Narcoestados
El crimen organizado es un ejército de ocupación, por eso los ecuatorianos viven la intervención de las fuerzas armadas como una liberación
Lúcida interpretación, esa ha sido la receta en buena parte de América Latina. Un discurso demagógico aprovechando el boom de precios de principio de siglo; la llegada al poder de forma democrática, a través del voto, para una vez allí ejercerlo apartándose del orden constitucional; y finalmente degradar la transparencia electoral a efectos de perpetuarse en el poder y consolidar una autocracia.
En ese camino, la vieja y casi innocua corrupción crece exponencialmente en términos monetarios y se transforma en otra cosa, una vez que la política colude con los carteles. Estos financian campañas; ergo, seleccionan dirigentes—a plata o a plomo—y ejercen el control territorial; justamente donde operan los mercados de ilícitos y la representación. Un orden político que alguna vez llamé “post-democracia”, allí el Estado se vuelve un “narcoestado”.
Los carteles ejercen la coerción, recaudan impuestos y brindan protección, la vacuna es por ellos mismos. Deberíamos formular el cálculo de cuánta inflación se explica por el impacto de estos costos en los precios. Las ganancias del crimen siempre son rentas; o sea, utilidades basadas en las pérdidas de otros. Agregadas, afectan a toda la economía. El narcoestado es depredador por naturaleza.
La desestatización en curso se explica por el saqueo, la ineficiente asignación de recursos y la pérdida de soberanía. El crimen es un verdadero Estado paralelo, y con alta capacidad de fuego frente al Estado legal. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones, esta semana en Ecuador. Las imágenes del estudio de televisión, de la Universidad de Guayaquil y de las ejecuciones de guardiacárceles hablan por sí mismas.
Pero el shock experimentado en el país y en el exterior puede ser tal solo si uno estuvo mirando hacia otro lado estos años. Es decir, la sorpresa es solo relativa. Un ejemplo para ilustrar. En octubre de 2019, el entonces presidente Lenin Moreno se vio obligado a trasladar el gobierno a Guayaquil. La capital estaba sitiada por protestas, actos de terrorismo y vandalización de bienes públicos.
La protesta había sido precipitada por la eliminación de subsidios a los combustibles, pero incluyó el incendio intencional de la Contraloría del Estado, repartición que aloja los expedientes judiciales por los casos de corrupción del gobierno anterior, el de Correa. No hace falta imaginar conspiración alguna. Esa semana Diosdado Cabello afirmó que “lo que está pasando en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras es apenas la brisita, y viene un huracán bolivariano.”
En esta ocasión, Correa apoyó fervientemente la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenar a las fuerzas armadas ejecutar acciones. Está muy bien, que quede registrado su apoyo, más allá que los ecuatorianos con memoria lo tomen con pinzas.
Correa obviamente evita auto-excluirse, la sociedad entera apoya a Noboa. Es que los carteles son un ejército de ocupación. Los ecuatorianos viven encarcelados en sus propias casas, y por eso viven la intervención de las fuerzas armadas como una liberación.
De eso se trata. El crimen organizado ha cometido un error de cálculo. Con estas acciones, ha unificado a la población y las fuerzas armadas en su propia contra, y con ello le ha dado una extraordinaria inyección de capital político al presidente. Un gobierno sólido se cohesiona y fortalece, es siempre una mala noticia para los narcos.
Y, además, el asalto al canal TC televisión le ha dado al gobierno llegada a toda la prensa internacional, un gran logro en términos de opinión pública. Paradójica externalidad positiva de una tragedia.
