El riesgo más temido parece inminente en Zaporizhzhia: empleados denuncian abusos y miedo a la fusión nuclear
Desde que Rusia comenzó su invasión en 2022, la central nuclear fue ocupada por las tropas de Putin. Una serie de incidentes han aumentado significativamente los riesgos de la operación en la planta más grande de Europa
A pesar de los esfuerzos de la comunidad local y las autoridades ucranianas para evitar que las fuerzas rusas ingresaran a la planta, el 3 de marzo se produjo un trágico giro de los acontecimientos. Las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear después de un violento enfrentamiento que resultó en incendios y daños significativos en las instalaciones. Desde entonces, la planta ha estado bajo el control operativo de Rosatom, la corporación nuclear estatal rusa, lo que ha planteado serias preocupaciones sobre la gestión y seguridad de la instalación.
La ocupación rusa ha llevado a una serie de problemas dentro de la planta, incluida una grave escasez de personal calificado. Antes de la invasión, la central nuclear mantenía altos estándares de seguridad respaldados por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Sin embargo, desde entonces, el personal ha sido obligado a trabajar bajo coacción, con informes de abusos, torturas y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación rusas.
La situación actual en la central nuclear es extremadamente delicada y requiere una acción urgente para prevenir una catástrofe. La OIEA ha advertido repetidamente sobre los peligros que enfrenta la planta y ha instado a Rusia a respetar los principios internacionales de seguridad nuclear. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos para abordar la crisis han sido insuficientes, y el riesgo de un desastre nuclear sigue siendo una amenaza inminente.
Desde febrero de 2022, fecha en que tropas rusas tomaron control de la instalación, la central ha experimentado una transformación drástica. La incorporación de personal de Rosatom, la entidad nuclear estatal de Rusia, y la imposición de la ciudadanía rusa a los trabajadores ucranianos son apenas muestras de la complejidad de la situación. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha realizado varios intentos de dialogar con las autoridades rusas para mitigar los riesgos, “pero hasta ahora la agencia ha sido ineficaz a la hora de obligar a Rusia a cooperar”, evidenciando las limitaciones del derecho internacional en el conflicto.
La planta, crucial para el suministro eléctrico de varios países europeos, ya no produce electricidad activamente. Sin embargo, requiere de mantenimiento continuo para prevenir la liberación de material radiactivo, una tarea compleja dada la “grave escasez de personal” reportada. Antes de la ocupación, 11.000 empleados se encargaban de su operación; actualmente, sólo 3.000 permanecen, trabajando en condiciones extremas y bajo coacción, según testimonios de trabajadores.
“La planta tiene una grave escasez de personal”, revelan fuentes internas, lo que compromete gravemente su seguridad operativa.
Además, se han documentado acusaciones serias de tortura y maltrato hacia los empleados de la planta por parte de los ocupantes rusos. Testimonios de ex empleados como Kostiantyn Chebaievskyi y Volodymyr Zhaivoronok describieron detenciones arbitrarias, interrogatorios brutales, y torturas físicas, algunas de las cuales resultaron en la muerte, según reportó el medio estadounidense, The Atlantic.
“Todo se vuelve oscuro”, dijo Chebaievskyi, describiendo una tortura eléctrica aplicada por sus captores.
Este entorno de intimidación y violencia se complementa con el uso indebido de la instalación por parte de Rusia, denunciada por emplear la planta como base militar. Esta práctica no sólo viola el derecho internacional, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una crisis nuclear. Informes satelitales y testimonios de empleados sugieren la presencia y movilización de equipo militar ruso dentro de la central, algo que podría provocar daños irreparables en caso de un conflicto armado en sus inmediaciones o un sabotaje interno.
La OIEA, bajo la batuta de Grossi, ha señalado la “extremadamente frágil y peligrosa” situación de la planta y ha realizado visitas para evaluar su estado. Sin embargo, restricciones impuestas han limitado el acceso de sus inspectores a zonas críticas, dificultando la evaluación completa de los riesgos. Las interrupciones en el suministro eléctrico de la central, y la dependencia de generadores diésel como única fuente de emergencia, destacan la precariedad de las condiciones actuales. La explosión de la presa de Kakhovka en junio de 2023, que alteró las fuentes de agua para el enfriamiento de los reactores, solo añade más incertidumbre a un panorama ya de por sí alarmante.
El potencial impacto de un accidente en la Central de Zaporizhzhia trasciende la región inmediata, amenazando ecosistemas y comunidades a lo largo del río Dniéper y más allá. La comunidad internacional, liderada por expertos como Edwin Lyman de la Unión de Científicos Preocupados, exhorta a una intervención decidida para evitar un desastre nuclear, similar o incluso peor que los sucesos de Fukushima. La urgencia de retirar el combustible nuclear de los reactores antes de que su integridad se vea comprometida subraya la gravedad de la crisis.
La central, más que un sitio de producción energética, se ha convertido en un escenario de conflicto geopolítico, abuso de derechos humanos y riesgo nuclear, evidenciando la vulnerabilidad de infraestructuras críticas en zonas de guerra y la necesidad de fortalecer marcos internacionales para su protección. La Central Nuclear de Zaporizhzhia simboliza la compleja intersección entre la seguridad humana y la seguridad nuclear en el siglo XXI, un recordatorio de los altos costos de la guerra y la importancia de preservar principios humanitarios y ambientales incluso en los momentos más oscuros.