Ecuador bajo ataque: cronología y contexto
Para conocer lo que está sucediendo es necesario regresar al año 2007, momento en el que el Socialismo de Siglo XXI llega al poder con su representante Rafael Correa
Los antecedentes
Corría el año 2006, Rafael Correa se presentaba de la mano de Hugo Chávez como el promotor del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador, junto a Evo Morales y apadrinado por Cuba. Es así que en octubre del 2006 Correa afirmaba en una entrevista con el periodista cubano Ricardo Brown, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no son una organización terrorista, a la vez que mencionaba que Cuba “es un ejemplo de dignidad, de resistencia y de cultura”.
Luego del bombardeo de Angostura, Colombia recuperó entre otras cosas la computadora de Raúl Reyes dirigente de las FARC, en donde se encontró información que indicaba que Rafael Correa habría recibido dineros de estos grupos para su campaña presidencial.
El 28 de marzo del 2009 Correa desarticuló la unidad de inteligencia de la Policía UIES (Unidad de Investigaciones Especiales), luego de que esta unidad informara sobre actividades de las FARC y sus líderes en territorio ecuatoriano. El argumento para disolver esta unidad fue que recibió un supuesto financiamiento de la CIA.
Posteriormente, en septiembre del año 2009 se concretó la salida de la Base de Manta (Forward Operating Location (FOL, por sus siglas en inglés). La salida de esta base fue parte de las promesas de campaña de Rafael Correa y su “Movimiento Alianza País”, manipulando el concepto de “soberanía”, pues esta base era un importante centro que permitía monitorear el tráfico de droga en la costa ecuatoriana pero también en buena parte de la región, ayudando con el control de la criminalidad y promoviendo la seguridad del Ecuador. Pero hay que recordar quiénes eran los más interesados en que salga la Base de Manta del Ecuador, para ello basta revisar la prensa de aquellos años y ver que entre los principales promotores estaban el Foro de Sao Paulo, la principal agrupación de organizaciones de izquierda -entre ellas las FARC-.
Mientras salía a la luz la información de la computadora de Reyes, el escándalo por el financiamiento de campaña de Rafael Correa con dineros irregulares estaba en su apogeo en el año 2010, cuando el 30 de septiembre de ese año, Correa se inventa un golpe de estado, el pretexto: una huelga policial originada por otro de los intentos en la Asamblea del correísmo, para debilitar a la Policía. El 30 de septiembre de 2010 -conocido en Ecuador como 30s-, fue el punto de inflexión que hizo al país olvidar por completo las acusaciones de dineros irregulares para la campaña de Correa.
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Volviendo al año 2008, tenemos uno de los eventos que gestaría lo que ocurre en el 2024, pues tras una campaña llena de engaños desde el correísmo, el pueblo es dirigido a aprobar una nueva Constitución en la cual se contempla el libre ingreso de cualquier ciudadano del mundo sin necesidad de requerir algún tipo de visa o pasado judicial, lo que se conoce como ciudadanía universal. Las consecuencias de esto eran previsibles. Grupos de criminales entraban, cometían delitos y salían del país. Es así que en junio de 2011, Jay Bergman, director de la DEA señalaba al Ecuador como las “Naciones Unidas del crimen” indicando la existencia de grupos de crimen organizado de Italia, China, Albania y Ucrania. En ese mismo año Philip Alston, oficial de las Naciones Unidas, presentaba un reporte en Ginebra Suiza alertando que Ecuador enfrentaba una creciente amenaza del crimen organizado, puesto que para el año 2010 se habían duplicado la tasa de homicidios y que los mismos estaban relacionados entre otros factores, pero principalmente, a sicariatos, la actividad del crimen organizado y el narcotráfico. Alston señalaba que desde 1990 se había pasado de 10.3 asesinatos por cada cien mil habitantes a 18.7 por cada cien mil habitantes en 2009. Sin embargo todos estos hechos eran siempre negados y escondidos por la continua y millonaria propaganda que el gobierno de Correa realizaba tanto dentro como fuera del país.
La nueva Constitución también proveyó de facilidades a los delincuentes, pues a pretexto de “garantista” permite la flexibilización respecto a la prisión preventiva, situación que fue aprovechada por algunos jueces, así como el abuso de la figura del “Habeas Corpus”.
Entre los continuos ataques de Rafael Correa a la prensa y a la libertad de acceso a la información, se crearon leyes que: obligaron a periodistas a usar la palabra “presunto” aun en casos de flagrancia e incluso donde se puede ver en video cometer un delito, se obligó a que se cubran los rostros en las fotografías públicas de quienes han cometido o están en proceso de investigación de un delito y por último no es posible que se publiquen los nombres completos de delincuentes, es así, que en los propios comunicados de la Fiscalía se puede leer cosas como “se detuvo a Juan A. por el asesinato de…” que básicamente no permiten que el ciudadano no tenga una información completa respecto a un hecho delictivo.
Paralelo a esto ocurrieron varios eventos, como por ejemplo el caso de José Ignacio Chauvín, ex subsecretario de Gobierno y ex asesor del Ministerio de Seguridad Interna y Externa del régimen de Rafael Correa. Chauvín fue encausado en enero del 2009 como implicado en el caso “Huracán de la Frontera”, relacionado a los hermanos Edison, Miguel y Jefferson Ostaiza, acusados de manejar una red de narcotráfico con nexos con la guerrilla de las FARC. El caso Huracán de la Frontera incautó 4.7 toneladas de droga provenientes de las FARC. Según se menciona en varios medios de comunicación, Chauvín habría sido el enlace entre Correa y las FARC. Chauvín además fue el fundador de la “Brigada Simón Bolívar” misma que -al año 2009- organizó y creó en varias regiones del país más de 200 CDR (Comités de Defensa de la Revolución) copiando el modelo de grupos de choque cubanos.
Otro de los eventos relacionados ocurrió en abril 2012, cuando el mundo conoció el escándalo originado por la valija diplomática ecuatoriana interceptada en Italia con 40 kilos de droga, conocido como caso “narcovalija”, cuando Ricardo Patiño era canciller de Ecuador. Patiño quien fue parte del proceso de la Revolución Sandinista en Nicaragua en los años 80, fue hábilmente defendido por Correa en una entrevista en CNN en la cual dijo que era una “canallada” pensar en un juicio contra Patiño. Mientras tanto, el vicecanciller, el uruguayo Kintto Lucas, no tardó en renunciar y regresar a su país.
Para junio del 2016 en los medios de comunicación se difundió unos videos que circularon ampliamente en redes sociales. Se trataba de entrenamientos a grupos relacionados con el correísmo. Estos entrenamientos, según se observaba en los videos, tenían como fin capacitarles a los asistentes cómo enfrentar granadas de gas entre otras cosas que más parecían una preparación para una guerra urbana. Entre los organizadores se conoció que constaban el asambleísta alterno del movimiento Alianza PAIS (correísmo), Rodrigo Collaguazo, y Carla Delgado, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Democracia y el Socialismo. La excusa del correísmo fue que esos grupos estaban en un “picnic” y que realizaban “actividades de Boy Scouts”.
Todos estos antecedentes marcan claramente el rumbo en el que estaba el Ecuador.
El inicio de los ataques
Tras la llegada de Lenín Moreno al poder en mayo a 2017 empezaron una serie de ataques a la institucionalidad del Ecuador. Esto luego de que Moreno se alejara del modelo del Socialismo del Siglo XXI del cual era parte Rafael Correa.
El 26 de marzo de 2018, dos periodistas de diario El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, conductor del vehículo en que se movilizaban, son secuestrados. Los periodistas realizaban un viaje de investigación a la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, luego de un ataque con bomba causado por el Frente Oliver Sinisterra a un cuartel de policía y de que otra bomba estallara al paso de una patrulla militar causando la muerte de 4 militares en Mataje. El 13 de abril de 2018 se conoció, que los tres fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa.
En octubre de 2019, el Ecuador sufre un intento de golpe de Estado, en el que participa la CONAIE y su brazo político Pachakutik (Afiliado al foro de Sao Paulo). Inicia un ataque violento a la ciudadanía, disfrazado de protesta social que puso en jaque la estabilidad del gobierno del Lenín Moreno. La protesta era por la intención de Lenín Moreno de eliminar los subsidios a la gasolina para poder combatir parte del déficit fiscal que afectaba al Ecuador, además que es conocido que el subsidio beneficiaba mayormente a traficantes de combustibles y narcotraficantes.
Coincidentemente, el país en esos meses era testigo de una investigación criminal de grandes proporciones que involucraba a 26 personas, relacionados con el correísmo. Este caso fue conocido como el “Sobornos 2012-2016″, en donde se menciona a Vinicio Alvarado, propagandista de Correa (quien además trabajó en las campañas a la presidencia de Colombia del ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro en 2018 y 2022); al asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera; Jorge Glas, exministro coordinador de Sectores Estratégicos, entre otros.
Este caso se conoció por un cuaderno en el que se llevaba la contabilidad de aportes irregulares recibidos para el movimiento político del correísmo. El cuaderno con el registro de los aportes que usó la Fiscalía como prueba, era el de la exjueza y exvicepresidenta de la Corte Constitucional, exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, quien según información de la fiscalía admitió, haber entregado aproximadamente 200.000 dólares a Alexis Mera, 300.000 a Viviana Bonilla y 300.000 más a María de los Ángeles Duarte. Es durante este tiempo que se realiza el levantamiento violento, y el 12 de octubre de 2019 se produce la quema del edificio de la Contraloría en donde se guardaba información de varios casos de corrupción relacionados al correísmo. Tras el levantamiento de 2019 el caso Sobornos fue olvidado completamente.
Desde febrero del 2021 empezaron las mascares en las cárceles de Ecuador. Según informaron los medios de comunicación, la masacre de febrero de 2021, se produjo como consecuencia del vacío de poder provocado por el asesinato en diciembre de 2020 de líder de la banda criminal Los Choneros. Sin embargo, cabe recordar que en ese mismo mes, el Ecuador recibió la visita del fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, con el fin de entregar a la fiscal Diana Salazar información de la guerrilla del ELN y sus finanzas, esto luego de que la revista “Semana” de Colombia asegurara la existencia de documentos que revelarían aportes de dineros irregulares a la campaña de Andrés Aráuz, candidato del correísmo en Ecuador. Este evento fue tildado como “intromisión” por los dirigentes del Foro de Sao Paulo, incluso, Evo Morales escribía en su Twitter (hoy X): “Rechazamos la acción intervencionista e intimidatoria por parte del Fiscal General de Colombia en contra del candidato ganador de las elecciones de #Ecuador”.
Andrés Araúz pierde las elecciones del 2021 y Guillermo Lasso llega a la presidencia del Ecuador en mayo de 2021. Al poco tiempo de llegado al poder, Lasso tiene que enfrentar el asedio del correísmo y en febrero del 2023 enfrenta un levantamiento del movimiento indígena, en donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), presenta un total de 14 exigencias entre las que se encuentra la renuncia del presidente. Un nuevo intento de golpe de Estado.
Finalmente, ante la acción coordinada que existió con las protestas violentas, las masacres carcelarias, la difusión de noticias falsas en redes sociales, la amenaza de un juicio político por parte del correísmo en la Asamblea, en mayo de 2023 Lasso se ve obligado a usar el mecanismo de la muerte cruzada, establecido en la Constitución, mismo que le permite disolver la Asamblea pero que a su vez le costaría su salida de la presidencia.
Para julio del 2023 ya se habían producido 14 masacres en las cáceles, desde 2021.
De manera paralela, a estos eventos, avanzaban las investigaciones por el caso “Sobornos 2012-2016″ que llevaron a la condena de Rafael Correa con 8 años de cárcel, por el delito de cohecho como autor mediato. Junto a Correa fueron sentenciados otros 20 funcionarios del correísmo, muchos de los cuales hoy están prófugos en México.
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A raíz de esta condena, se incrementan los ataques verbales vía Twitter, insultos, descalificaciones de Correa, hacia la Fiscal Diana Salazar. Tanto Correa como su movimiento intentaron remover a la fiscal Salazar de su puesto. Incluso difundieron durante meses la narrativa falsa de que la fiscal había plagiado su tesis de grado, situación que fue desmentida por la Universidad Central en junio de 2023.
Mientras estos eventos se desarrollaban, el asambleísta Fernando Villavicencio publicaba el 29 de mayo del 2022 en su Twitter (hoy X) una fotografía de “los tetones” como él los llamaba. En la fotografía que habría sido tomada en abril del 2022, se podía ver una reunión en una piscina de Miami entre el miembro de los Latin Kings y asambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, junto a Xavier Jordán y Leonardo Cortázar. Según denunció Villavicencio existiría una relación entre estos personajes y Leandro Norero considerado como uno de los principales narcotraficantes del Ecuador y nexo con carteles mexicanos según indicaban varios medios de comunicación.
Según informó BBC Mundo, Norero fue detenido por primera vez en 2005 por tenencia ilegal de armas. En 2012 fue procesado por robo agravado y en 2018 por tráfico de drogas. Sería el fundador de la banda “Chone Killers” y habría formado parte de la banda de “Los Ñetas” que fue uno de los grupos que participaron el proceso de “pacificación” con Rafael Correa. En 2020, mientras se encontraba preso en Perú, sus abogados presentaron pruebas falsas sobre su muerte por COVID-19 lo que le permitió escapar de la cárcel y regresar al Ecuador.
Según informes policiales Norero es detenido en mayo del 2022 en un mega operativo en donde se encontró en su poder 4.2 lingotes de oro, 24 millones de dólares, armas, municiones y varios vehículos.
En octubre del 2022 Norero es asesinado durante un nuevo amotinamiento en la cárcel de Latacunga.
Tras este evento, la Fiscalía realiza informes técnicos periciales de la información obtenida de los celulares encontrados de Norero mismos que servirían, hasta enero de 2024, para vincular a más de 30 personas en las investigaciones por delincuencia organizada en el caso que se conoce como Metátasis.
Según la Fiscalía, el caso Metástasis revela, a través de los cientos de chats del teléfono de Norero, la penetración del narco en el Estado ecuatoriano que involucraría a jueces de la Corte Nacional de Justicia, empresarios, policías, peritos para modificar evidencias, asambleístas, guías penitenciarios, relaciones con periodistas, entre otros. En los chats se puede conocer cómo manejaba a sus abogados para obtener beneficios para él y sus aliados con funcionarios judiciales y de gobierno. En uno de los chats se puede leer el afán que tenían por la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Correa: “Se fue a la v**ga todo. Negaron lo de JG. Se unen al pito estos manes. A las calles todos. Ya dieron la orden, a las calles a nivel nacional”. Según la fiscal Diana Salazar, Norero habría pagado 250 mil dólares a operadores del sistema de justicia ecuatoriano para la liberación del expresidente del correísmo Jorge Glas, quien estaba preso por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, favor que esperaba sea retribuido cuando el correísmo regrese al poder.
Según se puede deducir entonces, que el proceso de “pacificación” que se desarrolló en la época de Correa, habría servido para el desarrollo y crecimiento de las actividades de Norero y su red de contactos e influencia en varias instituciones del Estado. El caso Metástasis se convirtió a diciembre de 2023 - enero de 2024, uno de los mayores escándalos de corrupción en Ecuador.
Mientras tanto, en julio de 2023 el asambleísta Fernando Villavicencio viajó a Colombia para, recabar información sobre dineros del narcotráfico, 600 millones de pesos, que habrían servido para financiar la campaña de Gustavo Petro según informaban medios colombianos. La preocupación de Villavicencio surgía porque el fiscal de Colombia, Mario Burgos, indicó en RCN Noticias que parte de esos dineros habrían pasado por manos de una ecuatoriana, Raisa Vulgarín, candidata a la Asamblea del Ecuador por el correísmo. El 29 de julio, Villavicencio mencionó que Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía nexos con Vulgarín y pidió a la fiscal Diana Salazar que investigue este asunto, pero además afirmó que conocía de la existencia vínculos entre Piedad Córdoba, Alex Saab y Rafael Correa. Villavicencio que investigaba a profundidad la corrupción del correísmo ya se había referido sobre estos vínculos en el año 2021 en una entrevista en NTNT24, afirmando la existencia de un correo electrónico que “para nosotros es de gran importancia, porque confirma la cercanía y participación de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, interviniendo directamente con el Sebin para hacer reclamos de pagos pendientes de millones de dólares, de personas cercanas a ella y también obviamente en el libro de Gerardo Reyes hay mucha información que vincula actividad de Córdoba con Álex Saab y Álvaro Pulido”
A los pocos días de estas denuncias, Villavicencio que corría como candidato a la presidencia del Ecuador es asesinado al salir de un mitin político el 9 de agosto de 2023, once días antes de las elecciones. Según se informó en varios medios, los 6 presuntos asesinos detenidos por este magnicidio todos tenían antecedentes penales en Colombia que incluían narcotráfico, homicidio, hurto, entre otros y según informó Noticias Caracol, los presuntos autores del crimen habrían realizado “llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador”.
Las investigaciones del caso Metástasis avanzaban y revelarían una relación entre Norero y Jordán, dos personajes que aparecían en la foto de la piscina que mencionó con anterioridad Villavicencio. Según información publicada por la Fiscalía, en uno de los chats se podía leer “Ya vamos a regresar al poder, ahí nos vamos a reír”.
A todo esto se agrega una revelación que causó alarma en todo el Ecuador cuando la fiscal Salazar reveló otro aspecto de la penetración del narco en el Estado, pues Norero habría contado con personal infiltrado en el sistema del ECU 911 que le reportaba su ubicación, por intermedio de su teléfono celular.
Posteriormente, el 4 de enero de 2024, la fiscal Diana Salazar vinculó a 8 personas más al caso Metástasis y coincidentemente, luego de esta última vinculación, exactamente 5 meses luego del asesinato de Fernando Villavicencio, el 9 de enero estalla la violencia en el Ecuador, con la toma de un canal de televisión, videos con amenazas al presidente Daniel Noboa en redes sociales, asesinatos y quema de vehículos en las calles causando hasta el 13 de enero más de once muertos, muchos de ellos civiles.
En resumen, la situación actual del Ecuador se puede comprender solamente cuando entendemos toda esta serie de “coincidencias” ocurridas a lo largo del tiempo que han llevado al país a experimentar una guerra híbrida en donde la ciudadanía, instituciones y democracia están siendo atacados desde varios frentes, desde el político por quienes defienden a la delincuencia organizada, la desinformación en redes sociales y la guerra causada por grupos armados en las calles. Dependerá de que los políticos en el poder cumplan sus funciones para enfrentar estos ataques y del apoyo internacional para que en base a tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) el Ecuador pueda salir de este estado de violencia.
