Preocupación por elementos terroristas en las fronteras de Estados Unidos
Entre el 27 de septiembre y en lo que va de la primera semana de octubre, 268 personas fueron capturadas por efectivos de la Patrulla Fronteriza, sospechosas de tener vínculos con organizaciones terroristas
Como resultado de los controles fronterizos, entre el 27 de septiembre y en lo que va de la primera semana de octubre, 268 personas -no ciudadanos- cuyos nombres obran en los registros de vigilancia y control antiterrorista fueron capturadas por efectivos de la Patrulla Fronteriza. Estas cifras constituyen un aspecto de alta preocupación en virtud de que supera ampliamente los números con la anterior administración de forma impactante. En los cuatro años de mandato del ex presidente Donald Trump, el total de detenidos en relación a su cercanía y/o pertenencia a organizaciones terroristas fue de 14 personas.
La Guardia Fronteriza y las oficinas de Aduanas realizan un seguimiento muy bueno y exhaustivo sobre los ingresos diarios de personas a territorio estadounidense. Sin embargo, según las estadísticas de detección de elementos relacionados con actividades terroristas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, los números se han incrementado, al igual que los procedimientos que se realizan en aeropuertos y puertos de entrada de ciudadanos no estadounidenses. Aquí es donde se aprecia una diferencia importante, mientras el ex presidente Trump estuvo en el cargo, los números anuales eran mucho mas bajos. Todo eso cambió cuando Biden entró en la Oficina Oval. La última semana del mes en curso se produjeron entre dos y seis detenciones diarias.
No obstante, ¿qué sucede cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza identifican a una persona que figura en la lista de vigilancia antiterrorista que intenta ingresar al país ilegalmente? Las personas incluidas en la lista de vigilancia de las agencias que controlan las actividades terroristas que sean encontradas por la Patrulla Fronteriza después de ingresar al país, pueden ser detenidas de inmediato y expulsadas por medio de un proceso abreviado. Según la política migratoria también pueden ser entregadas a otras agencias de gobierno para su posterior detención o acción judicial, según corresponda. No obstante, el interrogante es: ¿Cuántas personas cruzan la frontera ilegalmente y evaden la Patrulla Fronteriza ahora que los funcionarios de la Patrulla de Frontera tienen que lidiar con la identificación de cientos de personas al día? En este caso puntual, es lógico que si un delincuente sabe o tiene razones para creer que está en la lista de vigilancia antiterrorista, evitaría por todos los medios cruzarse con la Patrulla de Fronteras. En consecuencia, podrían ser decenas las personas que aunque figuren en la lista de vigilancia por actividades terroristas hayan logrado ingresar ilegalmente a Estados Unidos y establezcan contacto con sus redes durmientes. Ellos no ingresan como una migración eminentemente económica para mejorar sus vidas, trabajar, progresar, brindarle a sus familias un mejor pasar económico y darle acceso a los estudios de sus hijos; lo hacen para ejecutar ataques y causar el mayor daño posible.
Este es un problema que se ha profundizado y se favoreció por las políticas “de fronteras abiertas” de la administración Biden, lo que fortalece las críticas de los Republicanos y en algún caso genera desacuerdos dentro del mismo partido Demócrata, principalmente desde que se ha comenzado a conocer en las noticias que un inmigrante cuya entrada se produjo de forma ilegal aparece involucrado en un tiroteo u otros incidentes violentos que han puesto en peligro la integridad de ciudadanos estadounidenses. Cuando estos incidentes se dan a conocer, la gente expresa su malestar y exige conocer cómo pudo un indocumentado vulnerar los controles, entrar y cometer los delitos informados por los medios de prensa.
Este escenario lleva a otras preguntas sobre las que los ciudadanos estadounidenses cuestionan a las autoridades políticas. Por ejemplo: ¿Qué sucedería si alguien incluido en la lista de vigilancia antiterrorista ingresara al país ilegalmente y ejecutara un ataque de alto impacto dentro de los Estados Unidos, destruyendo edificios o matando a cientos de personas, o ambas cosas? Si se descubriera que esa persona ingresó al país durante las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden -las que son apoyadas por la gran mayoría de los sectores progresistas y grupos de presión social como el movimiento woke-. En esa lamentable circunstancia, muy probablemente se observaría una gran reacción de los votantes de cara a las elecciones de 2024, lo que comprometería las ambiciones del presidente Biden en materia de su reelección.
Las mayoría de las agencias de seguridad estadounidenses han advertido reiteradamente al presidente respecto a la crítica situación fronteriza y al peligro que entraña, pero el presidente y su administración continúan diciéndole a los ciudadanos que todo está bajo control, aunque muchos dudan de eso. El mejor ejemplo de ello es una encuesta reciente de la cadena ABC News, que fue publicada recientemente por el diario Washington Post y sitúa el índice de aprobación de las políticas migratorias de la administración Biden en un 22.7 %, algo extremadamente bajo en la historia del país.
Nadie desea que un ataque de magnitud suceda, pero si infortunadamente ocurriera algo que nadie quiere, los Demócratas y sus medios de prensa afines intentarían eludir cualquier responsabilidad diciendo que la Patrulla Fronteriza estaba haciendo todo lo posible para identificar y capturar a cualquier inmigrante ilegal con vínculos terroristas, lo cual sería cierto. Pero la Patrulla de Frontera, sencillamente hace lo que puede y tal vez no lo que tiene que hacer debido al desorden emergente en la propia administración en esa materia. La agencia no es la responsable de las políticas que están atrayendo a miles de personas a la frontera de los Estados Unidos, pero muchos ciudadanos creen que la administración Biden si lo es.
En el caso que una persona o una célula de esos individuos lleve a cabo un ataque terrorista de envergadura en suelo estadounidense, algo que nunca dejó de estar fuera de los planes de las organizaciones terroristas que consideran a Estados Unidos su mayor enemigo, la opinión pública y la ciudadanía en general exigirá que rueden cabezas. Primero serán las cabezas de los terroristas y luego -metafóricamente- las de la administración, que a la vista y percepción de la ciudadanía deberán responsabilizarse por sus políticas impropias para la forma de vida estadounidense.
