Una ONG denunció que una joven iraní de 16 años está en coma tras ser atacada por la Policía de la Moral por llevar mal el velo
Debido a las heridas, la adolescente Armita Garawand se encuentra hospitalizada. Su habitación está fuertemente custodiada por agentes de seguridad, por lo que no ha podido recibir visitas
“Todos los medios de comunicación del Estado han negado sistemáticamente la agresión contra esta joven y los funcionarios del Gobierno han afirmado que no ha ocurrido ningún ataque físico. Estas afirmaciones se basan únicamente en un video corto recortado desde un ángulo exterior del tren”, ha resaltado Hengaw.
Debido a las heridas, la adolescente se encuentra hospitalizada desde el domingo en el hospital Fajr Air Force. Según denuncia la ONG, su habitación está fuertemente custodiada por agentes de seguridad, por lo que no ha podido recibir visitas, ni siquiera por parte de su familia.
El Ministerio de Educación de Irán anunció en abril que expulsaría de los centros educativos a aquellas mujeres que no cumplieran con el código de vestimenta.
El Parlamento iraní aprobó a fines de septiembre la aplicación de una nueva ley del velo que endureció las penas por la falta de uso de la prenda islámica.
La “Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab” fue ratificada por una pequeña comisión judicial y cultural a puerta cerrada a mediados de agosto y los diputados votaron hoy a favor de que se aplique por un periodo de prueba de tres años, informó la agencia Mizan, en un contexto de endurecimiento del tono por parte del régimen persa contra el creciente número de mujeres que salen a la calle con la cabeza descubierta, sobre todo en las grandes ciudades.
El texto legislativo debe ser ahora ratificado por el Consejo de los Guardianes, un organismo compuesto por 12 miembros, seis juristas y seis clérigos, que revisa la legislación adoptada por el Parlamento y tiene capacidad de veto sobre las decisiones del hemiciclo.
La ley establece castigos para las mujeres que aparezcan sin pañuelo en público como multas de hasta 2.000 dólares, penas de cárcel de hasta cinco años, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir, además de deducciones de salario, prestaciones laborales o la prohibición de acceder a servicios bancarios.
Como máximo, “toda persona que” comete el delito “de no llevar velo o llevar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles (a la República Islámica) o de manera organizada, será condenada a una pena de prisión de cuarto grado”, es decir entre 5 y 10 años, indica el proyecto.
Las penas no afectan solo a las mujeres que no se cubran, sino que además se castigará a mujeres y niñas que muestren en espacios públicos o en las redes sociales “desnudez de alguna parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada”.
Prohíbe así el uso de pantalones rotos, mangas cortas o bermudas, entre otros, y establece el despido de trabajadores que incumplan estas normas.
Expertos de la ONU han descrito la ley como “una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen gobernar a través de una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas”.
