antony Blinken.
Jacobstein alertó de las maniobras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes junto a aerolíneas chárter, oficia de nexo en las rutas entre los respectivos países y la frontera sur en México, para fomentar la llegada de los migrantes irregulares y, a su vez, sacar un beneficio económico.
“Tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo que Nicaragua crea. Vamos a seguir con medidas tanto contra el régimen como contra las aerolíneas chárter que forman parte de estas redes”, dijo al comentar que ya se han emitido restricciones de visado a los ejecutivos de estas empresas.
En tanto, agradeció el trabajo conjunto realizado con el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien “ha sido un socio muy importante” y ha tomado medidas importantes para controlar los flujos y, a su vez, impulsar el desarrollo de la región y proveer vías legales para que muchos de estos migrantes tengan opciones dentro de este país.
Así, agradeció también los esfuerzos de Blinken, quien trabaja por los canales diplomáticos con muchos funcionarios del caribe para brindar asistencia crítica a los más necesitados, así como para impulsar el crecimiento y fortalecimiento de sus economías y democracias, como lo fue la Declaración Sobre Migración y Protección de Los Ángeles, en junio de 2022.