Interna en Bolivia: el gobierno de Arce acusó a Evo Morales de generar una “crisis estructural” para imponer su candidatura

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el ex mandatario boliviano está dispuesto a bloquear la economía y a convulsionar el país “con tal de garantizar su candidatura a las buenas o a las malas”

Infobae

El Gobierno de Bolivia acusó este sábado al ex presidente Evo Morales (2006-2019) de buscar una “crisis estructural” con el anuncio de bloqueos de caminos y acortar el mandato de Luis Arce, para “imponer” su candidatura en los comicios presidenciales de 2025.

Los bloqueos que tiene planificados Evo Morales son un golpe a la economía, un cerco a las ciudades, una asfixia a la producción que apunta a desabastecer de combustible y alimentos a las ciudades”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

En las últimas semanas, Bolivia sufrió el incremento de algunos alimentos como el tomate, cebolla y arroz, que el Gobierno atribuyó a la “especulación” e “intereses políticos personales”.

Prada, en un pronunciamiento en la Casa de Gobierno en La Paz, sostuvo que Morales pretende “generar un escenario de crisis estructural” para “acortar el mandato” de Luis Arce.

Evo Morales está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país, para imponer su candidatura a las buenas o a las malas”, indicó Prada.

Los partidarios de Morales, quien también es líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), advirtieron que iniciarían los bloqueos de caminos en caso de que Arce no promulgue la Ley 075, que destituye a los magistrados de los altos tribunales del país.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el ex mandatario boliviano “está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país, para imponer su candidatura a las buenas o a las malas” (EFE/Jorge Ábrego)
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el ex mandatario boliviano “está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país, para imponer su candidatura a las buenas o a las malas” (EFE/Jorge Ábrego)

El plazo que fijaron los partidarios del ex mandatario venció el jueves, por lo que insinuaron con aplicar medidas de presión para lograr la promulgación de la norma.

La ley fue aprobada por el Legislativo hace unos días en una polémica sesión en la que participaron los legisladores “evistas”, afines a Morales, junto a bancadas de los partidos de oposición Comunidad Ciudadana y Creemos. Mientras que el bloque “arcista”, afín al mandatario Arce, estuvo ausente y denunció la ilegalidad de esa reunión.

Esta semana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró “nulos” los actos en la sesión parlamentaria que presidió el senador “evista” Andrónico Rodríguez, cuando el presidente nato del Legislativo y vicepresidente del país, David Choquehuanca, asumió como mandatario en ejercicio por el viaje de Arce a Rusia.

La ministra Prada remarcó que “los bloqueos que ha organizado Evo Morales no tienen que ver con los magistrados”.

Previamente, los representantes del transporte pesado nacional e internacional anunciaron una huelga el jueves 27 de junio para que el Gobierno solucione la falta de dólares, el aumento de los precios de los alimentos y la falta de combustibles, junto a otros pedidos sectoriales.

Al respecto, Prada dijo que “el diálogo siempre estuvo y estará abierto para los sectores que busquen hacer conocer sus demandas” al Gobierno y que “no se presten a la intención de Evo Morales de bloquear” al país.

Los partidarios de Morales, quien también es líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), advirtieron que iniciarían los bloqueos de caminos en caso de que Arce no promulgue la Ley 075, que destituye a los magistrados de los altos tribunales del país (EFE/ Luis Gandarillas)
Los partidarios de Morales, quien también es líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), advirtieron que iniciarían los bloqueos de caminos en caso de que Arce no promulgue la Ley 075, que destituye a los magistrados de los altos tribunales del país (EFE/ Luis Gandarillas)

La semana pasada, Bolivia anunció el despliegue de militares en estaciones de gasolina y diésel en todo el país para combatir el contrabando de esos combustibles que importa y vende a precios subsidiados.

El gobierno de Luis Arce movilizó un contingente de 880 soldados para vigilar 120 puntos de distribución, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, junto a funcionarios de la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según datos de la ANH, en Bolivia hay instaladas unas 700 gasolineras.

La medida apunta a “establecer el control de diferentes estaciones de servicio (de gasolina y diésel) en áreas urbanas, como también en la frontera del país, con efectivos militares”, sostuvo Vargas en la ciudad de Tarija, en límites con Argentina.

Con “las Fuerzas Armadas hemos comenzado a realizar un control más estricto, principalmente con lo que se ha denominado el contrabando”, añadió.

A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional extendió sus funciones y el de los magistrados de altos tribunales del país para evitar “un vacío de poder” hasta que se efectúen los comicios judiciales.

Prada, en un pronunciamiento en la Casa de Gobierno en La Paz, sostuvo que Morales pretende “generar un escenario de crisis estructural” para “acortar el mandato” de Luis Arce (EFE/Luis Gandarillas)
Prada, en un pronunciamiento en la Casa de Gobierno en La Paz, sostuvo que Morales pretende “generar un escenario de crisis estructural” para “acortar el mandato” de Luis Arce (EFE/Luis Gandarillas)

También resolvió que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y que en el país se aplica “una única vez” de forma continua o discontinua. Lo que afecta a Morales que busca ser candidato por el MAS en 2025, pero que ya gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

Esto causó a principios de año que los grupos afines a Morales realicen fuertes bloqueos de caminos de 16 días que se levantaron tras un acuerdo multipartidario que derivó en una nueva convocatoria a las elecciones judiciales en febrero, un proceso que está estancado en el Parlamento, junto a la aprobación de las “leyes antiprórroga” de los magistrados.

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