Una de cada cuatro niñas en América Latina es obligada a casarse o permanecer en un matrimonio
Pese a los esfuerzos por detener esta forma de abuso infantil, la región se encamina a ser la segunda del mundo con los niveles más altos de uniones conyugales entre un menor de edad y un adulto para el 2030. La pobreza y la vulnerabilidad son los factores principales
Hace un cuarto de siglo que el problema de los matrimonios infantiles ha visto pocas variaciones. “El combate contra este problema va muy lento”, declaró Sandra Aguilar, técnica del Servicio Social Pasionista, en entrevista con Infobae. El abuso contra la infancia continúa siendo persistente y sus repercusiones han disminuido en pocos niveles pese a los esfuerzos a nivel regional y la colaboración entre instituciones gubernamentales con ONGs, según le dijo a DW Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
El matrimonio infantil sobrevive a las prohibiciones en zonas pobres
El matrimonio infantil está prohibido en varios países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el problema ha afectado a cerca de 58 millones de niñas y corresponde al 9% del total mundial registrado. Si la tendencia continúa, se prevé que sea la segunda región con los niveles más altos de uniones conyugales entre un menor de edad y un adulto para el 2030, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante esta estimación, los gobiernos de diversos países han trabajado para contener el desafío. República Dominicana fue uno de ellos al legislar la prohibición del matrimonio infantil en enero de 2021. La decisión responde a una prevalencia del 36% de estas uniones en las menores de 18 años, según los registros de la asociación Girls Not Brides. Las leyes de nueve países de América Latina prohíben estas uniones y en el Caribe hay dos naciones más que han tomado las mismas acciones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Otro de los estados que en años recientes cambió su legislación es México: a inicio de 2023 se estableció una pena de 22 años de cárcel para quienes obliguen a un menor de edad a casarse con un adulto en comunidades indígenas y afro-mexicanas. Esta nueva ley complementa los cambios de 2019, cuando se modificó el artículo 148 del Código Civil Federal, estableciendo que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad, según el Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. En la actualidad, la prevalencia de este problema es del 21 por ciento.
Aguilar ha identificado una constante en la región: las niñas son entregadas en matrimonio como forma desesperada de escapar de la pobreza. Ella ha coordinado redes de apoyo para niñez y adolescencia en situación vulnerable, donde ha observado cómo las menores de edad en la región terminan en estas uniones entre los 15 y 18 años. En cifras más accesibles, se estima que una de cada cuatro de ellas sufre este problema, de acuerdo con UNICEF.
La situación empeora en las zonas rurales. Las observaciones de Aguilar se han centrado en esta población. La especialista ha estimado que el 70% de estos casos involucran a una niña proveniente de alguna comunidad indígena o entornos rurales. Sin embargo, este número podría aumentar, pues la mayoría de los matrimonios infantiles ocurren en la clandestinidad, lo cual imposibilita cualquier tipo de registro oficial.
Ante el desafío, la alternativa adoptada en la mayoría de países en América Latina es la prohibición. Brasil también tuvo actualizaciones durante 2019, año en el que se modificó el artículo 1520 del Código Civil, y se estableció que no se permitirá el matrimonio de quienes estén por debajo de la mayoría de edad. Este país resalta entre los demás debido a la alta tasa de matrimonio infantil, que llega al 26%, una de las cifras más altas de la región.
Un año antes, Colombia también realizó cambios en las herramientas legales contra el matrimonio infantil. Las autoridades diseñaron el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incluye un objetivo dedicado a eliminar estos hechos a temprana edad, de acuerdo con UNICEF. Aunque, según el Código Civil, los adolescentes de 14 años pueden casarse con permiso de sus padres, un aspecto que aún se somete a revisión en las instituciones de justicia. En el panorama actual, el 13% de las uniones conyugales son con menores de edad, según el medio Radio Nacional.
Perú se encuentra en una situación similar, pues el matrimonio infantil aún tiene ciertas licencias. Los adolescentes de 14 años de edad pueden casarse con autorización de sus padres. Esta ley ha generado distintos intentos por derogarla en los que se ha involucrado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de acuerdo con el diario El Comercio.
En Argentina, el Código Civil vigente desde 2015 permite que los jueces autoricen que se casen niñas de 14 años. Sin embargo, hay un proyecto en desarrollo desde octubre de 2019 para prevenir estos escenarios. La iniciativa incluye recomendaciones para los legisladores, con el objetivo de prevenir y erradicar esta situación. Es impulsado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
En 2017, El Salvador y Guatemala celebraron la eliminación de todas las excepciones legales a la edad mínima para contraer matrimonio (18 años) a nivel nacional. El mismo caso que Honduras, que cambió el Código Nacional de Familia para revocar todas las excepciones legales que hasta entonces permitían el matrimonio de menores.
Es importante mencionar que estas prohibiciones son parte de los esfuerzos para proteger los derechos de las niñas y adolescentes, y prevenir prácticas que limiten sus oportunidades futuras, como ha advertido la ONU. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años.
Los nuevos desafíos contra el matrimonio infantil
Añadidos a la desigualdad de género que obliga a las niñas a casarse, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria surgen como los protagonistas detrás de estas uniones. En palabras de Aguilar, el matrimonio infantil es un movimiento desesperado para asegurar la supervivencia de las familias y la menor de edad involucrada. También existen casos en los que estas uniones son la salida a la violencia que las adolescentes enfrentan en sus hogares.
“Esto se ve incluso en campos de refugiados, donde los desplazados por la violencia suelen agredir sexualmente a las niñas”, explicó Aguilar. La migración y las situaciones de crisis ambientales también aparecen como factores que vulneran a las menores de edad y las acercan a matrimonios infantiles. Los contextos similares se han repetido durante el 2023.
Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, entre los que destacan el calor extremo y las inundaciones, representan un riesgo para las niñas de la región y las dejan en mayor situación de vulnerabilidad. Cada devastación que genera una crisis humanitaria está correlacionada con un aumento de alrededor del 1% en la prevalencia del matrimonio infantil, según la UNICEF.
Al intentar ponerse a salvo, las niñas encuentran una salida en las uniones con hombres mayores, como identificó Aguilar. Además, mencionó que en los casos atravesados por abusos sexuales por parte de un adulto a una chica, las familias la obligan a casarse con su agresor por el estigma social. Es una forma de evitar atender el problema.
Soluciones basadas en la cultura de denuncia
Las repercusiones del matrimonio infantil afectan a la salud física y emocional de las niñas. Aguilar explicó que entre las consecuencias más usuales están los graves abusos físicos y psicológicos, así como el nulo acceso a la salud. Además, las adolescentes que son forzadas a casarse antes de los 18 años suelen interrumpir sus estudios debido a los embarazos tempranos. “Pone fin a la infancia”, concluyó la especialista.
La región enfrenta el problema con pocos recursos y resultados desfavorables. Aguilar recordó el informe de la ONU: “El matrimonio infantil disminuyó del 21% al 19%, pero se necesitaría avanzar 20 veces más rápido para erradicarlo”.
Una solución a corto plazo, respondió Aguilar, es concientizar a las niñas y adolescentes sobre su derecho a la vida y la decisión que tienen sobre ella. Otro aspecto clave es informar a esta población en América Latina sobre sus derechos reproductivos y sobre las instituciones que existen para salvaguardar su salud y su integridad en contextos de crisis. En opinión de Aguilar, será imprescindible aumentar “una cultura de denuncia”.
Al respecto, la especialista también sugirió la creación de instituciones de vigilancia de género, para monitorear y atender agresiones a las que las menores de edad están expuestas. “Los países tendrían que garantizar el respeto de los derechos de las niñas y las mujeres”, explicó.
