Después del abandono de la meta fiscal, Brasil vuelve a temer el hambre y la pobreza
El gobierno decidió revisar el objetivo fiscal para 2025 a un déficit cero en lugar de un superávit del 0,5% del Producto Interior Bruto. La revisión se produce poco más de siete meses después de la aprobación del nuevo régimen fiscal, el llamado “arcabouço”
Esta crisis que se ha desarrollado en los últimos días ha desencadenado inevitablemente también una alerta social. Porque si el escenario continuara en esta dirección, el impacto sobre la población podría ser muy fuerte, con una expansión de la pobreza y un fuerte crecimiento de las desigualdades sociales y una penalización incluso de la clase media, como los profesores que están en huelga desde hace días. “El proyecto de ley del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aumenta los privilegios de los ya privilegiados jueces, fiscales y abogados, mientras los profesores universitarios y de secundaria están en huelga para exigir migajas”, escribe Eliane Cantanhêde en el diario O Estado de São Paulo. “Para la educación, recortes en nombre del ajuste fiscal. Para el poder judicial, hasta 42.000 millones de reales más al año (8.070 millones de dólares), con un aumento del 5% cada cinco años y sin respetar el tope salarial de la administración pública. El techo en Brasil está destinado a romperse”, detalló Cantanhêde.
El gobierno Lula, como hizo en mandatos anteriores (2003-2011), reacciona a los indicadores de miseria con la política de subsidios. Lo que surge de la foto tomada por el IBGE es la expansión del subsidio Bolsa Familia a segmentos más amplios de la población. El gobierno ha establecido un pago mínimo de 600 reales por familia (115 dólares), con un suplemento de 150 reales (29 dólares) por cada niño de cero a seis años, 50 reales (9,61 dólares) para las mujeres embarazadas, para el grupo de siete a 18 años y para los lactantes, para cubrir los gastos para los neonatos hasta seis meses de vida. De todas las familias brasileñas, el 19% recibió el subsidio Bolsa Família en 2023, es decir, casi una de cada cinco. Este es el porcentaje más alto jamás registrado y significa que 14,7 millones de familias viven actualmente de esta forma. En 2012, el porcentaje de familias con un beneficiario del programa Bolsa Família era del 16,6%. En 2019, el último año antes del estallido de la pandemia de Covid-19, el indicador fue del 14,3%.
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La pobreza en Brasil sigue asociada a otra cuestión importante, el hambre. El problema en estos momentos es que el país desconoce cuántas personas tienen realmente dificultades para alimentarse. Los últimos datos disponibles sobre inseguridad alimentaria en el gigante latinoamericano son de principios de 2022, durante el gobierno de Bolsonaro. Según la Red Penssan (la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria), el 28% estaba entonces en situación de inseguridad alimentaria leve, el 15,2% en situación moderada y el 15,5% en situación severa, lo que corresponde al hambre. Es decir 33 millones de personas, lo que suponía un aumento del 73% desde la anterior encuesta, realizada a finales de 2020. Hasta la fecha, el gobierno Lula no ha publicado ningún dato sobre su gestión de la lucha contra el hambre, aunque se ha comprometido a disminuir la cifra de 33 millones. Sobre todo, no ha fijado ningún objetivo concreto para 2023 debido, según dijo, a las “dificultades inherentes al proceso de planificación y reanudación de las políticas sociales durante el primer año de mandato”. Esta sería también la razón por la que el ministerio dice no haber publicado aún un informe. Sin embargo, basta con ir a un gran supermercado para comprobar que la cuestión del hambre sigue siendo una prioridad absoluta en el país. Las grandes redes de distribución siguen tirando toneladas de comida y sin poder donarla a ningún tipo de Banco de Alimentos como se hace en Europa porque nadie hasta ahora en el Congreso ha presionado para que se apruebe la llamada ley del Buen Samaritano, que elimina la responsabilidad civil y penal de los donantes en caso de que el receptor de la comida enferme o muera. Esta inercia impide a la industria alimentaria donar toneladas de alimentos, como las 139.000 que donó por ejemplo Italia el año pasado.
La paradoja es que Brasil es el mayor productor de alimentos del mundo. “El problema es el siguiente: Brasil es un gran productor de alimentos y tiene 33 millones de personas que padecen hambre. El hambre tiene múltiples causas y requiere estrategias científicas multidisciplinares”, explica Mariangela Hungria, investigadora de Embrapa, la Sociedad Brasileña de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, que acaba de publicar un libro titulado “Seguridad alimentaria y nutricional: el papel de la ciencia brasileña en la lucha contra el hambre”. “Este año tendremos una enorme caída de la producción debido a la sequía y al cambio climático. Debemos invertir en ciencia para tener plantas que resistan estas condiciones. Pero la lucha contra el hambre no es sólo cuestión de producción”, dijo Hungria. Las propuestas incluyen la inversión en agricultura sostenible y regenerativa para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos; la adopción de políticas de prevención de catástrofes y gestión de riesgos climáticos; incentivos para los pequeños agricultores; la adopción de una política de renta mínima para garantizar la seguridad alimentaria; y la inversión en educación en el campo.
Los más afectados por la pobreza son los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales. Aunque la situación en Brasil ha mejorado en la última década, casi el 50% de los niños de hasta cinco años viven en la pobreza. Los datos se refieren a 2022, fueron publicados por el IBGE y complementan el informe titulado “Creación de sinergias entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el G20″. Por eso fue significativa la decisión del gobierno Lula de aumentar la financiación de las meriendas escolares, que en Brasil son una forma de garantizar la seguridad alimentaria de los niños. El ejecutivo ha impulsado revisiones que van del 28% al 39%, desde las guarderías hasta los institutos, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que ayuda a 40 millones de alumnos de escuelas públicas. El último ajuste se había realizado en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
El problema es que las medidas gubernamentales no van acompañadas de un seguimiento y una evaluación de los resultados. La cuestión de la merienda escolar, ya afectada en el pasado por importantes episodios de corrupción política, se convierte así en un problema en lugar de una oportunidad si no se vigila de cerca y se corrige cuando es necesario. Diversos sindicatos de profesores, como el Sinpro, denuncian en algunos estados de Brasil la escasez y baja calidad de los alimentos ofrecidos en los comedores. “Los estantes y congeladores de los almacenes escolares están prácticamente vacíos. La cantidad de arroz y frijoles es insuficiente, y ni siquiera hay mantequilla o queso para añadir al pan y al cuscús que se ofrecen diariamente, sin alternancia”, denuncia el sindicato. “No se proporciona carne roja, pollo, pescado, aceite, huevos, leche, pasta. Prácticamente todos los días hay carne de cerdo y llena de grasa”, dijo el director de Sinpro, Samuel Fernandes, durante una visita a las escuelas de Ceilândia y Taguatinga, dos comunidades pobres de la región del Distrito Federal donde se encuentra la capital, Brasilia. Sin embargo, en 2023 el gobierno del Distrito Federal recibió 130 millones de reales, 25 millones de dólares, para invertir en alimentación escolar.
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Un empeoramiento ahora de las cuentas económicas del país - el ex secretario del Tesoro nacional Jeferson Bittencourt ha calculado un déficit de unos 100.000 millones de reales para 2025, 19.220 millones de dólares - podría empobrecer realmente sobre todo a los más necesitados, a pesar del anuncio de Lula en los últimos días de un aumento del salario mínimo para 2025 a 1502 reales, frente a los 1412 actuales, es decir un aumento de 17,5 dólares. Mientras tanto, los inversores extranjeros siguen abandonando la bolsa. En abril retiraron 7.700 millones de reales, unos 1.480 millones de dólares, lo que sumado a los meses anteriores da un total para 2024 de 5.900 millones de dólares que han salido del país. Y que la situación es crítica lo demuestra el pronto regreso de Washington del ministro de Economía Haddad por una reunión de urgencia convocada ayer por Lula en el palacio presidencial de Planalto a la que asistieron sus ministros y miembros de los partidos de su coalición con la intención de presentar un frente unido la próxima semana, cuando se discutirán en el Congreso el Presupuesto Anual y las Directrices Presupuestarias, así como asuntos cruciales, en primer lugar los proyectos de regulación de la reforma tributaria. También se tratará el aumento salarial de jueces, fiscales y procuradores, así como la cuestión de las exenciones fiscales para 17 sectores productivos y los municipios. El impacto de estas medidas en las cuentas públicas de 2024 podría alcanzar los 80.800 millones de reales, 15.528 millones de dólares según estimaciones del Ministerio de Economía. Haddad, desde Washington, donde asistía a reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, anticipó que el lunes hará importantes anuncios económicos.
Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, calificó en sus redes sociales al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, de “mediocre” y “bolsonarista” por sus críticas a la política fiscal del gobierno. Para Hoffmann los comentarios del presidente del Banco Central “han creado una histeria especulativa infundada que sólo perjudicará la administración de las cuentas públicas”. “¿Para eso se le dio autonomía al Banco Central?”, escribió Hoffmann denigrando un gran logro de la democracia económica brasileña, que es precisamente la autonomía del Banco Central. Campos Neto terminará su mandato el primer de enero de 2025 y a CNN Brasil ya aconsejó que su sucesor “tenga la firmeza de decir no, cuando sea necesario”. Queda por ver a quién elegirá Lula para reemplazar a Campos Neto y si el sustituto aplicará una política monetaria expansiva sin contrarrestar la inflación, lo que podría agravar la crisis económica. En ese caso, el ya frágil sistema social brasileño podría debilitarse aún más.
