María Corina Machado se pronunció sobre el pedido de detención de otros 13 dirigentes de la oposición: “No nos van a detener, todo lo contrario”
El fiscal general Tarek William Saab anunció las órdenes de captura, que incluyen a Pedro Urruchurtu, mano derecha de la candidata a presidenta María Corina Machado
Tras la conocerse la noticia de la detención, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, expresó el presunto vínculo de “apátridas venezolanos” con la petrolera norteamericana Exxon Mobil. Según denunció, los funcionarios en cuestión habrían impulsado una campaña contra la consulta popular sobre el Esequibo.
Los funcionarios señalados por el chavismo son: Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela (VV); el presidente de Súmate, Roberto Abdul; los dirigentes en el exilio Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López; y los ex ministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez.
Asimismo, el fiscal chavista informó de la detención de un ciudadano estadounidense por su supuesta vinculación en una “conspiración” contra el referéndum.
El funcionario señaló que el acusado, quien “ya está detenido”, utilizó una criptomoneda y “grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar” contra el proceso consultivo.
Saab explicó que, según una investigación, “se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras”, como la petrolera estadounidense “ExxonMobil”, para “conspirar” contra el desarrollo del referéndum.
Dijo que Guyana, la ExxonMobil y Estados Unidos “trabajan en equipo para despojar a Venezuela” de un territorio que “histórica y legalmente le pertenece”.
Machado no se plantea recurrir su inhabilitación ante el Supremo
Por otra parte, Machado manifestó este miércoles que no tiene “nada que recurrir” ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “por ahora”, para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024, para las que, actualmente, está vetada por decisión de la Contraloría General.
Machado aseguró, en rueda de prensa, que no ha cometido “ningún delito” y que “no hay ningún acto” que pueda recurrirse, porque -subrayó- “ni siquiera” ha sido notificada de su inhabilitación, que data de 2015 y fue extendida, recientemente, hasta 2030, lo que le impide inscribirse a los comicios del próximo año.
El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para “procurar la revisión” de las inhabilitaciones políticas a opositores, dictadas por la Contraloría, un mecanismo que, en opinión de Machado, “plantea restricciones a libertades” que son “inaceptables”.
Aunque evitó entrar en detalles, dijo que ella y su equipo seguirán evaluando el procedimiento para tomar una decisión, pero no de la forma en la que fue planteado, ya que no confía en que la dictadura chavista cumpla con el compromiso adquirido mediante el acuerdo de Barbados, que contempla “la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley”.
El documento del TSJ “se produce en el contexto de un acuerdo firmado en Barbados por parte del régimen, que adquirió unos compromisos que no se han cumplido”, aseguró la opositora, en referencia a la liberación de los presos estadounidenses en Venezuela, cuya fecha límite para excarcelarlos era el 30 de noviembre, según el Gobierno de Joe Biden, pero todavía no se ha hecho efectiva.
¿Por qué van a cumplir con una parte si no han cumplido con la otra?, agregó.
