Uruguay aprobó en una ley que hace público el acceso a toda la documentación sobre la dictadura
Son miles los documentos sobre el período de represión que se acumulará en el Archivo General de la Nación. La izquierda votó en contra del proyecto
El Frente Amplio votó en contra de la propuesta.
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En la exposición de motivos del proyecto de ley, el gobierno reafirmó su “más férreo compromiso con la transparencia” y consideró necesario “acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos requisitos y exigencias”.
El Ejecutivo uruguayo busca con este impulso facilitar el acceso de los archivos que están en poder del Estado sin restricciones y utiliza como ejemplo al denominado “Archivo Berrutti”, que reúne 1.500 rollos de microfilms, cada uno con miles de páginas en promedio.
Este archivo contiene diversos tipos de documentos –que van desde 1968 hasta 2004–, entre los que hay informes militares y los microfilms que fueron producidos por el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), la actual Dirección Nacional de Inteligencia del Estado.
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En los rollos también hay actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, fichas personales producidas por la SID o por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), según publicó el Sitio de Memoria Uruguay. También contiene recortes de prensa, solicitudes de información, órdenes de capturas, transcripciones y reproducciones de publicaciones incautadas.
Pero más allá de estos documentos, la ley aprobada apunta a recopilar todos los documentos referidos a esa época en el Archivo General de la Nación. El texto establece que su acceso será libre aunque se podrá mantener en reserva los datos vinculados a la vida privada y al entorno familiar de los individuos, así como otras informaciones que puedan ser consideradas sensibles.
El proyecto de ley había generado cuestionamientos en la izquierda. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la publicación “sin ninguna duda” estaría violentando la intimidad de las familias de las víctimas. “Los archivos tienen cuestiones en las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tiene información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez re victimizados”, declaró cuando se presentó el proyecto en Canal 12.
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La asociación de ex presos políticos Crysol, en tanto, también cuestionó la propuesta y manifestó en una carta su desacuerdo. En el texto le expresaron a García el “malestar” que sentían por el envío del proyecto de ley sin haberles informado previamente.
La organización recuerda que en la última dictadura hubo más de 20.000 ciudadanos privados de su libertad, que fueron “sometidos a interrogatorios bajo tortura o amenaza de ella ante la justicia militar. En esos encuentros se labraron actas, “sin asistencia legal ni garantías de ningún tipo”. “Son documentos sin ningún valor para siempre. Son expresión pura de terrorismo de Estado. Son documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”, dice la carta.
