Conflicto en Bolivia: un consejero de la Magistratura renunció en medio de la polémica por las elecciones judiciales
En el marco de la fuerte disputa interna en el MAS entre Evo Morales y Luis Arce, Omar Michel señaló en una carta que el país “necesita reencontrarse con su esencia democrática, donde prevalezca el diálogo y la concertación”
“He tomado la decisión irrevocable de renunciar al cargo de Consejero de la Magistratura, a partir de la fecha, agradeciendo a Dios, a la vida, y al pueblo boliviano, por la confianza y su constante apoyo en el cumplimiento de nuestras facultades y atribuciones constitucionales”, indica parte de la misiva.
Las autoridades judiciales debían finalizar sus funciones en enero de este año, pero las elecciones judiciales no se concretaron por trabas en la convocatoria y el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una resolución en la que ampliaron su mandato.
Esta situación generó rechazo en la población y los sectores afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019) realizaron protestas y un bloqueo de carreteras por unos 12 días exigiendo que se realicen las elecciones judiciales.
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La molestia de los seguidores del ex mandatario también se debe a la Sentencia Constitucional emitida por los magistrados en la que dictan que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, lo que inhabilitaría a Morales para buscar la presidencia en 2025.
Hasta ahora son cinco autoridades judiciales que renunciaron a sus cargos, uno del Tribunal Constitucional Plurinacional, otro del Tribunal Supremo de Justicia, dos magistrados del Tribunal Agroambiental y ahora un Consejero de la Magistratura.
Esta jornada la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para convocar a las elecciones judiciales, luego será tratado por el Senado y si se aprueba se promulgará la norma, tras un acuerdo de las fuerzas políticas con representación en el Legislativo para dar curso a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un “vacío de poder”.
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.
