La Policía de Brasil detuvo a un coronel acusado de haber participado en el intento de golpe de Estado contra Lula
Las fuerzas de seguridad arrestaron a Bernardo Romão Corrêa Netto tras regresar de un viaje a Estados Unidos. Habría organizado una reunión de oficiales del Ejército el 28 de noviembre de 2022 para abordar una toma del poder por la fuerza
Corrêa habría organizado una reunión de oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército el 28 de noviembre de 2022 para abordar un golpe de Estado, un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó Lula.
El sospechoso era entonces asistente del Comando Militar del Sur, nombrado como hombre de confianza del teniente coronel Mauro Cid, quien fue estrecho colaborador del ex presidente Jair Bolsonaro. La Policía interceptó conversaciones en su teléfono móvil que demostrarían que Corrêa escogió para esta reunión a militares formados en las Fuerzas Especiales conocidas como Kids Pretos, lo que “demuestra la minuciosa planificación para utilizar contra el propio Estado brasileño las técnicas militares para la consumación del golpe de Estado”.
La detención fue avalada por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que recoge en su auto que había un plan para difundir noticias falsas “por parte de las Fuerzas Armadas y otros miembros del grupo criminal para desacreditar el proceso electoral”. El objetivo era generar un “ambiente favorable al golpe de Estado”.
Para ello habían preparado incluso una “carta al comandante del Ejército de oficiales superiores en activo del Ejército brasileño” dirigida a quien entonces ocupaba la jefatura del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes.
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La Policía brasileña cree que el ex presidente Jair Bolsonaro conocía el plan del golpe de Estado contra Lula da Silva y que incluso hizo modificaciones.
La investigación descubrió un borrador golpista que preveía la detención de los ministros del Tribunal Supremo Federal Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Esta información está incluida en la decisión de De Moraes que respalda una operación lanzada el pasado jueves contra militares y ex ministros del gobierno de Bolsonaro. Es por esa razón que la Corte Suprema le ordenó al ex jefe de Estado que entregue su pasaporte y le prohibió hablar con otros investigados en medio de la “Operación Tempus Veritatis” (Hora de la Verdad), que incluyó allanamientos y arrestos en diez estados de país.
También fueron objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
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La investigación apunta que el grupo investigado “se dividió en núcleos de actuación para diseminar” sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, quien buscaba la reelección, “antes incluso de la celebración de los comicios”.
Según la Policía, con esa estrategia buscaban “legitimar una intervención militar”.
Según la Policía, hubo un segundo núcleo de actuación que “consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.
Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.
